RUPTURA Y CONTINUIDAD: LA CAÍDA DE «MEL» ZELAYA EN PERSPECTIVA COMPARADA/Continuity and rupture: the fall of «Mel» Zelaya in a comparative perspective

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RESUMEN: Este artículo analiza y compara la deposición del presidente de Honduras, Manuel Zelaya, con otras crisis presidenciales acontecidas en América Latina durante la tercera ola de democratización. El trabajo indaga sobre los procedimientos, causas y consecuencias en torno de esta caída presidencial con instrumentos de análisis previstos por la teoría de las rupturas presidenciales. La caída de Zelaya fue producto de una escalada de conflictos interinstitucionales, protagonizados por las elites civiles del país. En perspectiva comparada, el caso se distingue por la intervención de los militares como poder moderador a invitación de las instituciones civiles, la falta de movilización popular antes del golpe y la irrupción de una crisis internacional y conflictos callejeros después de que la caída presidencial tuviera lugar. El caso de Honduras contribuye a la teoría de las rupturas presidenciales al poner el acento en el papel de los militares y el estadio de desarrollo en que se encuentra el régimen político democrático al estallar la crisis.

Palabras clave: presidencialismo, golpe de Estado, ruptura presidencial, Honduras, relaciones cívico-militares, conflictos interinstitucionales.

ABSTRACT: This article analyses and compares the breakdown of the Honduran presidency of Manuel Zelaya with other presidential crises in Latin America during the Third Wave of democratization. Applying theory from analyses of presidential breakdowns, this work studies the procedures, causes and consequences of this presidential breakdown. The fall of Zelaya was caused by an escalating inter-institutional conflict, which was driven by the national, civilian elites. In a comparative perspective, the case is unique due to the military intervention, by invitation from the civil institutions, the lack of popular mobilisation before the crisis, and the international crisis and street conflicts after the presidential breakdown. The case of Honduras contributes to the theory of presidential breakdowns by raising attention to the role of the military and the state of the democratic regime within which the crisis occurs.

Key words: presidentialism, coup d'État, presidential breakdown, Honduras, civil-military relations, inter-institutional conflicts.

I. INTRODUCCIÓN1

El 28 de junio del 2009, alrededor de las 5 de la mañana, un grupo de militares irrumpió en la residencia presidencial hondureña, arrestó al presidente Manuel Zelaya en sus pijamas y lo colocó en un avión con rumbo a Costa Rica. Las noticias sobre la deposición y el exilio forzoso de Zelaya tomaron al mundo por sorpresa. De acuerdo con comunicaciones oficiales de la Corte Suprema de Justicia hondureña, los militares actuaron en cumplimiento de una orden de captura, de carácter secreto, emitida por esta Corte, la cual suponía al presidente responsable por los delitos de traición a la patria, abuso de autoridad y usurpación de funciones2.

El mismo día en que la captura de Zelaya tuvo lugar, el Congreso aprobó una carta de renuncia de Zelaya, que el presidente siempre negó haber firmado. La supuesta carta de renuncia activó la línea sucesoria prevista en la constitución: como el vicepresidente Elvin Santos había renunciado a su puesto con anterioridad para concursar en las elecciones presidenciales planificadas para el 29 de noviembre del 2009, el presidente del Congreso, Roberto Micheletti -perteneciente, como Zelaya, al Partido Liberal- fue nombrado presidente por el período restante del mandato de Zelaya, es decir, hasta el 27 de enero del 2010.

De Chávez a Obama, la condena al golpe de junio del 2009 fue vigorosa y unánime, las organizaciones internacionales se negaron a reconocer al nuevo gobierno de Micheletti y créditos y programas de ayuda internacional fueron suspendidos. La deposición de Zelaya inició un período de gran incertidumbre sobre el futuro del régimen democrático en Honduras. Durante los meses subsiguientes, el presidente no fue restituido en su cargo pero el proceso electoral previsto constitucionalmente tampoco se interrumpió. Las elecciones tuvieron lugar a fines de noviembre, según indicaba el cronograma electoral y el 27 de enero del 2010, Porfirio «Pepe» Lobo, el candidato del Partido Nacional que resultara triunfante en ellas, asumió el poder. Ese mismo día, el presidente Zelaya, quien desde el 21 de septiembre se encontraba recluido en la embajada de Brasil en Tegucigalpa, salió del país para exiliarse en la República Dominicana acompañado por Leonel Fernández, presidente de ese país.

Honduras, «la tierra del golpe de medianoche» (Schulz y Sundloff Schulz, 1994: 5), pasó a ser una democracia electoral en 1982, luego de una transición controlada por los militares. La transición inició un largo período de democracia tutelada hasta que las autoridades civiles lograron imponer su control sobre los militares hacia finales de los noventa. A raíz de este proceso, en la última década se evaluaría a Honduras como el país centroamericano con el mejor control democrático sobre los militares (Ruhl, 2004). Sin embargo, el 28 de junio 2009 un presidente electo volvió a ser destituido por un golpe militar.

La singularidad de la caída del presidente Zelaya -golpe de Estado sin interrupción del proceso electoral en curso-, a treinta años de iniciada la tercera ola de democratización, llama la atención y estimula todo tipo de reflexiones desde la ciencia política. El propósito de este artículo es analizar este caso desde una perspectiva comparada a fin de resaltar las semejanzas y diferencias entre ésta y otras crisis presidenciales acontecidas a lo largo de tres décadas de democracia, crisis en las que, por cierto, la caída del presidente no implicó una ruptura democrática (Llanos y Marsteintredet, 2010).

La teoría de las rupturas presidenciales nos provee de herramientas para indagar sobre los procedimientos, causas y consecuencias en torno de esta caída presidencial. En perspectiva comparada, el caso hondureño se destaca por tener como causa dominante la escalada de un conflicto entre las instituciones y elites civiles del país, por la intervención de los militares como poder moderador a invitación de las instituciones civiles, por la falta de movilización popular «antes» del golpe y, en cambio, la irrupción de una crisis internacional y conflictos callejeros «después» de que la caída presidencial tuviera lugar. Honduras también contribuye a la teoría de las rupturas presidenciales al poner el acento en aspectos poco trabajados por ésta, como el papel de los militares y el estadio de desarrollo en que se encuentra el régimen político democrático al estallar las crisis.

En el próximo apartado presentamos brevemente la teoría de las rupturas presidenciales en América Latina, la sección subsiguiente se concentra en el análisis del caso en sí analizando los rasgos principales del sistema político de Honduras y del gobierno de Manuel Zelaya, como así también los acontecimientos que precedieron a su caída. La cuarta sección adopta una perspectiva comparada con las otras caídas presidenciales de la región en torno de las causas y procedimientos que las caracterizaron. Asimismo, se indaga en las consecuencias que, tentativamente, se vislumbran para el futuro de la democracia en ese país.

II. LA TEORÍA DE LAS RUPTURAS PRESIDENCIALES EN AMÉRICA LATINA

Las rupturas presidenciales son fenómenos políticos que tienen lugar bajo regímenes presidenciales -esto es, aquellos donde tanto el Congreso como el presidente son elegidos popularmente con un mandato fijo (Linz, 1990)- y se definen como la salida forzada y anticipada del presidente sin que al mismo tiempo tenga lugar una caída del régimen democrático3. Las rupturas presidenciales constituyen un fenómeno nuevo en América Latina, propio de la tercera ola democrática, ya que, en épocas anteriores, la salida forzada de un presidente del poder normalmente implicaba también la caída del régimen. Se trata de situaciones extraordinarias y, a veces, al borde de la legalidad, debido a que según las Constituciones presidenciales vigentes en la región, un primer mandatario sólo puede ser destituido como resultado de un proceso de juicio político. Sin embargo, la reciente historia de América Latina muestra que solamente tres de catorce casos de rupturas presidenciales han seguido la letra de la Constitución (Marsteintredet y Berntzen, 2008), como puede observarse en el siguiente cuadro:

En cuanto a sus causas, las rupturas presidenciales son procesos muy complejos que obedecen a una suma de factores de diversa índole, destinados a converger en algún punto en el tiempo a la manera de una «tormenta perfecta» (Mejía Acosta y Polga-Hecimovich, 2010), que empuja a un presidente fuera del poder. Según la literatura especializada, los factores que prevalecen entre las causas de rupturas presidenciales son: conflictos institucionales, movilización popular, malestar y crisis económica, escándalos y desinteligencias dentro del gobierno. El peso de cada uno de ellos varía en los distintos casos y aún se debate a nivel académico sobre su influencia relativa en las caídas presidenciales en general.

