«Soldados del Rey, soldados de Dios» Ethos militar y militarismo en la España del siglo XVIII*

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RESUMEN

Partiendo de un análisis de la literatura política del período, este trabajo argumenta a favor de una revisión de los orígenes del militarismo en la España contemporánea. Frente al planteamiento que tradicionalmente asocia el militarismo con el establecimiento de la dinastía borbónica, se apuesta aquí por su consideración como un fenómeno más propio del momento revolucionario de 1808.

ABSTRACT

Through a complete analysis of the political literature, tt)is article postulates a revisión of the origins of militarism in spanish contemporary history. Ttie traditional association between militarism and the establishment of the Bourbon Dinasty must be postponed to the revolutionary moment of 1808.

La presencia y el protagonismo de lo militar en la historia española del siglo XIX y de buena parte del xx no parece algo que en principio pueda discutirse. Toda una tradición historiográfica que me dispenso de referir ha venido dejando constancia de ello, con independencia de las diferencias que luego puedan constatarse en la formulación de sus hipótesis de trabajo o en el desarrollo de sus planteamientos. La historia del xix español y del primer tercio del siglo xx no puede entenderse sin un militarismo cuya impronta se hizo notar desde el primer momento y cuya proyección última, como se sabe, se concretaría en un régimen que habría de marcar profundamente la historia española posterior a 1939. La producción historiográfica según ya se ha dicho resulta espectacular, pero como suele suceder en estos casos tanta condensación de investigaciones ha acabado por desbordar el receptáculo temporal en el que teóricamente estaban contenidas. En una suerte de big-bang historiográfico la materia ha comenzado a expandirse por uno de sus extremos, en este caso por aquella vertiente que comunica con el tiempo inmediatamente anterior, con el siglo xviii. El desbordamiento naturalmente ha tenido sus consecuencias: en la búsqueda de explicaciones para ese militarismo de la época contemporánea, los investigadores han comenzado a desplazar sus encuestas hacia la frontera del siglo xviii, adentrándose así en un territorio que ha pasado a contemplarse a la exclusiva luz de aquellas cuestiones que, desde su observatorio del XIX, venían ya interesando a los encuestadores.

El libro de C. Christiansen sobre Los orígenes del poder militar en España, aparecido en 1967 \ puede considerarse como un primera referencia en este sentido. En él se postula que el protagonismo político de los militares en el siglo xix resultaría incomprensible si previamente no se tuviese en cuenta el importante papel que ya habían jugado los militares en la administración española del siglo xviii. No puede decirse que esta llamada de atención cayera en el vacío. Significativamente el primer capítulo del libro de Manuel Ballbé sobre Orden público y militarismo en la España constitucional (1812-1983) (1983) se titulaba «La preponderancia de las instituciones militares en la monarquía española del siglo xviii», un título cuyo sólo enunciado significa ya bastante en relación con lo que venimos afirmando: de la insinuada presencia de lo militar hemos pasado rápidamente a la preponderancia. Y el proceso continúa. La propuesta tiene una indiscutible vis atractiva. Se explica así que un destacado hispanista y modernista como Didier Ozanam se haya referido a la monarquía de Felipe V como una «monarquía militar». Recientemente, a la sombra de los trabajos del sociólogo Charles Tilly sobre formación del Estado y acción colectiva, Rafael Cruz Martínez ha formulado la que sin duda constituye la propuesta más radical y consecuente en esta línea: desde comienzos del siglo xviii el ejército habría adquirido ya una posición determinante dentro del aparato de poder de la nueva dinastía, lo que explicaría su capacidad de intervención en la siguiente centuria. En palabras del propio autor, «el papel jugado por la organización militar en este proceso fue clave por cuanto desde el siglo xviii el ejército obtendrá el poder de la representación política de la Corona -y del Estado en términos generales- en todos los territorios, aunque en principio fuera más acusado en en el antiguo reino de Aragón... Con esa experiencia desde el fin de la Guerra de Sucesión y durante el Siglo de las Luces el ejército se convirtió en el Estado y fue difícil convencerle de otra cosa, existiendo desde el principio conflictos con otros funcionarios civiles»2.

Aunque ciertamente -y a lo largo de este último período- se han formulado asimismo juicios más matizados (R. Blanco Valdés 3), creo que cuando menos podremos convenir en que algo hay de exceso en estos últimos planteamientos, en que quizás tanto el papel del ejército como las transformaciones por él inducidas a lo largo del siglo xviii puedan estar sobredimensionadas. No se trata por nuestra parte de rechazar sin más las expectativas que se abren a partir de semejante planteamiento, pero no creemos menos pertinente el dejar constancia de las dudas que razonablemente pueden suscitarse. En este sentido, y por más que uno se empeñe en lo contrario, resulta difícil sustraerse a la sensación de que el planteamiento no es quizás todo lo cuidadoso que debiera para con el territorio que acaba de ocuparse, cuyo paisaje político se contempla como carente del más mínimo espesor. Como si el solo establecimiento de una organización militar más o menos estable por parte de Felipe V hubiese bastado para hacer desaparecer por completo lo que antes había, sugiriéndose así que la consistencia interna de todo un sistema de poder, con un par de siglos a sus espaldas, se diluiría como un terrón de azúcar en un café ante la irrupción de la nueva organización militar. Que en el reinado de Felipe V se produjeron cambios fundamentales en la configuración de la antigua monarquía hispánica no parece que pueda discutirse. Que el conjunto de esos cambios pueda identificarse sin más con una efectiva «revolución militar» -al modo de las que habían tenido lugar en otros territorios europeos en la segunda mitad del siglo xvii- es algo que todavía está por ver. Una somera consideración de los acontecimientos puede aportarnos alguna luz a este respecto.

