«La represalia de Cromwell» y los mercaderes ingleses en España (1655-1667)1

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RESUMEN

«La represalia de CromweII» constituye uno de los acontecimientos más relevantes de los acaecidos en las relaciones entre Inglaterra y la Monarquía Hispana durante la segunda mitad del siglo XVII. La toma de Jamaica y el bloqueo del puerto de Cádiz efectuados por escuadras armadas por el Protector entre los años 1654 y 1656 provocaron la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambas potencias, y llevaron a Felipe IV a decretar la expulsión de los subditos británicos de todos los territorios de la Monarquía Católica, así como el embargo de sus bienes y efectos. La importancia de este conflicto, que aún permanecía por estudiar, radica en un liecfio de primera magnitud: la consolidación de la «guerra económica» como un instrumento de política exterior. El estudio incluye un análisis institucional de la Junta de Represalias y examen de la contabilidad de los efectos, mercancías y dinero embargados a los mercaderes ingleses, escoceses e irlandeses en Santander, San Sebastián, Bilbao, Reino de Galicia, Madrid, Málaga, Cádiz e Islas Canarias.

ABSTRACT

'The reprisal against CromweIT constituted a relevant event occurred among England and Spanish Monarcfiy's external relations during the second half of the seventeenth century. Ttie conquest of Jamaica and the blockade of Cadiz's port on behalf of the English fleet during the years 1654 and 1655 provoked a break of diplomatic relations between both territorial powers. As a consequence of these events Felipe IV ordered the expulsión of the English living in Spain and the seizure of all of their possessions. This conflict can be seen as the consolidation of 'economic war' as an instrument of foreign policy. The article includes an analysis of the Junta de Represalias (institution in charge of the reprisal), its book-keeping, and an account of the money and goods obtained from English, Scottish, and Irish merchants in Santander San Sebastián, Bilbao, Reino de Galicia, Madrid, Málaga, Cádiz e Islas Canarias,

INTRODUCCIÓN

En la era de las manufacturas la conquista de mercados, la adquisición de una parte del precioso metal que llegaba de Las Indias y el fortalecimientos del tráfico de mercancías para consolidar las redes comerciales y la producción naval, conformaron los principales motivos que desencadenaron la «guerra económica» entre las grandes potencias europeas del siglo xvii. Este tipo de lucha no se concretaba simplemente con acciones más o menos ofensivas entre los estados contendientes, sino sobre todo a partir de unas estrategias mercantilistas que perseguían el interés particular de cada uno de ellos en menoscabo del de la comunidad internacional. Estas políticas se basaban en el refuerzo de las aduanas con el consiguiente incremento de tarifas arancelarias, el establecimiento de monopolios o en prohibiciones de introducir mercancías extranjeras y exportar determinados productos a otros territorios. Fue un periodo, además, en el que todo el mundo intentaba participar del comercio colonial con las Indias Occidentales, sobre el que la Monarquía Hispana ejercía-o al menos lo intentaba-un rígido monopolio.

Desde el punto de vista comercial, durante la mayor parte del siglo xvii las relaciones entre la Monarquía Hispana e Inglaterra fueron buenas, en especial para los mercaderes ingleses frente a los de otras entidades territoriales europeas, pues se habían visto beneficiados con relevantes privilegios en el tráfico mercantil con España. De hecho, tras el corto periodo de ruptura registrado entre 1625 y 1630, en este último año se firmó un nuevo tratado de amistad, cuyo contenido en realidad sólo reeditaba anteriores acuerdos de colaboración y buen entendimiento comercial. En 1645, a cambio de 4.000 ducados, los británicos obtuvieron nuevas concesiones para el comercio con España y las Indias Occidentales. Hasta la mitad de la centuria del Seiscientos los mercaderes anglosajones se encontraban bien asentados en zonas portuarias como Málaga, donde un grupo de ellos llegó incluso a elevar en 1652 un memorial a Felipe IV solicitando la incorporación de un juez privativo para el conocimiento exclusivo de sus causas judiciales y sus negocios ".

De acuerdo con los especialistas, en sus intercambios con España y Portugal, Inglaterra disfrutaba de una balanza comercial favorable, porque no sólo proporcionaba a los mercaderes británicos parte del metal que necesitaban para supíementar otros negocios, sino que además Castilla constituía una rica fuente de materias primas necesarias para sus manufacturas, así como de algunos productos de lujo (vino, aceite, frutas) muy apreciados por los consumidores de las islas. Por añadidura, y sin necesidad de llegar a la Navigation Act de 1660, el transporte era llevado a cabo en gran medida por barcos británicos. De Vizcaya, a través del puerto de Bilbao, aunque también del de San Sebastián, salía la lana castellana. Durante la segunda mitad del siglo xvii se hia calculado que el total de lana exportada sumó cerca de 40.000 bolsas de 8 arrobas cada una. De ellas, 27.000 procedían de Segovia y Soria. Otras materias primas de exportación demandadas para la manufactura de este producto-en el proceso de lavado-eran el jabón y el aceite. Gran parte del primero se producía en Canarias, y del segundo en Andalucía. Los tintes-en especial los procedentes del índigo y la cochinilla-también eran muy solicitados, éstos venían de Cádiz tras haber sido importados de las colonias. Hierro de buena calidad era exportado a través de Bilbao. Buen vino y frutas-naranjas, limones, almendras...-también eran muy estimados por los ingleses, aunque sólo unos pocos tenían acceso a estos productos considerados de lujo.