Una serie de análisis, inspirados principalmente en los estudios seminales de Juan Linz, enfatizan «los peligros del presidencialismo» que este autor señalaba (Linz, 1990), es decir, la potencialidad desestabilizadora de los conflictos institucionales que pueden tener lugar entre el presidente y el Congreso en el marco de regímenes donde los presidentes no necesariamente gobiernan acompañados de mayorías parlamentarias. Como el autor argumenta, la «rigidez» que imprimen los mandatos fijos de ambas instituciones aumenta la probabilidad de que se produzca una escalada de los conflictos y se acabe, o bien en la destitución presidencial o en la clausura del Congreso, ambas, soluciones que ponen en peligro la estabilidad del régimen democrático. Siguiendo este argumento, otros autores han señalado (Valenzuela, 2004) que las rupturas presidenciales, a pesar de tener lugar en contextos democráticos, confirman las debilidades propias del presidencialismo y, al mismo tiempo, la importancia que tienen la posición y la fuerza del presidente y su partido en el Congreso como variables explicativas de la supervivencia presidencial (Morgenstern et al., 2008; Negretto, 2006; Valenzuela, 2004).

Otra línea de análisis ha enfocado más en la acción callejera y en los movimientos populares. Su argumento consiste en que la causa principal de las rupturas presidenciales reside en la presión popular en la calle expresada a través de demostraciones, protestas, piquetes y huelgas contra presidentes devenidos impopulares por sus políticas públicas o por su protagonismo en escándalos de corrupción (Hochstetler, 2006; Hochstetler y Edwards, 2009). En particular, Hochstetler (2006) observa que ningún presidente suramericano cayó por causa de conflictos puramente interinstitucionales y sostiene que, por consiguiente, la lógica causal del argumento de los peligros del presidencialismo no tiene base empírica. Otros autores subrayan que las rupturas presidenciales se explican mejor por la interacción entre conflictos institucionales y movilización popular (Marsteintredet, 2009a; Pérez-Liñán, 2008), y que, en los casos particulares de juicio político, tales conflictos han estallado a raíz de escándalos involucrando al presidente (Pérez-Liñán, 2007).

En todo caso, para que la calle o el Congreso procedan a actuar en contra del presidente tienen que darse ciertas condiciones críticas previas que, de acuerdo con la literatura, normalmente se vinculan con crisis socioeconómicas y el desempeño económico de los gobiernos. Para Hochstetler (2006), las reformas neoliberales implementadas en la década de 1990 dispararon todo tipo de protestas sociales y debilitaron la estabilidad de la figura presidencial. Para Valenzuela (2004), no sólo las impopulares políticas de ajuste pusieron a los presidentes en cuestión, también aquellos presidentes que evitaron tomar decisiones firmes de política por temor a la reacción social debieron pagar el precio de su inacción cuando la moneda del país colapsó y la inflación se disparó -como ilustran los casos de Alfonsín y Siles Zuazo-. En otras palabras, una situación económica crítica ha estado casi siempre presente en el trasfondo de las rupturas presidenciales.

Otro factor influyente en la probabilidad de supervivencia de un presidente es la cohesión y fuerza interna del propio gobierno. Algunos estudios de casos (Llanos y Margheritis, 2006; Ollier, 2008) y un reciente análisis comparado (Llanos y Marsteintredet, 2010) han demostrado que la forma en que los gobiernos y el liderazgo presidencial enfrentan la crisis económica, la presión de la calle o los conflictos con otras instituciones es una variable importante al momento de explicar las caídas presidenciales. Con unas pocas excepciones, las rupturas presidenciales han estado precedidas por conflictos y rupturas dentro de la coalición o el partido gobernante, mientras que un ambiente político y social complicado ha significado un desafío, pero no una amenaza, a la estabilidad de gobiernos más cohesionados y sólidos. Estos trabajos también resaltan el papel que desinteligencias entre la presidencia y la vicepresidencia pueden tener en las rupturas presidenciales, en el mismo sentido de acrecentar la vulnerabilidad del gobierno.

Las consecuencias de las rupturas presidenciales se han investigado menos, pero se sabe hasta ahora que la salida del presidente inicia un periodo más tranquilo en la vida política de los regímenes. Un análisis reciente argumenta que las rupturas tiene pocas repercusiones y que la tendencia es que el sistema democrático se reequilibre (Hochstetler y Samuels, en prensa). En ese sentido, las rupturas presidenciales constituyen el momento culminante de una crisis política muy grave, seguida de una salida relativamente pacífica. Sin embargo, al mismo tiempo se suele resaltar que, en aquellos países donde las caídas presidenciales fueron precedidas por movilizaciones sociales organizadas por asociaciones civiles y partidos políticos nuevos que desafiaban el statu quo -por ejemplo, los casos de Ecuador, Bolivia y Venezuela-, los conflictos políticos han continuado, generando fuertes cambios en los sistemas de partido y convirtiéndose en insumo de nuevas crisis presidenciales (Marsteintredet, 2009b).

Otra consecuencia que se puede observar es que los votantes no suelen culpar a la oposición por la crisis, sino que penalizan al presidente caído y a su partido en las urnas. A nivel promedio, los partidos de presidentes destituidos han obtenido solamente un 13% de los votos presidenciales en las elecciones siguientes a la ruptura, comparado con el 36,9% obtenido por partidos de presidentes que llegaron a completar su mandato4. Aun más, con la excepción de la Unión Cívica Radical de Argentina y el Partido Colorado en Paraguay, los partidos de presidentes fallidos no han logrado volver al poder después de una ruptura presidencial.

Finalmente, si bien la teoría de las rupturas presidenciales se ha referido al papel de los militares, no se ha ocupado de analizarlo sistemáticamente. Lo mismo sucede con el papel de las organizaciones internacionales en la definición de los resultados de una crisis presidencial. El caso de Honduras provee de nuevos elementos para la profundización de esos análisis, según se mostrará en las próximas secciones.

III. ANTECEDENTES DE LA CAÍDA DE ZELAYA

La deposición de Zelaya por acción militar a fines de junio del 2009 fue el punto culminante de un tenso proceso político de varios meses de duración que estuvo principalmente ligado a la persistente intención de Zelaya de reformar la Constitución; así como a la oposición que tal iniciativa suscitó en los principales partidos políticos e instituciones del país. Por parte de la prensa y organizaciones civiles no faltaron advertencias de que el país iba rumbo a una crisis institucional como también llamados a un diálogo nacional para resolver el conflicto suscitado por la cuestión de la reforma constitucional5. No obstante, el diálogo entre las partes no se materializó y el conflicto culminó en la salida anticipada del presidente Zelaya, confirmando así la tendencia regional de que son los presidentes quienes pierden cuando ocurren impasses interinstitucionales (Pérez-Liñán, 2005).

III.1. El sistema político hondureño

Honduras ha sido una democracia estable desde su transición en 1982, aunque la persistencia del poder militar durante las décadas de 1980 y 1990 la convirtieran de hecho en una democracia tutelada (Martínez, 2009; Ruhl, 1996; Valenzuela, 1992). Sin embargo, hacia finales de la década de 1990, y como consecuencia de varias reformas facilitadas en gran medida por el fin de la guerra fría y de las guerras civiles en Centroamérica, los gobiernos civiles lograron considerables avances en el control del poder militar. En efecto, los gobiernos liberales de Carlos Roberto Reina (1994-1998) y Carlos Flores (1998- 2002) implementaron una serie de medidas, incluyendo una importante reforma constitucional, donde se estableció el control civil en asuntos presupuestarios y el poder presidencial para nombrar y destituir a los jefes militares (Booth, 2000: 143-147; Ruhl, 2004). En una evaluación comparativa del control democrático de las fuerzas militares en Centroamérica, Ruhl (2004: 944) destacó que Honduras había logrado establecer el mejor control democrático sobre los militares y que, gracias también a la reducción de sus recursos económicos y humanos, la capacidad de éstos de intervenir en la vida política había disminuido notablemente. Al comenzar los años 2000, Honduras cumplía con los procedimientos mínimos de una democracia y los militares se encontraban subordinados al poder civil.