Comenzando por lo más obvio hubo un cambio de dinastía que, como se sabe, se dirimió a su vez a través de un conflicto armado generalizado, a través de una «Guerra del Sur» simultánea e interdependiente con la «Gran Guerra del Norte», tal y como hace ya algún tiempo explicara Leonard Krieger. El cambio de dinastía estuvo cargado de importantes consecuencias: para empezar la entronización de Felipe V supuso la liquidación de la línea que tradicionalmente había venido articulando la actuación exterior de esa misma monarquía durante más de dos siglos, caracterizada por un permanente alineamiento antifrancés. Prescindiendo de los territorios extrapeninsulares de la monarquía, en España el conflicto interdinástico europeo que conocemos como «Guerra de Sucesión» fue acompañado además por un enfrentamiento civil interno polarizado en torno a las lealtades contrapuestas que se manifestaron en sus antiguos territorios: la Corona de Aragón por un lado, fiel en líneas generales al pretendiente austríaco; Castilla, por el otro, identificada con quien había sido propuesto como heredero universal en el último testamento de Carlos II. Es un antagonismo de lealtades que sorprende, que está por explicar, más por el posicionamiento castellano que por el aragonés, que en todo caso aparece como el comportamiento más «natural». Inevitablemente ese cruce de fidelidades tuvo consecuencias una vez concluida la guerra e incluso antes de que ello ocurriera: si los acuerdos dinásticos de Utrecht significaron la desaparición de la «Monarquía Católica» del escenario internacional, la entronización del nieto de Luis XIV supuso asimismo la configuración de un «Reyno de España» como una efectiva y relativamente homogénea realidad política. Quiere decirse con ello que desaparecía la tradicional identidad agregativa de la vieja monarquía y que el complejo de territorios y derechos sobre el que aquella había venido sustentándose era sustituido -dentro de la península- por un patrón político común, cortado a la medida del reino de Castilla, que veía así premiada su fidelidad. Tal fue el sentido del conjunto de decretos que conocemos como de «Nueva Planta».

La operación por lo demás fue bastante más allá de la ya aludida castellanización política de España. La propia guerra impuso también en este sentido su orden, un orden que los consejeros y asesores del nuevo monarca traían bien aprendido y que su propio abuelo había ensayado con relativo éxito en el reino de Francia. Una sobreestructura militar, inspirada en el modelo francés, fue progresivamente implantándose sobre el territorio, conformando un espacio de poder que Superintendentes y Capitanes Generales pasaron a hegemonizar. Con ellos se introdujo una dinámica ejecutiva de las cosas, una práctica comisaria! y administrativista de la actividad política que, si bien no desconocida del todo en ios reinos hispanos, adquiriría a partir de ese momento una estable carta de naturaleza. Se abrió así la vía a unos organismos técnicos y ejecutivos -las Secretarías- cuya conciliación con el orden anterior no resultaría nada fácil. Dentro de esta secuencia de acontecimientos las novedades introducidas por la guerra son las que, comprensiblemente, más han llamado la atención, comenzando por los comentarios que ya en su momento suscitó el espectacular incremento experimentado por los propios efectivos militares. Pero éste es un terreno en el que debemos conducirnos con cuidado. Por ello conviene no perder de vista el sesgo nada imparcial del que adolecían buena parte de esas estimaciones, interesadas en marcar las diferencias en relación con el anterior momento austríaco, al que se pretendía dejar en entredicho. De ahí las precaucaciones ante los juicios de gente tan poco neutral como el marqués de San Felipe, que esbozaba a comienzos del XVIII un cuadro deplorable de la situación militar hispana, cuyos efectivos no estimaba superiores a los 20.000 hombres (C. Borreguero 4). La cifra no parece de recibo si tenemos en cuenta que investigaciones más recientes sobre el reinado de Carlos II suben hasta 78.000 los efectivos del conjunto de la monarquía, (J. Giménez Ferrer 5) y que en el momento en que Gerónimo de Ustáritz escribía su Theorica, hacia 1722, se ha calculado un total de 59.000 infantes y 14.000 caballos (A. Domínguez Ortiz 6). Es posible que la cifra de San Felipe pueda doblarse, aproximándose así a comienzos del xviii a esos 50.000 efectivos que ya sugiriera Geofrey Parker para España en su conocido trabajo sobre la revolución militar del siglo XVII. Si tenemos en cuenta que en un momento especialmente álgido como 1739, Felipe V logró reunir 67.500 hombre de infantería (J. Contreras Gay 7 la magnitud del cambio se sitúa dentro de unos parámetros tan verosímiles como técnicamente no demasiado revolucionarios. Muy lejos en cualquier caso de las cifras de un reino de Francia que, por esas fechas, se aproximaba a los 400.000 hombres. Son unas magnitudes que sitúan las cosas en sus justos términos.