El sistema de partidos hondureño se encuentra basado en dos partidos centenarios, el Partido Nacional y el Partido Liberal, ambos con fuertes componentes oligárquicos y clientelares (Taylor-Robinson, 2006; Alcántara Sáez, 1999: 125), por lo que se afirma comúnmente que el control político se encuentra en manos de un grupo selecto y cerrado (Ajenjo Fresno, 2007; Peetz, 2009). El país no sufrió las devastadoras guerras civiles que acosaron a sus vecinos por lo que la política no es polarizada como ocurre en otros países centroamericanos. Ambos partidos carecen de una ideología o programa político claro y consistente y se los ubica en el centro-derecha del espectro políticoideológico (Alcántara Sáez, 2009). Este hecho facilita, por un lado, acuerdos entre las elites políticas aunque, por otra parte, inclina al sistema político al mantenimiento del statu quo (Barrachina, 2009a).

Diversas encuestas muestran que los hondureños se encuentran muy descontentos con el inmovilismo generado por el sistema de partidos. De hecho, la población hondureña es la más descontenta con la democracia, las instituciones y la situación económica de la región centroamericana (Booth y Seligson, 2009; Seligson y Booth, 2010). Sin embargo, frente a esta situación de malestar político y social, la sociedad civil hondureña, articulada en torno de un sistema clientelar, sigue siendo débil, casi apática (Moreno, 2009a) y carente de la fuerza de movilización que se ha observado en varios países en América del Sur en la última década. De hecho, según sostiene Boussard (2003: 262-271), la sociedad civil no jugó un papel importante ni en la transición a la democracia ni en el período subsiguiente de consolidación.

III.2. El gobierno de Zelaya (2005-2009)

Manuel Zelaya, un empresario y miembro del establishment, ganó la elección presidencial en noviembre de 2005 como candidato del Partido Liberal, en una campaña electoral que ha sido calificada como la más sucia en la memoria viviente de Honduras (NotiCen, 2005). Zelaya venció a Porfirio Lobo, el candidato del Partido Nacional, por un estrecho margen de 3,5 puntos porcentuales, o sea, alrededor de 70.000 votos. El partido de Zelaya sólo obtuvo 62 de 128 diputados, pero gracias a una alianza con dos partidos menores, ganó la importante posición de la presidencia del Congreso6.

Zelaya fue siempre percibido a la izquierda del Partido Liberal, pero sus posturas se fueron acentuando con el transcurso de su mandato. Al radicalizarse, sus decisiones políticas comenzaron a causar fricciones con el vicepresidente, su propio partido, el Congreso y el sector empresarial. Simbólicamente, el «giro hacia la izquierda» del presidente comenzó en julio de 2007 con la participación de éste, junto a la presidenta del Partido Liberal, Patricia Rodas, en la celebración del 28.° aniversario de la Revolución Sandinista en Managua (Moreno, 2007).

Desde un punto de vista político, los cambios se iniciaron a fines de 2007 luego de que fracasara el intento por sortear los controles de la oferta de petróleo que las multinacionales impusieran a Honduras. Entonces, a fin de aliviar los costos de los crecientes precios del petróleo, Zelaya llevó a Honduras a unirse a Petrocaribe. En agosto de 2008, las relaciones del presidente con la comunidad política -incluyendo su propio partido- empeoraron seriamente cuando aquél decidió unirse a la alianza ALBA (Alternativa Bolivariana para las Américas), liderada por Venezuela. Sin embargo, el Congreso acabó ratificando el convenio con ALBA gracias a los votos del Partido Liberal y del pequeño partido Unificación Democrática. Diversas informaciones periodísticas dejaron entrever que Roberto Micheletti -de tendencia conservadora, líder de la fracción opositora dentro del Partido Liberal y presidente del Congreso- aceptó acompañar el convenio con sus votos a cambio del apoyo de Zelaya para su candidatura en las primarias del Partido Liberal (NotiCen, 2008).

Aunque la mayoría de los observadores y políticos consideraron que el giro presidencial a la izquierda se trataba más de una política coyuntural que de un profundo «gran viraje» (Peetz, 2009; Taylor-Robinson, 2009), en la práctica la integración al ALBA tensó el clima político y, a partir de entonces, los medios opositores de comunicación comenzaron a mencionar cada vez con más frecuencia la influencia de Chávez en la política interna y la intención del presidente Zelaya de perpetuarse en el poder.

A lo anterior debe sumarse que, como ha sido habitual en la política interna de Honduras, la elección de candidatos presidenciales agravó la relación entre el Congreso y la Presidencia. Desde mediados de la década de 1990, la posición de presidente del Congreso ha funcionado como plataforma de lanzamiento de candidaturas presidenciales y, por lo tanto, como un detonante de conflictos institucionales con la Presidencia por el control de la sucesión presidencial7. El poder del presidente del Congreso se encuentra basado en sus amplias facultades formales e informales para controlar los debates y el orden del día, y para otorgar subsidios o apoyo económico a los congresistas para el desarrollo de proyectos en sus comunidades (Barrachina, 2009a: 49-52), por lo que no resulta sorprendente el distanciamiento con el presidente de turno8.

La escalada de los conflictos entre la Presidencia y el presidente del Congreso llevó a la firma de un acuerdo en 2001 -que al año siguiente se convirtió en una reforma constitucional-, a través del cual se prohibía que el presidente -y vicepresidente- del Congreso lanzaran candidaturas presidenciales propias. Sin embargo, en noviembre de 2008 tal reforma fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema, lo cual habilitó a Micheletti a participar en las primarias de ese año (Taylor-Robinson, 2009: 477). Gracias a los votos liberales del Congreso para la adhesión al ALBA, Micheletti obtuvo el apoyo de Zelaya para su candidatura prepresidencial, en contra de la del vicepresidente Elvin Santos. Sin embargo, Santos resultó ganador en las mismas9. A partir de estos resultados, Micheletti perdió el incentivo de seguir apoyando la política «izquierdista» de Zelaya y utilizó sus amplios poderes en el Congreso y su control de la bancada liberal para obstaculizar la agenda presidencial10. Durante los primeros meses del 2009, el Congreso frustró al presidente al no pasar el presupuesto para el 2009. Por su parte, la elección de autoridades judiciales -miembros de la Corte Suprema, Ministerio Público, el Fiscal General y el Tribunal Supremo Electoral- representó otra batalla interinstitucional en la que la facción de Micheletti dentro del Partido Liberal y el Partido Nacional lograron finalmente imponer nombres afines (Moreno, 2009b)11.

III.3. La cuarta urna

El conflicto de enero del 2009 con el Congreso estuvo ciertamente en el trasfondo de la crisis que llevaría a la deposición del presidente Zelaya, pero la crisis política hondureña sólo llegó a su punto culminante con la cuestión de la reforma constitucional y la cuarta urna. Zelaya lanzó su plan de reforma constitucional en noviembre del 200812. El plan inicial consistió en mandar un proyecto de ley al Congreso para convocar a un plebiscito, o «cuarta urna» que sería colocada al lado de las tres urnas previstas para la elección de presidente, congresistas y alcaldes, durante las elecciones generales el 29 de noviembre del 2009. Sin embargo, las tensas relaciones con el Congreso convencieron al presidente de que era mejor comenzar por convocar una consulta popular a fin de reunir apoyo para su iniciativa y así encontrarse en mejores condiciones de presionar al Congreso para que legislara a su favor.

El 24 de marzo del 2009, el presidente anunció públicamente el dictado de un decreto del día anterior (PCM-005-2009) autorizando una «consulta popular» que tendría lugar en junio con el propósito de solicitar la aprobación de los votantes para celebrar un segundo referendo, de carácter vinculante y destinado a convocar a una asamblea constituyente, que tendría lugar simultáneamente a las elecciones de noviembre del 2009 (NotiCen, 2009). Sin embargo, el decreto fue impugnado por el Ministerio Público, mientras que el Juzgado en lo Contencioso-Administrativo efectuó, por su parte, una suspensión general de este decreto, lo cual significaba que también quedaba suspendido cualquier otro acto administrativo con el mismo fin. Por lo tanto, el decreto de la consulta popular nunca fue publicado en la Gaceta Oficial13.