Si desde un punto de vista puramente cuantitativo la existencia de una «revolución militar» puede ponerse quizás en entredicho, no parece suceder así en relación con los cruciales cambios organizativos experimentados por el ejército borbónico. Bajo Felipe V se puso en marcha a partir de 1701 -a raíz de las llamadas Ordenanzas de Flandes- una reordenación de cuerpos y unidades, se estableció la completa reserva real sobre los nombramientos de la oficialidad (desde sargento hacia arriba) y se crearon asimismo los oportunos instrumentos internos de control, ejemplificados en las figuras -de impronta más civil que militar- del Director General y del Inspector, dependientes de la Secretaría del Despacho de Guerra. Con la llamada «leva del uno por ciento» de 1703 comenzó a funcionar un sistema de reclutamiento que, intermitente pero progresivamente, desembocaría en un estable sistema de quintas a partir del último tercio del siglo xviii. Apremiado por las exigencias de la guerra el monarca, en ese mismo año de 1703, dispondría todavía el restablecimiento de las milicias provinciales, una antigua y ocasional fuerza de reserva militar de la que acababa de echarse mano en los últimos años del reinado de Carlos I!. El expediente se repetiría en 1719 y 1727 hasta alcanzar en la Ordenanza de Milicias de 1734 un carácter «permanente y regular», es decir una plena militarización. (Contreras Gay). Por último, la institucionalización de las milicias se acompañó, en 1704, de un decreto por el que se disponía la entrada de 10 cadetes en cada compañía, elegidos entre «Hidalgos y Cavalleros » para servir de «escuela a la Nobleza de sus Reynos» (Andújar). Una posterior resolución de 1722 abriría definitivamente a la nobleza las puertas de los regimientos regulares, fijándose al mismo tiempo -y en un sentido restrictivo- las condiciones por las que definitivamente se regiría su acceso a los cuadros del Ejército. Tal es en lo fundamental el sentido de la reforma experimentada en la institución militar en los primeros años del siglo xviii, una reforma que de acuerdo con los recientes trabajos de Enrique Giménez, Cristina Borreguero, José Contreras y Francisco Andújar permite afirmar que desde la llegada del primer Borbón «el Ejército había cambiado su faz por completo en un corto período de tiempo» (Francisco Andújar 8). El hecho de que el monarca fuese conocido -por su presencia al frente de las tropas- con el sobrenombre de «el Animoso» no vendría sino a probar hasta qué punto el propio Felipe V, formalmente, no tenía ningún inconveniente en aparecer como el principal impulsor de ese nuevo orden.

Con todo, y por muy activo que quisiera manifestarse, «el Animoso» no era la versión hispana del «Rey-Sargento». Entre Felipe V y Federico Guillermo I de Prusia, entre lo practicado por uno y otro -quiero decir- había sus diferencias. Un primer y elemental contraste puede ayudarnos en este sentido: en 1653 la fuerza armada de Prusia contaba con 4.000 hombres, con 30.000 en 1688 y con 80.000 en 1740, ésta última cifra sustentada por cierto sobre una población de 3 millones de habitantes, menos de la mitad de los que España podía tener por esas fechas. En vísperas de la Guerra de los Siete Años los efectivos llegarían todavía a doblarse (S. Finer 9). Se ha podido afirmar así que Prusia «no era un país con un ejército, sino un ejército en un país que utilizaba como alojamiento y como depósito de víveres» (A. Nieto 10). La caracterización no sólo pretende reflejar la espectacular progresión de efectivos: da por supuesto asimismo que el ejército, o mejor su comandante supremo, hizo el país. El proceso se inició a partir de la década de los cincuenta del siglo xvii, independientemente de que las primeras decisiones adoptadas por Federico Guillermo, el «Gran Elector», no caminasen ya intencionalmente hacia ese desenlace. Conviene advertir que lo que luego constituiría el llamado militarismo prusiano es consecuencia del diseño de poder autocrático puesto en marcha por el «Gran Elector», decidido a conseguir a cualquier precio el dominium absolutum, esto es, la disponibilidad patrimonial del país y de su gente (G. Barudio " ) . La irrenunciable fidelidad para con esta premisa y la decidida intervención en las guerras de la segunda mitad del xvii explican la orientación de los cambios institucionales puestos en marcha, decantados por un modelo organizativo interno de tipo adminitrativista que el Comisariado General de Guerra resumía emblemáticamente. En toda esta secuencia de cambios el Ejército jugó un papel fundamental, siendo el instrumento utilizado para unir definitivamente un espacio político hasta ese momento disperso y heterogéneo. De esta forma, además del soberano, los territorios pasaron a tener en común al Ejército. Con la creación en 1722 del Directorio General Supremo de Finanzas, Guerra y Dominios Federico Guillermo I, el Rey-Sargento, daría una vuelta de tuerca más en esa misma dirección. Gracias a ella el autócrata pudo llevar adelante esa duplicación de efectivos para el Ejército a la que nos hemos referido, no sin antes asegurar las bases de un sistema de reclutamiento obligatorio organizado en torno al cantón y puesto de arriba a abajo en manos de la nobleza. Una concesión por la que, como contrapartida, la nobleza aportaría los oficiales necesarios haciendo ingresar a sus hijos en la Kaddettenhaus establecida en 1722.

A pesar de alguna que otra similitud, las diferencias con el caso español prácticamente se comentan solas. Prusia constituye un ejemplo de lo que propiamente podemos llamar militarismo, es decir de aquella situación en la que una determinada formación política aparece organizada de acuerdo con un predominio de los principios militares, donde lo militar por así decirlo no juega un papel simplemente instrumental (Nieto). A su frente se sitúa un poder que había ganado además una completa y autocrática disponibilidad sobre ese espacio político, que aparece así como un patrimonio de la propia Casa. Es una situación que poco tiene que ver con la de la monarquía española una vez concluida la Guerra de Sucesión. La formidable herencia recibida por Felipe de Anjou no era en modo alguno un trozo de arcilla que este último, a pesar de su victoria militar, pudiera modelar o disponer a su antojo. Aquí el punto de partida era otro. No obstante, la atención que ha venido concediéndose a la liquidación de los Fueros de los territorios de la antigua Corona de Aragón ha actuado como una especie de velo que nos hubiera impedido contemplar lo mucho que todavía continuaba en pie del viejo edificio, no menos importante en cualquier caso que lo que acababa de echarse por tierra. Para empezar ahí estaba la propia Corona de Castilla con su particular ordenamiento interno, cimentado como se sabe sobre los principios del ius commune, con su atención hacia el complejo de privilegios de los sujetos políticos corporativos -laicos y eclesiásticos- que poblaban su espacio interior. Y contando asimismo con las debidas garantías frente a los actos de poder, tal y como acredita la propia historia castellana del siglo xvii. Este paradigma o modelo político que algunos historiadores empiezan a llamar jurisdiccionalista era el que justamente había procedido a aplicarse en los territorios de la Corona de Aragón. Cuando por otra parte se habla y se generaliza sobre la supresión de los fueros de Cataluña, Valencia y Aragón, apenas se menciona que esa desaparición fue acompañada de otras continuidades torales no menos notables, aunque no siempre tenidas en cuenta: en concreto Felipe V había jurado observar los fueros del Reino de Navarra como asimismo los del Señorío de Vizcaya y los de la Provincia de Guipúzcoa. Se trata si se quiere de una foralidad de más baja intensidad, cuyas características no es posible resumir aquí pero cuyo simple reconocimiento demuestra la necesidad de no interpretar, en clave exclusivamente autoritaria, el momento del establecimiento borbónico en España.