A pesar de esto, Zelaya siguió adelante con un nuevo decreto, firmado el 26 de mayo (PCM-020-2009), que era esencialmente similar al anterior pero donde las palabras «consulta popular» se suplantaban por la expresión «encuesta nacional»14. Al utilizar la expresión «encuesta» se procuraba insertar la iniciativa popular dentro del marco de la Ley de Participación Ciudadana del 2006 y se evitaba contradecir la carta constitucional, según la cual la institución con facultades para llamar a consultas populares, como referendos o plebiscitos, era el Congreso (artículo 5 de la Constitución). Sin embargo, la orden judicial vigente desde marzo también declaraba inconstitucional este tipo de iniciativas, por lo que el Juzgado en lo Contencioso-Administrativo ordenó a los militares confiscar los materiales de la encuesta.

El opositor Partido Nacional y la facción del Partido Liberal liderada por el presidente del Congreso, Roberto Micheletti, y el ex presidente Carlos Flores Facussé (1998- 2002), acusaron a Zelaya de querer usar el referendo para perpetuarse en el poder y atentar contra el régimen democrático. Su argumentación se apoyaba en las normas constitucionales, principalmente en los artículos pétreos que bajo ningún contexto la Constitución permite reformar. Tales artículos incluyen la reelección presidencial, la longitud del período presidencial, el territorio nacional y la forma de gobierno (artículo 374)15. El Congreso hizo todo lo posible para evitar que la consulta, o encuesta, tuviera lugar. De hecho, el 24 de junio, cuatro días antes de la fecha planeada para la encuesta, aprobó una nueva ley que, de manera preventiva, declaraba que ningún referendo podría celebrarse 180 días antes o después de elecciones regularmente programadas (Decreto 135-2009).

Finalmente, el viernes 25 de junio el Congreso abrió una investigación sobre la conducta del presidente con el aparente propósito de iniciar un proceso de destitución16. No se podrá saber cómo tal proceso de destitución se hubiera desarrollado en un marco legal, ya que el artículo de la Constitución que preveía la posibilidad de abrir juicio político al presidente había dejado de existir en una reforma constitucional del 2002, durante la presidencia de Maduro17. La Constitución solamente estipula que corresponde a la Corte Suprema dirimir conflictos interinstitucionales entre el Congreso y la Presidencia (artículo 316, numeral 5).

Aunque hasta finales de junio el conflicto involucró solamente a las instituciones civiles, las posiciones de Zelaya también lo volvieron impopular entre los militares. Invocando la orden judicial de suspensión a cualquier decreto que intentara organizar una consulta popular o encuesta, el jefe del Estado Mayor, general Vásquez Velásquez, se negó a proveer apoyo logístico para la encuesta del presidente. Frente a ello, el presidente reaccionó firmando el despido del general el 24 de junio, lo cual condujo a las renuncias en cadena del ministro de Defensa Edmundo Orellana Mercado y de los comandantes en jefe de la marina, el ejército y la fuerza aérea. La decisión del presidente estuvo basada en su prerrogativa constitucional de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, mientras que la desobediencia militar también podía ampararse en la Constitución ya que ésta sólo les obliga a acatar órdenes que respetan la Constitución y la legalidad (artículos 272 y 278). El 25 de junio, la Corte Suprema, por su parte, declaró ilegal el despido de Vásquez Velásquez y solicitó su restitución18. Ese mismo día, en una acción que escalaría aún más el conflicto, el presidente Zelaya intentó recuperar el material electoral confiscado por orden judicial ingresando forzadamente a la base aérea de la capital en compañía de un centenar de seguidores. Poco después, el presidente anunció que no tenía planes de acatar la orden de restitución del general Vásquez Velásquez.

De acuerdo con el citado documento de la Corte Suprema de Justicia, el arresto militar de Zelaya se hizo en cumplimiento de una orden judicial secreta, con fecha del 26 de junio, donde se acusaba al presidente de traición a la patria, entre otros crímenes. Sin embargo, la decisión de enviar a Zelaya fuera del país en la mañana del 28 de junio fue, aparentemente, privativa del ejército19, además de una clara violación a la Constitución20. El día que el presidente fue llevado a Costa Rica, el Congreso confirmó su renuncia con 122 votos -de un total de 128 miembros- y nombró al presidente del Congreso, Roberto Micheletti, su sucesor. Al justificar su accionar, el Congreso no sólo alegó contar con la renuncia del presidente en su poder, sino con evidencias de que éste planeaba disolver el Congreso21. Los votos correspondieron tanto al opositor Partido Nacional -55 votos- como a la totalidad de los diputados del Partido Liberal en el gobierno -62 votos-22. El Congreso hondureño confirmó posteriormente la decisión tomada el 28 de junio, en cumplimiento del acuerdo de San José-Tegucigalpa que dejara en sus manos la decisión sobre la vuelta a Zelaya a la presidencia23. Luego de recibir la opinión de la Corte Suprema en contra de la restitución de Zelaya, el 3 de diciembre del 2009, el Congreso decidió no restituir al depuesto presidente en el poder por una mayoría de 111 votos y 14 en contra (Peregil, 2009).

IV. LA CAÍDA DE ZELAYA EN PERSPECTIVA COMPARADA

Esta sección muestra la crisis presidencial hondureña desde una perspectiva comparada con otras caídas presidenciales en la región, en torno a las causas que motivaron la caída -fundamentalmente conflictos institucionales y de elite política-, los procedimientos por los cuales se destituyó al presidente -el golpe y el papel moderador de los militares- y los acontecimientos posteriores al golpe -la reacción internacional y las elecciones-.

IV.1. Las causas de la caída de Zelaya

En marcado contraste con la mayoría de las caídas presidenciales en América del Sur (Hochstetler, 2006), la deposición del presidente hondureño tuvo lugar en la ausencia de protestas sociales, una crisis económica seria o un escándalo. Por cierto, aunque el informe del Latinobarómetro correspondiente al año 2008 muestra que el gobierno de Zelaya se encontraba entre los tres o cuatro peor evaluados en América Latina (Latinobarómetro, 2008: 91-92)24 y aunque durante los gobiernos de Maduro (2002-2006) y de Zelaya se observó cierto incremento de la movilización callejera (Barrachina, 2009a), la destitución de Zelaya no fue producto de un previo caos social como sucedió en Argentina y Bolivia. Más bien, las protestas y manifestaciones a favor de ambas partes del conflicto sólo comenzaron a tener lugar cuando Zelaya ya no estaba en el país. Del mismo modo, a pesar del impacto negativo que tuvo en el país la crisis global del 2008, no hubo una crisis económica de suficientes dimensiones para generar el malestar social que creara las condiciones de otras caídas presidenciales, como las de Raúl Alfonsín y Fernando de la Rúa en Argentina. Tampoco se evidenció un escándalo presidencial de corrupción, al estilo del que disparara el juicio político contra Fernando Collor de Melo en Brasil.

Debido a la ausencia de las características mencionadas arriba, en el caso hondureño los factores determinantes de la caída presidencial se circunscriben a conflictos inter- institucionales y conflictos dentro de la elite gubernamental sobre el control de las instituciones del Estado. Como se ha visto, estos factores, en particular los que atañen a la relación presidente-Congreso, han estado presentes en todas las crisis presidenciales pero han tenido un carácter sobresaliente en la región de América Central y el Caribe por la falta de protagonismo de otros factores: en Guatemala en 1993 y en República Dominicana en 1994, al igual que en Honduras, la presión de la calle no jugó un papel central (Christensen Bjune y Petersen, 2010; Marsteintredet, 2010). Sin embargo, el hecho de que el Congreso tuviera un carácter sobresaliente en la destitución del presidente no significa que éste no haya contado con apoyos externos o «aliados», rol que en Honduras fue desempeñado por los militares y en Guatemala y República Dominicana por los actores internacionales.