Felipe V no actuaba por tanto sobre el vacío. A comienzos del xviii en las cancillerías europeas era público y notorio que la monarquía española poseía un estilo propio, no concordante con los que ya inspiraban el orden europeo postwestfaliano pero al que por otra parte, y a pesar de sus costes, la monarquía no parecía dispuesta a renunciar. Como se le hacía saber a Carlos II en un escrito anónimo de 1694, «toda Europa señor define por capital raíz de nuestros males la tenacidad con que conservamos nuestros estilos». Se trataba de un estilo fundado -tal y como sus propios tratadistas sostenían- sobre razón de religión, poco o nada receptivo hacia los supuestos y el orden más propiamente politique organizado en torno a la razón de estado. Ese estilo propio lo exponía, o mejor, lo representaba don Pedro de Portocarrero en su Theatro Monarchico de España, una obra aparecida en mayo de 1700, tan sólo unos meses antes de la muerte de Carlos II ocurrida el 1 de noviembre. Escrito por quien a los cargos de Patriarcha de las Indias y Capellán Mayor üe\ monarca sumaba asimismo el de consejero de Estado, el Theatro se ofrecía formalmente como un ordenado resumen de aquellas máximas de Estado estrictamente catholicas, en la línea de lo que los tratadistas hispanos venían designando más castizamente como Política Española. El libro se planteaba como una reflexión sobre los medios de «aumentar» y «mantener» las Monarquías, los Imperios, pero era evidente que su preocupación central tenía que ver con «las causas principales» que según Portocarrero producían «la ruina de las monarchias», y en este caso concreto la de España. El cardenal no parecía en este sentido muy convencido de esa pretendida fidelidad española para con un estilo. De hecho lo que el libro trataba de demostrar era hasta qué punto el apartamiento de las máximas católicas -que inspiraban ese estilo- había llevado a la monarquía española a su postración. La Nación Española según Portocarrero era víctima de lo que podríamos considerar como un proceso de desidentificación, perceptible en el imperio que ejercían por doquier la ociosidad, la opulencia, la ambición y no menos la mala administración. El rechazo hacia su propia vestimenta, el desprecio del traje propio, constituía la señal más inequívoca y última de esa secuela de renuncias en la que parecían empeñados los españoles. Y ya se sabía que cuando una Nación o Reyno abandonaba su traje era «presagio casi cierto de su ruina».

Cualquier tentativa de reconstrucción que quisiera plantearse exigía por tanto el debido restablecimiento de aquellos pilares que como la religión y la justicia habían estado en el origen y anterior esplendor de la monarquía. Obviamente la alusión a la religión operaba aquí no tanto en términos de recriminar una inimaginable desviación confesional cuanto de reivindicación del debido lugar político para los eclesiásticos: el hecho de que en su momento los reyes de España hubiesen venerado debidamente los templos y no hubiesen «faltado al respeto del Sacerdocio» había sido una «causa fundamental de la grandeza y poder de su Monarchia». Aunque no apareciese considerada con el mismo rango que la religión y la justicia, la sabiduría resultaba asimismo fundamental en orden a la conservación de la monarquía. Las letras, como genéricamente afirmaba Portocarrero, eran «el instrumento necesario a la estabilidad de los dominios», algo que los monarcas debían proteger y alentar: «Un Rey sabio -advertía Portocarrero- es la seguridad del Pueblo». Platón, Justiniano o algunos ejemplos de Saavedra Fajardo servían en este caso de autoridades. Tan decidida apuesta por las letras arrastraba en fin una inevitable referencia a las armas, cuya posición relativa se resumía aquí aprovechando precisamente un texto del propio Saavedra: «Más se teme en los Príncipes el saber que el poder». Los doctos venían a ser de esta forma «la luz de las Monarchias », defendían «la Religión con la espada de su doctrina con más utilidad que la de un valeroso Capitán». Tal preferencia no implicaba por lo demás falta de reconocimiento hacia el papel de las armas. Independientemente de que éstas fuesen «más acreedoras» hacia las letras que a la inversa, entre letras y armas existía «una conexión indisoluble», sustentada por la convicción de que después de todo eran las armas las que mantenían «el régimen politico en una regulación natural». Por tanto una bien atendida y organizada milicia no sólo era exigencia ineludible en tiempo de guerra; incluso aun cuando no se temiese la eventualidad de una invasión exterior, la milicia debía ya mantenerse por «ios movimientos internos que suelen causar los malos humores de la República», especialmente en una monarquía tan dilatada como la española. En definitiva querer mantener una monarquía sin milicia era algo así como «querer un imposible, es querer que los pezes habiten en la tierra y las fieras en el mar».