Si se profundiza en las características en el conflicto de elites que precedió al destierro de Zelaya, resulta evidente que el presidente se encontraba aislado, al igual que varios otros presidentes destituidos de la región, como se señalará a continuación. Primero, Zelaya, como la gran mayoría de presidentes fallidos, precedía un gobierno que no tenía mayoría en el Congreso y que, al momento de su deposición, incluso había perdido el apoyo de su propio partido (Valenzuela, 2004). En este sentido, el caso Zelaya se compara con el caso de Raúl Cubas en Paraguay, por ser los únicos dos presidentes que han sido destituidos con los votos de su propio partido (Samuels y Shugart, en prensa). En Paraguay, el Partido Colorado decidió apoyar la iniciativa de juicio político en contra de su propio presidente después de la muerte del vicepresidente Argaña y, en Honduras, el Congreso aprobó la destitución de Zelaya en dos oportunidades luego de la intervención militar. Segundo, además de problemas con el Congreso y el propio partido, el gobierno de Zelaya entró en conflictos con el poder judicial, como sucediera también en la mencionada caída de Cubas en Paraguay y en la de Lucio Gutiérrez en Ecuador.

Se ha visto que en enero del 2009 Zelaya perdió frente al Congreso la batalla por el control de la Corte Suprema de Justicia, institución que al final terminó autorizando su arresto. Lo mismo sucedió en 2005 a propósito de la destitución del presidente Gutiérrez en Ecuador, quien sería destituido por el Congreso en respuesta a protestas y demandas callejeras. La lucha por el control de la Corte Suprema constituyó un factor central detrás de la caída de este presidente que, en menos de un año, empaquetara dos Cortes Supremas. En otras palabras, los presidentes que entraron en conflicto con las otras dos instituciones de gobierno -el Congreso y el Poder Judicial- vieron enormemente debilitadas sus oportunidades de sostenerse en el poder.

Finalmente, a dos meses de haber iniciado su periodo de gobierno, Zelaya y el vicepresidente Santos evidenciaron sus diferencias en público, las que se fueron acentuando con el tiempo, al punto de que, como vimos, Zelaya apoyó a Micheletti en contra de la candidatura presidencial de Santos, y, posteriormente, se negó a hacer campaña a su favor. También en otros casos de rupturas presidenciales, los conflictos entre el presidente y el vicepresidente han demostrado ante el público la debilidad del gobierno y han sido precursores de conflictos más agudos. Por cierto, aunque hay varios niveles de conflictos entre los integrantes del binomio presidencial, lo que nos interesa destacar aquí es que es difícil que los mismos, en sus distintas intensidades, no afecten la fuerza de los gobiernos para resistir las presiones de la oposición.

El caso más extremo fue el del presidente Cubas en Paraguay que terminó con la muerte del vicepresidente Argaña, pero también se destaca como un caso grave el del presidente Siles Zuazo en Bolivia, quien acabó aislado luego de que su vicepresidente Paz Zamora abiertamente intentara comenzar un proceso de juicio político en su contra. A esto puede sumarse que, en Argentina, la renuncia del vicepresidente Álvarez, líder del segundo partido de la coalición que integraba el gobierno del presidente Fernando de la Rúa, dejó a éste a la cabeza de un gobierno sin aliados.

En síntesis, la polarización y escalada de los conflictos entre las instituciones -Presidencia, Congreso y Vicepresidencia- y miembros de la elite política de Honduras -sobre todo, del mismo partido del presidente- constituyen la causa principal detrás de la caída de Mel Zelaya. Un factor relevante es que las reglas constitucionales no proveyeron mecanismos apropiados y legítimos para la resolución de tales conflictos. Se volverá sobre este punto en las conclusiones del artículo.

IV.2. El golpe: los militares como poder moderador

El factor militar ha estado bastante ausente en los estudios sobre caídas prematuras de presidentes en América Latina. Es posible que esto sea así porque, como apunta Hochstetler (2006), durante la tercera ola de democratización, el papel de «poder moderador» en conflictos interinstitucionales, históricamente desempeñado por los militares, ha estado en manos de la protesta social. La caída del presidente Zelaya ciertamente se distancia de todas los demás por la importancia que tuvo la acción militar para que pudiera darse una deposición presidencial exitosa. En este sentido, el golpe contra Zelaya constituye el primer golpe de Estado exitoso desde el autogolpe de Fujimori en Perú y el primer golpe militar desde el que depusiera al presidente Aristide en Haití en 1991.

No obstante, tampoco en otras rupturas presidenciales de la región el papel de los militares puede ser ignorado. Un grupo de militares jugó un papel decisivo en el caso del golpe cívico-militar que provocó la caída del presidente Mahuad en Ecuador en 2000. A diferencia del caso de Zelaya, el alto mando militar de Ecuador decidió no apoyar a los coroneles y a la CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador) que protagonizaron el golpe, por lo que el poder volvió a manos civiles al cabo de unos días25. La intervención militar que destituyó a Zelaya fue más contundente, pero no deja de compartir con el caso de Mahuad -y con varios otros casos, como la caída de Fujimori en Perú y de Serrano en Guatemala- el hecho de que el Congreso confirmó la ruptura presidencial a posteriori, lo cual, al menos en los casos más antiguos, sirvió para otorgar legitimidad al nuevo gobierno.

Los militares jugaron un papel más marginal en otras caídas, pero el caso de Zelaya tampoco es el único con respecto a que los militares decidieron retirar su apoyo al presidente e, implícitamente, apoyar a la oposición: en ocasión de la caída del presidente Bucaram, cuando éste se negó a aceptar la declaración del Congreso de «incapacidad mental del presidente» y argumentó que se trataba de un golpe de Estado, fue preciso que los militares retiraran su apoyo al presidente para que éste dejara el poder. Los militares actuaron de manera similar en los casos de Sánchez de Lozada en Bolivia, Gutiérrez en Ecuador y Serrano en Guatemala.

No obstante, es necesario efectuar algunas precisiones en torno a las características del golpe militar que destituyó a Zelaya. No fue éste uno de los golpes «tradicionales » de América Latina, gestado desde dentro de las Fuerzas Armadas con el propósito de instalarse en el gobierno26. En cambio, se parece bastante al «poder moderador» (Stepan, 1971) que, como ya se mencionó, no se había dado como tal en la región durante al actual ola democrática. En primer lugar, los militares no actuaron por propia iniciativa sino que fueron invitados por las elites políticas a intervenir en un conflicto que éstas no pudieron resolver por sí solas. Tanto Zelaya, al insistir en que los militares efectuaran su encuesta nacional contradiciendo órdenes judiciales vigentes, como la oposición política, que buscó hacer alianzas con la cúpula militar, y la Corte Suprema, que ordenó a los militares efectuar la orden de arresto contra el presidente, intentaron involucrar a las fuerzas militares en el conflicto político. Forzada a tomar una posición a favor o en contra del presidente, la cúpula militar decidió apoyar al Congreso y a la Corte Suprema. Retrospectivamente, podría afirmarse que la decisión opuesta hubiera llevado al cierre del Congreso y de la Corte.

En segundo término, los militares no intervinieron el 28 de junio para quedarse en el poder. En esto coinciden con el papel moderador que desempeñaron en el pasado en el Cono Sur, según lo describen las palabras de Stepan (1971: 63): «...the military task in the moderator model is essentially the conservative task of systems maintenance. Military activity is usually restricted to the removal of the chief executive and the transference of political power to alternative civilian groups». Tal como señala Stepan, en el caso hondureño, los militares retomaron su rol moderador por invitación de los civiles para mantener el sistema político y el statu quo. Con su actuación basada en una orden de la Corte Suprema, cuyo rol es, como ya mencionamos, dirimir en conflictos interinstitucionales, los militares y la oposición a Zelaya pudieron argumentar que la acción militar se efectuó en cumplimiento de su rol de defensores de la patria y de la Constitución (artículo 272 de la Constitución)27.

Finalmente, los militares no actuaron a la manera tradicional porque no tenían ni el poder ni la autoridad para hacerlo. Ningún informe de los medios de comunicación en los meses previos a la deposición de Zelaya mencionaba la intervención militar como un peligro. De hecho, en 2009, el analista político hondureño Juan Ramón Martínez apuntaba que: «...los militares no son un peligro inmediato e individual para la democracia hondureña» (Martínez, 2009: 138), y esto, a pesar de que Zelaya había aumentado el presupuesto militar y de que, durante los gobiernos de Maduro y Zelaya, los militares desempeñaron actividades policiales en la lucha contra la violencia en el país (Barrachina, 2009b; Castellanos, 2009)28.

En resumen, con la cuestión del poder moderador de los militares es claro que la acción militar en Honduras no parece ser el comienzo de una nueva ola de golpes militares en la región, ni tampoco de un nuevo periodo de gobiernos civiles tutelados por los militares en Honduras (Alcántara Sáez, 2009). No fueron los militares los que tomaron la iniciativa de llevar a cabo este golpe, ni estuvieron interesados en tomar el control político del país, por lo que, a pesar de la radicalidad de su intervención, no es imposible que al final la misma quede acotada a los acontecimientos del 2009. Por otra parte, también es cierto que tales acontecimientos emitieron al mismo tiempo algunas señales que pueden ser tomadas como advertencia. Como argumenta Ruhl (2010), no parece un buen indicio que la clase política hondureña, conocida por funcionar sobre la base de acuerdos políticos, haya «forzado» a los militares a adoptar un papel moderador en un conflicto civil. Tampoco es una buena señal que una crisis, que en parte no se pudo resolver debido a que instituciones como la Corte Suprema, el Ministerio Público y el Supremo Tribunal Electoral se encontraban politizadas y, por lo tanto, sin legitimidad para dirimir en el conflicto Presidencia-Congreso, haya tenido como consecuencia la politización de las fuerzas militares.

IV.3. Las consecuencias

¿Qué pasó después del golpe? Aún es demasiado pronto para efectuar un análisis acabado de las consecuencias del golpe de junio del 2009 para el sistema político hondureño. Por lo tanto, en esta sección, más que especular sobre consecuencias de mediano y largo plazo, se concentra la atención en la reacción internacional a los hechos de junio, las elecciones en noviembre y la inauguración de un nuevo gobierno en enero del 2010. A pesar del control y represión parcial de los seguidores de Zelaya por la fuerza militar y policial, los militares dejaron la escena política durante esta «transición» de siete meses. Nuevamente, la estrategia comparada con otros casos en la región provee los instrumentos de análisis.

Destaca que la reacción internacional a la caída de Zelaya fue diferente a la que se ejerciera en rupturas presidenciales anteriores. Esto se debe a que el mecanismo de la deposición en este caso fue un golpe militar y no, como aconteció en otros, una ruptura llevada a cabo principalmente por las fuerzas civiles. La reacción internacional se destacó, entonces, por su unanimidad y contundencia en la condena al golpe del 28 de junio. El presidente Obama declaró inmediatamente que la destitución del presidente Zelaya sentaba un «precedente terrible» para la región (LAWR 02/07-2009). La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó una resolución rehusándose a reconocer al gobierno interino de Micheletti y pidiendo la «inmediata e incondicional» restitución de Zelaya al poder.

La Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, de acuerdo con las provisiones de la Carta Democrática, puntualizó sobre la expulsión de Honduras si no se restituía a Zelaya en un plazo de 72 horas, a lo que Honduras respondió retirándose de la organización. Varias organizaciones internacionales suspendieron programas de ayuda y préstamos al país. En este sentido, la reacción internacional confirma la importancia de los procedimientos a través de los cuales se interrumpe un mandato presidencial, pues indica que, como Marsteintredet y Berntzen (2008) han señalado, una cierta flexibilidad en cuanto a las reglas de destitución facilita salidas pacíficas y democráticas a crisis presidenciales. Tal flexibilidad estuvo ausente en el caso hondureño y facilitó una intervención militar que tensó aún más el clima político y postergó indefinidamente una solución que resultara aceptable para las partes en conflicto.

Como se ha visto, las señales de que se estaba gestando una delicada crisis en Honduras existían desde hacía tiempo. Sin embargo, la comunidad internacional sólo intervino luego de la caída de Zelaya con un reclamo unánime: la restitución del presidente depuesto. En caídas presidenciales anteriores, la protección a la democracia se había dado a través de la ayuda exterior para deponer a un presidente autocrático -como en la República Dominicana- o, en respuesta a una demanda social, para escoltar al presidente depuesto fuera del país. En Honduras, la reposición del presidente en el poder se constituyó en condición innegociable para la protección de la democracia, bloqueando cualquier tipo de solución «intermedia» o negociada entre las partes en conflicto que, por cierto, también se comportaron de manera intransigente. Así y todo resulta difícil entrever cómo la vuelta de Zelaya a la presidencia hubiera podido resolver la crisis interna que acabó con su gobierno. Considerando que tanto la Corte Suprema como el Congreso habían apoyado su destitución -aunque no el destierro-, ¿hubieran estado las organizaciones internacionales en condiciones de impedir que estas dos instituciones intentaran una nueva destitución presidencial siguiendo procedimientos más legales o constitucionales? ¿Hubiera sido posible que las dos partes del conflicto que durante meses actuaron de manera intransigente redujeran la intensidad de la confrontación y respetaran el calendario electoral?

El 29 de noviembre, tal como en la mayoría de los otros casos de ruptura presidencial, los electores penalizaron en las urnas al partido del presidente depuesto. Mientras el opositor Partido Nacional con Pepe Lobo a la cabeza obtuvo el 56,6% de los votos, el Partido Liberal con la candidatura de Elvin Santos alcanzó un 38,1% y los partidos minoritarios sumaron un total de 4,4%. Aunque con estos resultados el sistema partidario parece seguir muy estable, las elecciones de noviembre mostraron el peor resultado del Partido Liberal y la brecha más grande entre los dos partidos mayoritarios durante el último periodo democrático29. Sin lugar a dudas, los votantes culparon al Partido Liberal por haber creado la crisis del golpe. Es de destacar que en otros casos de ruptura presidencial los partidos del presidente fallido han tenido problemas para recuperarse electoralmente, pero considerando la estabilidad del sistema de partidos y la historia y fuerza del Partido Liberal, es posible que pueda contrarrestarse esa tendencia.

Las elecciones se transformaron en la salida del impasse aunque tal salida significó para muchos que la oposición a Zelaya resultó «ganadora» en el conflicto30. Sin embargo, las elecciones no parecen haber representado una solución parcial. Antes de que tuvieran lugar, se opinaba que una baja participación electoral minaría la legitimidad de las nuevas autoridades. Por cierto, la participación siguió la tendencia descendente de los últimos años y solamente un 50% de los votantes emitieron sus votos, comparado a un 55% cuatro años antes. Sin embargo, el triunfante Pepe Lobo puede contar con el mismo apoyo popular que Zelaya obtuvo en la contienda electoral anterior, ya que el 26,4% de los electores registrados emitieron su voto por Lobo, mientras que fueron un 26,9% los electores registrados que votaron por Zelaya en el 2005. Los actos electorales han constituido salidas a impasses institucionales también en otros casos: elecciones anticipadas significaron soluciones democráticas a las crisis presidenciales en los casos de Siles Zuazo en Bolivia y de Balaguer en República Dominicana como también lo fueron de algún modo las elecciones congresuales anticipadas en Guatemala.

Finalmente, a menos que el Frente Nacional de Resistencia Popular que se lanzó a las calles en contra del golpe pueda convertirse en un nuevo partido y movimiento social basado en el clivaje creado por el golpe, un reequilibrio de la democracia hondureña parece probable, como ha ocurrido en los otros casos de ruptura presidencial (Hochstetler y Samuels, en prensa). Si esto sucediera, el sistema político hondureño habría mostrado nuevamente su habilidad para mantener el statu quo (Barrachina, 2009a).

V. CONCLUSIONES

La caída del presidente «Mel» Zelaya a raíz de un golpe militar fue consecuencia de una escalada de conflictos de elite por el poder político en un sistema donde, hasta entonces, habían prevalecido los arreglos y compromisos. En estas páginas se han mostrado en detalle las diversas aristas de ese complejo conflicto institucional y se ha analizado en perspectiva comparada con otras caídas presidenciales en la región. En estas conclusiones no se profundizará acerca de las causas del escalonamiento de los conflictos o de la polarización de los actores políticos, en su lugar interesa reflexionar sobre posibles explicaciones de las dificultades que mostró el sistema político hondureño en proveer canales para dirimir esos conflictos de una manera institucional.

La primera cuestión a resaltar es que la Constitución hondureña no prevé la posibilidad de iniciar juicio político al presidente por parte del Congreso como las otras Constituciones de la región, sino que otorga a la Corte Suprema el carácter de poder mediador en caso de conflictos entre el presidente y el Congreso. Darle este rol a la Corte es una solución a medias al no tener en cuenta que la autoridad del mediador puede ser cuestionada si alguna de las partes del conflicto no la considera un actor imparcial. Como se analizó en el artículo, en los meses previos a la caída de Zelaya la justicia se transformó en parte del conflicto con el resultado de que éste no sólo no fue resuelto sino que continuó escalando.