Con tan plástica expresión Portocarrero resumía cuál venía a ser la caracterización y el entendimiento de la milicia a la altura del 1700, una caracterización a pesar de todo de relativa subordinación, acorde con la situación de escasa institucionalización interna de lo militar en la que se venía desenvolviendo la monarquía en los últimos tiempos. Los importantes acontecimientos que tendrían lugar a partir de ese mismo año 1700 modificarían sensiblemente esa situación aunque, como tendremos ocasión de ver, no hasta el extremo de que llegaran a subvertir por completo esos supuestos de fondo. En plena Guerra de Sucesión, y en un año tan cargado de acontecimientos como 1707, aparecía un Compendio Militar que, según se hacía constar en su subtítulo, intentaba instruir «a todos los profesores de la guerra, oficiales y soldados, lo tocante a sus exercicios ». Tan completa y exhaustiva exposición resultaba en efecto un auténtico Compendio en el que se sistematizaban los planteamientos del nuevo ordenamiento militar. Con todo, y dado el momento de su aparición, el libro era algo más que una aséptica descripción técnica de esas novedades. La dedicatoria por ejemplo se resolvía en un encendido canto al advenimiento de una dinastía que a través de «la unión de las dos Christianas y Catholicas Coronas» aseguraba el debido aliento a la fe. Y que, no menos, venía a garantizar asimismo la restauración y continuidad de la monarquía propia. Más sustantivamente, el capítulo primero del libro primero se iniciaba estableciendo la condición de las letras conrio madre de las armas y situando por tanto al Arte m/V/far debajo de «la ciencia Legal». No por casualidad Thomás de Puga y Rojas, el autor de la obra, resultaba ser un Abogado de los Reales Consejos que además de Capitán a Guerra de la villa de Quesada ejercía también como Auditor General de la plaza de Ceuta. Pese a ello la reivindicación que hacía Puga de las letras no se planteaba como una reedición más o menos retórica del debate. La preeminencia letrada quería ser recordatorio de una posición de partida, que no excluía luego la posibilidad de un reconocimiento paritario a las armas. Una vez admitido que «en el Cielo antes que Milicia huvo Ciencia» (legal), podía entonces precederse sin mayor problema a un cierto reconocimiento «a favor de las Armas», a admitir que (también) «el Exercicio del soldado es incentibo para las Virtudes». La «duda» entre armas y letras se resolvía formalmente en una práctica «hermandad», en una «dulce consonancia ». Lo que no obstaba para que, a continuación, se procediera a poner de manifiesto hasta qué punto el gobierno de la guerra por el que se guiaban «los profesores militares» se sustentaba en el fondo sobre preceptos morales y políticos, sobre «ardides, estratagemas, máximas y razones de Estado». El entero «govierno militar», venía a decirse, no era sino una pura prolongación del propio orden político, de sus supuestos. Significativamente Puga describía al sargento mayor como el «alma de su regimiento», como aquél que infundía valor y aliento «en el cuerpo mystico de su Tercio», en tanto que el capitán aparecía como «el Pastor» y la «cabega de su Compañía». Era un lenguaje y una figuración organológica que ya decía bastante y que, inevitablemente, hacía del capitán general el «Príncipe de la Milicia», con una autoridad no obstante «prestada» por el monarca, lejos por tanto de un entendimiento y un ejercicio de la misma en términos de un «poder absoluto».

Progresivamente la tratadística del reinado de Felipe V procedía a hacerse cargo de la nueva realidad militar. En 1721 aparecían unos Avisos morales y políticos para Príncipes, Eclesiásticos y Militares que, inscritos dentro de esa línea de reflexión, aportaban sin embargo algunas novedades de interés. Por de pronto su autor, fray Ambrosio de Montánchez -un monje gerónimo del monasterio del Prado de Vailadolid-, había redactado la obra omitiendo cualquier referencia a la disputa entre armas y letras. Su preocupación central no tanto tenía que ver con el lugar de las armas en la república cuanto con definir la posición y obligaciones que resultaban para el príncipe ante la nueva situación bélica. Consciente de que la recien concluida disputa sucesoria había inaugurado un nuevo orden de cosas -comenzando por la propia mutación experimentada en la concepción misma de la guerra-, Montánchez procedía entonces a una reflexión sobre las implicaciones que ese mismo hecho bélico podía suponer para una cultura que, como la hispana, continuaba contemplándolo todavía desde su viejo observatorio. No es que el fraile propugnase cambios fundamentales en ese enfoque, pero alguna reorientación ya se detecta. Había para empezar una apresurada y enfática llamada hacia la necesidad de incorporar esa realidad militar en la propia caracterización del monarca. Se lo insinuaba en la primera página de la dedicatoria al hijo de Felipe V: «Están obligados los Príncipes a mirar las acciones heroicas de sus Progenytores». Era una forma de decir al futuro monarca que al seminal título de «rey católico» debía de añadirse el de «prudentíssimo guerrero », de advertirle en fin que la de la guerra era una faceta de la realeza que en modo alguno debía desatenderse. La actuación de su propio padre ya constituía en este sentido ejemplo suficiente: a la vista estaba que el título de «Animoso» con el que se reconocía a aquél no quería decir sino «guerrero». Siendo cuestión de fe que «los Reyes están obligados a pelear en las Guerras, defendiendo a sus vasallos», lo cierto era que los Austrias, ya desde Felipe I!, no habían mostrado demasiado interés por esa crucial tarea. Era por tanto el momento de hacerse cargo de ella. Montánchez insistía en la importancia del ejemplo paterno. Abastecido con un impresionante arsenal del Viejo Testamento, Felipe V aparecía como un nuevo David amparado constantemente por el favor divino; la misma victoria de Villaviciosa sobre los aliados en diciembre de 1710, resuelta a su favor en las primeras horas de la noche después de una incierta jornada, podía considerarse en este sentido más meritoria que la del propio Josué sobre sus enemigos: después de todo Felipe V la había ganado sin necesidad de que Dios obligara detenerse al sol. De esta forma toda Europa había podido ver en Felipe V «las excelencias y prerrogativas en heroyco grado, de un prudentíssimo, animo(si)ssimo y valerosissimo General.» En estricta similitud con lo sucedido en Francia en la segunda mitad del siglo XVII, Felipe V, como Luis XIV, era también presentado aquí en términos de un auténtico roi de guerre, según la feliz expresión acuñada recientemente por Joél Cornette 12. De la adecuada realización de esa tarea bélica resultaba finalmente un decisivo reforzamiento de la propia obligación política: cumpliendo Felipe V «con la obligación de Rey» los vasallos no quedaban menos «obligados en conciencia a amarle con finissimo cariño, a servirle con las personas y bienes que fueren necesarios para mantener( le) en el Trono en que Dios puso a su Magestad».

Rey guerrero quería decir rey que se hacía presente en la batalla. El monarca debía de asistir a todas las operaciones militares, debía infundir «con su amabilissima y Real presencia incontrastable valor a los soldados, Capitanes y Generales». Esta petición de presencia tenía no obstante sus límites y desde luego no pretendía concluir en una ineludible exigencia sacrificial al modo de Gustavo Adolfo de Suecia. A la vista estaba que Villaviciosa no había sido Lützen. La experiencia de esta última ya había demostrado hasta qué punto no era necesario «que la Persona Real se mantenga, ai dar la batalla, en puesto alguno peligroso». Conducido más por la prudencia que por el ardor guerrero, la presencia del monarca resultaba más valiosa manteniéndose a «alguna corta distancia» de sus «amadissimas tropas» que participando personalmente en la batalla. La «obligación» de defender a sus vasallos debía entenderse de otra forma, atendiendo más a la vertiente administrativa que propiamente bélica de la guerra, como si el hecho de ser rol de guerre presupusiera al mismo tiempo la faceta de rol administrateur. «No ha de ser [la presencia del monarca] en propia Persona, sino con las tropas necesarias abastecidas de víveres, municiones, y pertrechos; poniendo cabos y generales prudentes, valerosos y experimentados, a los cuales obedezcan todos los soldados con tan prompta execución como a su Persona Real». Esta tarea era fundamental. Montánchez se negaba a admitir que un soldado dispuesto a morir «por la Patria y por su Príncipe» acabase finalmente y sin más por «morir de hambre». Era algo que el monarca no podía permitir. Los soldados -venía a decir Montánchez- no eran una tropa de indeseables a los que se le pudiera regatear la debida atención material. Después de todo no acudían a la guerra ni peleaban en la batalla «por el alimento, sino por obedecer a Dios». Desde esa condición de partida de integrantes de la «milicia evangélica», esos soldados de Dios se desdoblaban luego en soldados del rey, actuando en este sentido como «Ministros de Justicia vindicativa», con la obligación de «vengar y castigar el agravio hecho al Rey». De hecho, afirmaba Montánchez, los soldados «no mueren ni matan por odio que tengan al enemigo», lo hacían más bien «por beneficio público, procurando mantener a su Príncipe en lo que es suyo y que por derecho le pertenece.» Eran por tanto servidores de un orden público de cosas, parte integrante de una comunidad política a la que obligadamente pertenecían y de cuya cabeza consecuentemente cabía esperar la oportuna protección. Era el reconocimiento mínimo que se debía al «ejercicio de la guerra», un «ministerio» que «debajo de conciencia grave» aceptaba voluntariamente el vivir en «la total abnegación».

Era esta una caracterización de lo militar -la ministerial- en la que no dejaba de insistirse. En el mismo año en el que había aparecido la obra de Montánchez y dedicada como esta última al «Príncipe de Asturias », el malogrado Luis I, veía la luz un denso volumen ttitulado Crisis política determina el más florido Imperio y la mejor institución de Príncipes y Ministros. A lo largo de sus páginas el jesuíta Juan de Cabrera analizaba con detalle aquellos medios de los que dependía «la potencia del reyno» entre los que, obviamente, la «necessidad de las Armas» y la «promoción de la Milicia» merecían una especial atención. Reconociendo «la variedad y mudanza que en nuestros días ha tenido la milicia», Cabrera sostenía que el mantenimiento de los ejércitos en tiempo de paz podía contribuir decisivamente a la estabilidad de la propia comunidad política, de la República, encareciendo en este sentido la oportunidad de una milicia disciplinada y remarcando asimismo las condiciones que debían adornar a «los ministros militares». Pero no se seguía de ello ningún reconocimiento especial. Como era obligado, dentro del orden reino estaban en primer lugar aquellos que «por su dignidad y nacimiento pertenecen al bien de la República», es decir, la nobleza, seguida después de aquellos otros que «por elección» constituían asimismo «un modo de vida útil a la República», fundamentalmente el estado eclesiástico. Los militares aparecían de nuevo como ministros del Príncipe, incluidos entre quienes formando parte del bien de la república accedían sin embargo a esa situación «por elección agena», que no era otra que la de su propio Príncipe.

Por mucho que fuera el interés que desde el primer momento hubiera llegado a suscitar, todo parece indicar que la nueva realidad militar de comienzos del siglo xviii fue oportunamente reconducida y encuadrada dentro de las estructuras tradicionales del orden político-corporativo, incorporada a los supuestos de su cultura. Así al menos lo sugiere, con un alto grado de coincidencia, la tratadística que hemos venido analizando. Consecuentemente ello crea algunos problemas a la hora de identificar esos cambios con la emergencia sin más de un «poder militar» que, progresivamente, hubiera acabado por hacerse con un lugar propio en el escenario político del reino. Si de fortalecimiento de algún «poder» hubiera que hablar debe hacerse en todo caso -y en primer lugar- en relación con el propio monarca: como escribía Oya y Torres en 1734 «es prueba de la soberanía el uso de las armas; y lo contrario argumento de la inferioridad ». En ese mismo Tratado de levas, quintas y reclutas de gente de guerra su autor se refería ya a las levas como «un derecho de los Reyes» y no se recataba lo más mínimo a la hora de proclamar que, en la realización de esa tarea, los monarcas podían «valerse de sus gentes... como otro particular de sus propios bienes». Como se ve la reivindicación de las armas para el monarca no resultaba nada irrelevante a efectos de imposición de una dinámica patrimonialista del poder. La religión según ya se ha dicho también ayudaba: «No es buen soldado del rey de España -recordaba el jesuíta Codorníu en 1766- el que no venera profundamente la religión, adora sus Mysterios y guarda sus Mandamientos». El buen soldado lo era así inevitablemente «de Dios y del Rey».