En este sentido, la Constitución aparece como un reflejo de la tradición política acuerdista y no como un instrumento adecuado para anticipar y resolver eventuales conflictos institucionales. Esta «rigidez constitucional» que observamos parece más importante para explicar la crisis que las restricciones que otros autores han señalado a propósito de la prohibición expresa en la Constitución de reformas relacionadas con la reelección presidencial, la longitud del período presidencial, el territorio nacional y la forma de gobierno. Podría argumentarse que la inflexibilidad de estos últimos artículos empujó al presidente a desafiar la legalidad con su propuesta de reforma constitucional a través de un referendo, mientras que la falta de mecanismos apropiados para la resolución de conflictos llevó a los actores de la oposición del presidente a buscar bloquear sus iniciativas; así como a soluciones poco legales para sacarle de la Presidencia. Una carta constitucional sin mecanismos claros para dirimir parálisis y conflictos en un sistema de separación de poderes es preocupante, sobre todo si la elite hondureña no muestra capacidad para recuperar su tradición acuerdista en el futuro.

Sin embargo, en otros casos de caídas presidenciales la opción del juicio político también fue reemplazada por lecturas creativas de la Constitución -más inmediatas y realizables que el largo proceso de un juicio-, las que dieron lugar a soluciones controvertidas y complejas pero que no conllevaron el peligro de un quiebre democrático. En este sentido, la Constitución hondureña plantea un problema adicional, no ligado a la vieja tradición acuerdista sino al predominio de las Fuerzas Armadas en el pasado. Describiendo el patrón moderador de las relaciones cívico-militares en Brasil, Stepan (1971: 78-79) mostraba cómo la carta política de este país ofrecía una legitimación de jure a la intervención de los militares en política, al establecer que la obediencia militar al presidente no era automática sino condicionada a que éste actuara dentro de los límites de la ley.

En el mismo texto, Stepan (1971) menciona que trece países de América Latina daban a los militares el papel de proteger la Constitución, y citaba expresamente la carta política hondureña de 1965 donde se disponía que las Fuerzas Armadas «se constituyen para defender la integridad territorial y la soberanía de la República, mantener la paz, el orden público y el imperio de la Constitución, los principios de libre sufragio y la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República». Tal artículo (entonces 319; hoy 272) sigue presente en la Constitución hondureña actual a pesar de que otras enmiendas importantes a esa sección han sido evaluadas como positivas para el avance del poder civil. En síntesis, en un contexto de conflicto de elites de alta intensidad, con alguna de las partes dispuesta a recurrir a los militares para llevar adelante sus propios objetivos, el texto constitucional no provee frenos para tal iniciativa.

La propensión de la elite hondureña a recurrir a los militares en el conflicto que precedió a la caída de Zelaya ha sido destacada por la academia y la prensa. Podría argumentarse que tal propensión ha sido estimulada por la falta de reglas apropiadas para mediar y/o resolver conflictos según se mostraba más arriba. Podría agregarse también que faltó una base social de legitimidad democrática. Los rasgos de debilidad y apatía de la sociedad civil hondureña ubican a la democracia de este país en una situación de desventaja en tiempos de crisis si se la compara con las democracias suramericanas donde las protestas y movilizaciones sociales efectivamente mediaron en los conflictos de elite -como aliados del Congreso- para forzar la salida anticipada del presidente. De hecho, el presidente Zelaya pensó que sus políticas, nueva alianza internacional y consultas populares le proveerían de una base de apoyo que inclinaría la balanza a favor de sus metas en la lucha con el Congreso. Retrospectivamente, las expectativas de Zelaya no se correspondían con los rasgos estructurales de la sociedad hondureña. Quizás no es entonces del todo sorprendente que en ausencia de «la calle» el típico poder moderador de los conflictos de la tercera ola, los militares, aparezcan en escena ocupando ese rol tradicional.

Desde el punto de vista de la teoría de las rupturas presidenciales, las reflexiones de esta conclusión sugieren que la forma en que los conflictos institucionales estallan y son resueltos en estas democracias no es totalmente independiente del estadio de desarrollo democrático en que se encuentra el país. El caso Zelaya se suma a los otros casos de ruptura presidencial en sistemas democráticos «híbridos», como los de Guatemala, Paraguay y República Dominicana. Cuando las crisis presidenciales ocurren en regímenes de bajo nivel democrático, se pone en juego el precario sistema democrático en su conjunto y la intervención de los actores internacionales adquiere un carácter importante. Mientras que en Guatemala, Paraguay y República Dominicana las rupturas presidenciales facilitaron varios avances democráticos además de una ruptura con dudosas prácticas democráticas, la ruptura de la presidencia de Zelaya mediante un golpe se ha destacado, hasta ahora, por el restablecimiento del statu quo y la continuidad de un sistema político de rasgos democráticos cuestionables.

Footnote

1. Los autores agradecen los comentarios realizados por los evaluadores anónimos de América Latina Hoy, Revista de Ciencias Sociales.

2. Ver «Comunicado Especial / Expediente Judicial (Relación Documentada sustitución constitucional del Titular del Poder Ejecutivo, ciudadano José Manuel Zelaya Rosales)» (CSJ, 2009).

3. Lo que llamamos aquí «ruptura presidencial» ha recibido varias otras denominaciones recientemente, a saber, deposición presidencial (A. PÉREZ-LIÑÁN, 2007), fracaso presidencial (K. HOCHSTETLER y M. EDWARDS, 2009), caída presidencial (K. HOCHSTETLER, 2006) e interrupción presidencial (Y. H. KIM y D. BAHRY, 2008; L. MARSTEINTREDET y E. BERNTZEN, 2008; G. NEGRETTO, 2006; A. VALENZUELA, 2004). Puede también consultarse sobre el tema el número «Nuevas formas de inestabilidad política», vol. 49, 2008, de América Latina Hoy (http://campus.usal.es/~revistas_trabajo/index.php/ 1130-2887/issue/view/150).

4. Esta diferencia, calculada a partir de todas las elecciones en sistemas democráticos de América Latina entre 1980 y 2005 (N = 94), es significante a nivel ,01. La diferencia y el nivel de significancia son prácticamente idénticos a los resultados obtenidos para elecciones congresuales.

5. Véanse CÁRITAS (2009) y FOSDEH (2009).

6. En párrafos posteriores se hará referencia a la importancia de la presidencia del Congreso.

7. Cuatro presidentes del Congreso han sido candidatos o precandidatos presidenciales, Carlos Flores, Rafael Pineda, Porfirio Lobo y Roberto Micheletti.

8. Para más detalles, consúltese el Reglamento Interior del Congreso Nacional de Honduras: http://www.congreso.gob.hn/transparencia/reglamento-interior.

9. Santos estaba impedido de presentarse como candidato por ocupar la función de vicepresidente, por lo que colocó a Mauricio Villeda como candidato temporal. Cuando este ultimo ganó la candidatura presidencial, Santos renunció a la vicepresidencia y reemplazó a Villeda como el candidato oficial del Partido Liberal. Véase M. TAYLOR-ROBINSON (2009).

10. La reforma electoral del 2005, que cambió el sistema electoral del Congreso de listas cerradas a listas abiertas, también disminuyó el poder del presidente saliente sobre su partido y los congresistas. En el sistema anterior, el presidente saliente negociaba las candidaturas para las listas congresuales con las distintas facciones parlamentarias. Luego de la reforma electoral, los candidatos congresuales no dependieron más ni de los líderes de las facciones ni del presidente actual, sino de lo que obtuvieran en las urnas con sus propios votos personales. Tanto Ajenjo como Taylor-Robinson especularon que esa reforma podía complicar las relaciones entre el Congreso y el presidente. Véanse N. AJENJOFRESNO (2007); M. TAYLOR-ROBINSON (2006).