A partir de estos supuestos resulta difícil imaginar que un «poder militar » pudiera llegar a constituirse. Fundamentalmente porque lo militar carecía de sustantividad propia. Su presencia resultaba insustituible dentro de la tecnología disciplinaria que intentaba imponer el absolutismo pero, con todo, no dejaba de concebirse dentro de los marcos dogmáticos del ¡US commune, debiendo operar por tanto de acuerdo con ellos. El recurso a lo militar era contemplado como parte integrante de los expedientes de excepción más o menos comisariales previstos por la doctrina. De ahí la reiterada concepción ministerial del hecho militar, de ahí también la propia tenacidad de la magistratura política ordinaria a la hora de reivindicar, una vez concluida la Guerra de Sucesión, la vuelta al debido orden de la monarquía. Es una tensión que como se sabe recorre el xviii. El debate, antes que contraponer civilismo a militarismo, enfrentaba más propiamente a los defensores de la monarquía jurisdiccionalista con quienes pretendían imponer un diseño admnistrativo de la misma. Y dentro del cual la opción militar, por su propia naturaleza, podía presentarse como la que ofrecía las mejores posibilidades para llevar adelante la empresa. Pero no se pierda nunca de vista la perspectiva de las cosas: a un Capitán General -como ha recordado oportunamente Francisco Andújar- correspondía el «mando militar» pero de ello no se seguía necesariamente «un status preeminente de poder en el seno del ejército». El «poder militar» no estaba tanto en la jerarquía militar misma cuanto en torno a los Secretarios del Despacho de la Secretaría de Guerra, territorio por tanto de ministros «políticos» antes que «militares». La falta de convergencia entre mando militar y poder efectivo bloqueaba así toda posibilidad de autonomización. Por otros caminos, la impronta nobiliaria con la que se habían configurado sus cuadros de mando coadyuvaba asimismo a ese desenlace. El monopolio nobiliario propiciaba objetivamente la recuperación del estamento e imponía un ethos de «honor» por encima de una consideración exclusivamente técnica, «profesional». Lejos por tanto de la conformación y promoción de un pensamiento propio o de la emergencia de un poder nuevo. Como ya apuntara Codorníu en su momento la milicia no era sino «el primario origen de la nobleza». Con esa expectativa se contemplaba entonces su ejercicio.

A finales de la década de los cuarenta, concluido el largo ciclo bélico al que el dinasticismo filipino había sometido a la monarquía, el Ejército no presentaba una situación particularmente boyante. Todo parece indicar que los criterios y la organización puestos en marcha a raíz del conflicto sucesorio no habían tenido la debida continuidad en los momentos posteriores. Particularmente grave había sido en este sentido el período que se extiende entre el segundo tratado de Viena (1731) y la paz de Aquisgrán (1748), en medio del cual había tenido lugar además la grave crisis financiera de 1739, saldada como se sabe con la primera suspensión de pagos de la Real Hacienda en ese mismo año. Justamente coincidiendo con la retirada de Italia tras las campañas del 43-48, el conde de Montemar elaboró un Dictamen en el que señalaba la urgente necesidad de una reforma del Ejército y en el que se bosquejaba un sistema de recompensas (mercedes, encomiendas, empleos) con el que se pretendía reconocer la participación nobiliaria (Andújar). La propuesta sirvió para bien poco. Ese tipo de compensaciones difícilmente podía paliar una situación que afectaba al conjunto de la organización y que, más sustantivamente, traducía la imposibilidad material de continuar manteniendo una activa presencia militar en el escenario europeo. La propia sucesión en la corona lo confirmaba: al monarca «animoso» sucedía en 1746 el rey «pacífico» que fue Fernando VI. Querido o impuesto, el pacifismo sobre el que se articuló la política exterior de la monarquía estuvo cargado de consecuencias para la «revolución militar» puesta en marcha anteriormente. No sólo es que la enfriara sino que a punto estuvo de dar ai traste con ella. Tai es ai menos lo que se desprende de la numerosa serie de memorias militares que, ya en el reinado de Carlos III, procedieron a interrogarse sobre «el vicio interior y permanente» que según sus propias palabras, «corrompe nuestra actual constitución militar». Todas las memorias coincidían en que la falta de estima con la que se contemplaba la institución militar procedía básicamente del reinado anterior. Progresando initerrumpidamente desde entonces era la responsable de que en el momento actual se considerase a la vida militar como algo «opuesto al carácter nacional». Con relativa unanimidad esas memorias apuntaban asimismo algunas razones que ya más en concreto pudieron propiciar ese cambio, entre las que aparentemente se contaba una decidida voluntad del equipo gobernante por restablecer «la armonía combeniente entre el estado militar y civil». La decisión resultaría fundamental. La principal meta se fijó en «el aumento» de la Marina y la Economía a fin de «juntar un gran Tesoro», lo que hizo que el Ejército pasara a mirarse «con algún descuido». Inevitablemente, ante el fomento de la industria y la activación de la circulación, la milicia dejó de considerarse como un refugio seguro.

Presionada por la crisis la monarquía se había visto obligada a reconsiderar la utilización que hasta ese momento se había venido dando a unos recursos cada vez más escasos. Dicho en términos de coste de oportunidad había tenido que optar entre el fus/7 o la azada. Las consecuencias de su elección se pondrían de manifiesto inmediatamente: a raíz de la reactivación económica «el precio de las cosas» creció y los reclutas, «porque eran menos frecuentes las temporadas ociosas en los jornaleros », comenzaron a escasear; la propia paga del soldado «no daba lugar como antes a un rancho abundante». No es una interpretación exagerada. La información de que se dispone confirma en lo fundamental la existencia de una auténtica crisis en la situación material del Ejército a lo largo del reinado de Fernando Vi .Y no sólo. Ya ha podido entreverse que el «vicio interior y permanente» al que se referían las memorias implicaba algo más que una crisis estrictamente material. En la indagación de «las causas del desafecto de la nación española al servicio de las Armas» estaba asimismo presente una suerte de rechazo cívico y libertario al planteamiento y a las exigencias disciplinares que incorporaba el nuevo orden militar. Como se decía en una de esas memorias «la disciplina militar no daba más ensanches a la libertad que la que gozaban los hombres en la vida civil». El incremento de las deserciones y el auge del contrabando por esas mismas fechas no vendría sino a confirmar ese rechazo, el ya referido desafecto. Si a ello añadimos una relativa pérdida de entusiamo en el grado de participación de la nobleza, propiciado por la actitud ya no tan proclive hacia la milicia de los propios monarcas (A. Morales Moya 13), no parece entonces desproporcionado referirse al conjunto del fenómeno en términos de una auténtica crisis de la «constitución militar».

La expresión como digo no peca de exceso, resultando por otra parte enormemente oportuna. Habiéndose abierto aquí por entonces -al igual que en Francia- un intenso debate sobre la regeneración política de la monarquía, sobre la enfermedad de la que parecía adolecer su «constitución », lo militar pudo pasar así a incluirse en el análisis y en el propio diagnóstico del mal. Las Cartas y Discursos del Militar Ingenuo que a lo largo de los ochenta se remitieron al Correo de los Ciegos de Madrid constituyen una cumplida demostración a estos efectos. A partir de ese epistolario imaginado, imbuido de valores del republicanismo cívico, puede verse cómo la milicia comienza a ser pensada desde otros supuestos, desde la lógica de una cultura que no era ya la del ius commune tardío y desde una política que miraba más alia de la benefactora autocracia absolutista. Es un cambio de perspectiva crucial, que inaugura inevitablemente un nuevo discurso sobre lo militar. Los militares se hacen ciudadanos, se contemplan como tales y se aspira a hacer de ellos un semillero ejemplarizante del nuevo orden cívico. Nada que ver por tanto con la dinámica anterior. Las reformas podrán continuar -y continuarán de hecho- produciéndose todavía a partir de los viejos moldes, pero existe una configuración alternativa que intelectualmente parece haber ganado ya la partida. Intentará todavía Godoy a fines del xviii imponer, autoritariamente, una última racionalización en clave estamental, pero para esas fechas el horizonte que se contemplaba era ya el del militar patriota y ciudadano, (Cepeda, 137) sin olvidar la condición previa y primera de católico que la guerra contra la Francia revolucionaria de 1795 elevaría a un primer plano. Podrá entonces -y sólo entonces- comenzar constituirse un pensamiento propio y, en la medida en que las circunstancias lo propicien, un auténtico «poder militar». Es también entonces cuando el siglo XVIII cede en este sentido los papeles al XIX, o si se quiere cuando la historia de este último comienza a escribirse. Empeñarnos en una genealogía más antigua sólo puede conducirnos, en mi opinión, a una innecesaria falsificación de los orígenes del militarismo decimonónico.

Footnote

* Este trabajo forma parte del proyecto de Investigación DGICYT PB95-0181.

1 CHRISTIANSEN, C , LOS orígenes del poder militar en España. Madrid, Aguilar, 1967.

2 CRUZ MARTÍNEZ, R., "LOS comienzos de la intervención pública del ejército en la España contemporánea", FERNÁNDEZ ALBALADEJO, P. y ORTEGA, M. (eds.), Antiguo Régimen y revolución liberal. Homenaje al profesor M. Artola. Madrid, Alianza, t. III, págs. 81-89.

3 BLANCO VALDÉS, R., Rey, Cortes y fuerza armada en los orígenes de la España liberal. Madrid, Siglo XXI, 1998.

4 BORREGUERO, C , El reclutamiento por quintas en la España del siglo xviii. Valladolid, Universidad, 1990.

5 GIMÉNEZ FERRER, J.J., «El ejército de Carlos II», BALAGUER, E. y GIMÉNEZ LÓPEZ, E. (eds.), Ejército, Ciencia y Sociedad en la España contemporánea. Alicante, Gil-Albert, 1995, págs. 69-86.

6 DOMÍNGUEZ ORTIZ, A., Sociedad y estado en la España del siglo xviii. Barcelona, Ariel, 1976.

7 CoNTRERAS GAY, J., Las milicias provinciales en el siglo xviii. Almería, 1993.

8 ANDÚJAR, F., LOS militares en la España del siglo xviii. Granada, Universidad, 1991, «Mandar. Los centros del poder militar en la España del siglo xviii», lus Commune, 101 (1997), págs. 541-562, y «La situación salarial de los militares en el siglo xviii», en BALAGUER y GIMÉNEZ, Ejército..., págs. 87-110. Gfr. también, GIMÉNEZ, E., Militares en Valencia (1707-1808). Alicante, Gil- Albert, 1990.

9 FINER, S.E., «State and Nation-Building in Europe; The role of the Military», TILLY, G. (edt.) The Formation of National States in Western Europe. Princeton U.P., 1975, págs. 84-163.

10 NIETO, A., El mito de la administración prusiana. Sevilla, 1962.

11 BARUDIO, G., La época del Absolutismo y la Ilustración. Madrid, Siglo xxi, 1981.

12 CORNETTE, J., Le roi de guerre. París, Payot, 1993. Y para la información relativa a las memorias militares que sigue, CEPEDA GÓMEZ, J., El Ejército en la política española. Madrid, FUE, 1990, págs. 35-37.

13 MORALES MOYA, A., «Milicia y nobleza en el siglo xviii», Cuadernos de Historia Moderna, 9 (1988), págs. 120-137.