11. Aunque pocos observadores veían a los militares como un peligro para la democracia antes del golpe del 28 de junio, durante el conflicto presidente-Congreso por la elección de los nuevos jueces de la Corte Suprema en enero del 2009 corrieron rumores de que el gobierno, representado por su entonces ministro de Defensa Aristides Mejía, estaba dispuesto a utilizar la fuerza militar ya sea para convencer al Congreso de elegir los candidatos preferidos por el gobierno o para cerrar el Congreso por fuerza (veáse, por ejemplo, el periódico La Nación de Costa Rica: «Juramentan Corte Suprema en Honduras», 26/01-2009, y «Congreso hondureño elige magistrados y supera crisis», 27/11-2009). También los periódicos locales trataron este caso con detalle.

12. Veáse El Heraldo. «Mel anuncia plebiscito para Constituyente», 21/11/2008.

13. Veáse «Comunicado Especial / Expediente Judicial (Relación Documentada sustitución constitucional del Titular del Poder Ejecutivo, ciudadano José Manuel Zelaya Rosales)» en: http://www. poderjudicial.gob.hn/ejes/comunicados. Para un análisis crítico de la legalidad de las acciones del poder judicial, ver el texto del ex ministro de Defensa del gobierno de Zelaya, Edmundo Orellana, sobre los incidentes: «Golpe de Estado en Honduras, un análisis jurídico»: (http://voselsoberano.com/ v1/index.php?option=com_content&view=article&id=856:golpe-de-estado-en-honduras-un-analisisjuridico- por-edmundo-orellana&catid=1:noticias-generales). También véase el análisis de los eventos presentado al Congreso de EE.UU. que fuera preparado por expertos en temas jurídicos internacionales del Library of Congress de EE.UU. N. GUTIÉRREZ (2009).

14. Este segundo decreto de Zelaya sólo fue publicado el 25 de junio de 2009, esto es, tres días antes de la celebración de la encuesta, lo cual impidió que la oposición y el sistema judicial pudieran pronunciarse a tiempo (La Gaceta, junio 25, 2009, 31, 945: 3-4).

15. Estas disposiciones constitucionales han motivado a muchos analistas a señalar que la rigidez de la Constitución ha sido una de las causas de la caída presidencial (por ejemplo, K. CASAS-ZAMORA, 2009). Sin embargo, D. Nolte muestra que, de acuerdo con los parámetros de medición de rigidez constitucional que utiliza normalmente la ciencia política, la Constitución hondureña se encuentra en un nivel intermedio. Véase D. NOLTE (2010). Esto se prueba, además, con el hecho de que durante el último período democrático se materializaron varias reformas constitucionales en Honduras. De todos modos, como afirma este autor, la prohibición expresa de la reforma del artículo de la reelección pone a Honduras a contramano de la tendencia reeleccionista prevaleciente en la región y este aspecto en particular la convierte en especialmente rígida para este contexto.

16. El plan era destituir al presidente ese mismo día, pero debido a desacuerdos sobre la sucesión presidencial, y a la falta de apoyo del embajador de EE.UU. a tal iniciativa, no hubo suficiente apoyo dentro del Partido Liberal para iniciar un proceso de inhabilitación del presidente Zelaya. Véanse I. MORENO (2009c); L. SALOMON (2009).

17. Veáse artículo 205, numeral 15. De hecho, varios políticos y académicos argumentan que el Congreso de Honduras no cuenta con la facultad de hacer juicio político al presidente. Véanse E. ORELLANA (2009); L. SALOMON (2010).

18. La Corte argumentó que, aunque el presidente tiene derecho a destituir al jefe del Estado Mayor (veáse, por ejemplo, J. M. RUHL, 2004), la remoción de Vásquez Velásquez por parte de Zelaya no cumplió con la Ley Constitutiva de las Fuerzas Armadas que indica que el jefe del Estado Mayor solamente puede ser destituido por causas de renuncia, incapacidad, una sentencia en su contra o la suspensión de su ciudadanía.

19. En una entrevista con El Faro, el consejero legal de las Fuerzas Armadas, coronel Bayardo, admitió que enviar a Zelaya al extranjero había significado una trasgresión a la ley, pero argumentó que la decisión de la cúpula militar había apuntado a evitar un derramamiento de sangre y una mayor escalada del conflicto (http://www.elfaro.net/secciones/Noticias/20090629/noticias16_20090629.asp).

20. Por ejemplo, el artículo 102 de la Constitución estipula que ningún hondureño puede ser expatriado.

21. Veáse http://www.elheraldo.hn/Ediciones/2009/06/29/Noticias/Zelaya-planificaba-disolverel- Congreso (consultado el 25 de agosto de 2009).

22. No se han encontrado los datos oficiales del Congreso hondureño para saber a ciencia cierta cuáles fueron los números de la votación. Los datos que citamos han sido proporcionados por la prensa hondureña, aunque es preciso tener en cuenta que, según otras fuentes (como el periódico El País), los votos en contra ascendieron a 28.

23. Veáse «Diálogo Guaymuras. Acuerdo Tegucigalpa/San José para la reconciliación nacional y el fortalecimiento de la democracia en Honduras», consultado el 24 de abril de 2010, http://www. laprensa.hn/var/laprensa_site/storage/original/application/b97a02bc3619d207d7ea89ed6d00b394.pdf. El acuerdo Tegucigalpa/San José reemplazó al Acuerdo de San José, el primer acuerdo de reconciliación auspiciado por el presidente de Costa Rica, Óscar Arias, el 22 de julio de 2009, veáse: http://www. rree.go.cr/Acuerdo-Mediacion-Honduras.doc.

24. Latinobarómetro 2008 reporta un 35% de aprobación del gobierno. Tres países recibieron peor evaluación que Honduras en este estudio: Argentina, Nicaragua y Perú. Honduras también cuenta con uno de los peores resultados económicos y sociales de Centroamérica y con la peor evaluación de la gestión gubernamental de los países centroamericanos. Véanse, J. A. BOOTH y M. SELIGSON (2009: 89); P. TRUJILLO (2009). Veáse también el informe de Latinobarómetro 2009 (LATINOBARÓ- METRO, 2008, 2009).

25. No obstante, Mahuad nunca volvió a la presidencia y se decidió dejar el poder en manos del vicepresidente Álvaro Noboa. En este sentido, éste también fue un golpe exitoso.

26. No se comparte la opinión del informe de LATINOBARÓMETRO (2009: 4) donde se comparan las acciones militares contra Zelaya con el golpe de Estado en Chile en 1973 contra el presidente Allende. Con una opinión similar a la nuestra, J. M. RUHL (2010: 98) afirma «But this was not your father's military coup».

27. De nuevo, las palabras de A. STEPAN (1971: 75) sobre Brasil tienen relevancia para el caso hondureño: «The constitutional obligation of the military to ensure proper functioning of and balance between the executive, legislature, and the judiciary has meant that in any clash between the president and the legislature, appeals have been made by civilians to the military to fulfill their constitutional obligation to defend the prerogatives of the Congress». Para complicar aun más las cosas, los militares tienen el mandato constitucional especial de asegurar la «alternabilidad» presidencial y, bajo las órdenes del Supremo Tribunal Electoral, el desarrollo pacífico de las elecciones (artículo 272).

28. Zelaya aumentó los gastos de la Secretaría de la Defensa Nacional en un 100% entre 2006 y 2009, mientras que los gastos totales de la administración central aumentaron sólo un 50% en el mismo periodo. Para los datos presupuestarios, véase la Dirección General de Presupuesto de la Secretaría de Finanzas: http://www.sefin.gob.hn/portal_prod/ (página consultada el 14 de abril de 2010).

29. El peor resultado para el Partido Liberal había sido un 43% en las elecciones en 2001 y la brecha más grande entre los dos partidos, de 13 puntos porcentuales en comparación con los 18 puntos del 2009.

30. A raíz del boicot internacional, las elecciones hondureñas no fueron observadas por la OEA. Sin embargo, el proceso electoral fue observado por la organización local HAGAMOS DEMOCRACIA (2009) (http://www.ndi.org/hdfinalreport) y por el National Democratic Institute de EE.UU., el cual mandó un equipo de observación el día electoral (http://www.ndi.org/node/16060). Sus observaciones concluyeron que las elecciones cumplieron con los requisitos de una elección limpia y democrática. Sin embargo, ésta dista de ser una opinión unánime. Para una opinión crítica a la diplomacia internacional después del golpe y a las elecciones hondureñas, consultar M. CAMERON y J. TOCKMAN (en prensa, 2010).

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