Los mercaderes castellanos, en cambio, compraban en Inglaterra productos ya manufacturados de lana, pescado seco o salado (bacalao y sal-món especialmente), metal, cuero, cera, mantequilla, etc. De ahí que algunos escritores ingleses de panfletos consideraran a España como «The Darling and the Silver Mine of England» o «The best flower in our garden », pues les abastecía del necesario metal precioso, constituía un espléndido mercado para sus manufacturas de lana y su pescado, así como una fuente inagotable de materias primas y de mercancías de lujo y otras más baratas. Por añadidura, el comercio colonial español no estaba monopolizado por ninguna compañía en particular, como era el caso de la East Indian Company en las Islas Británicas. Estas relaciones de intercambio con España que favorecían a Inglaterra frente a otros países se extendían también a los territorios americanos. En ellos, la incapacidad de los mercaderes españoles para abastecer de ciertos productos a los principales enclaves, la restricción de las actividades manufactureras a los colonos, así como la prohibición de comerciar directamente con manufacturas procedentes de otros países productores, posibilitó a los mercaderes británicos el abastecimiento casi en exclusiva de productos manufacturados de lana, de sombreros, de seda, cobre, relojes, juguetería, etc. Es cierto que Inglaterra, seguida de Holanda, era el país europeo que más mercancías españolas importaba, al consumir cerca de dos tercios de todo el producto hispano exportado. Pero no lo es menos que una de las claves de la expansión comercial inglesa se debió al «nuevo mercado español» y al negocio de la re-exportación, particularmente de productos como el azúcar, el tabaco y el algodón, los cuales llegaron a comprender en valor dos tercios de las importaciones de Inglaterra desde las colonias, y casi dos tercios de las re-exportaciones de Inglaterra a Europa.

Tras el triunfo de la Revolución Inglesa, la política exterior del Parlamento cambió por completo la trayectoria de las relaciones entre Inglaterra y la Monarquía Hispana. Incluso una vez fenecido el Protectorado, ya nunca volvieron a encauzarse como antes de 1649. CromweII hacía guiños a españoles y franceses simultáneamente, mientras atacaba la estructura mercantil y militar de Holanda. Las condiciones que impuso el Parlamento inglés para establecer relaciones de amistad con el Rey Católico fueron la libertad de comercio con las Indias y el privilegio de compra de lanas, además de ciertas cláusulas relativas a la religión, si bien no consiguió ninguno de sus propósitos. Por su parte, Felipe IV practicaba una política no menos ambigua, dado que tras el triunfo de CromweII ordenó la perma-nencia de su embajador (Alonso de Cárdenas) en Londres, reconociendo al poco tiempo la nueva República de Inglaterra. Paralelamente, empero, el monarca español firmó un tratado secreto en abril de 1656 con Carlos II, mediante el cual se comprometía a ayudarle militarmente a restaurar la monarquía en Inglaterra, a cambio de que el Estuardo le auxiliara en la recuperación Portugal.

CromweII optó a la postre por la alianza con Portugal, lo que chocaba frontalmente con los intereses españoles. Mediante el tratado de confederación y comercio firmado en Westminster en julio de 1654 entre CromweII y Juan IV, los ingleses se aseguraban el abastecimiento y distribución de especias, así como la libertad de tráfico con Brasil (pagando en Lisboa los derechos), aunque también con el resto de las Indias Occidentales y Orientales. Este sería el primero de una serie de acontecimientos hostiles hacia la Monarquía Hispana que acabarían precipitando el conflicto entre ambas potencias. En efecto, tras la firma de su acuerdo con Portugal en 1654, CromweII hostigó unilateralmente intereses españoles que resultaban clave para la política de Felipe IV y en unos momentos de apuros hacendísticos sin precedentes en Castilla °. En este escenario, una escuadra del Parlamento solicitó varios bajeles de la Armada Real Inglesa que se encontraban en el puerto de Santander, pero su demanda fue rechazada por las autoridades locales, y seguidamente, con unos pretextos más que dudosos, 30 navios ingleses con 1.040 cañones y 5.300 hombres cruzaban las aguas de Cádiz y del cabo de San Vicente. La respuesta no se hizo esperar, y en septiembre de 1655 se armó y echó al mar la escuadra española de la Guarda de Indias a cargo del general Don Pablo Fernández de Contreras, con 35 barcos, de los cuales 28 eran de guerra. De agosto a octubre de ese año pasó la escuadra delante de la armada inglesa en las costas de Portugal en múltiples ocasiones, pero en ninguna de ellas se llegó a abrir fuego ".

Unos meses más tarde, según ha descrito Cesáreo Fernández Duro, los almirantes Blake y Montague bloquearon la escuadra de Cádiz y merodearon por Marbella, Cartagena, Motril, Ayamonte y Sanlúcar, entrando luego en Málaga para causar graves daños y quemar algunos buques extranjeros. Su objetivo era el bloqueo del Atlántico ibérico y la captura de la flota de Indias, además de abrir una brecha en el Mediterráneo a través de Gibraltar. En septiembre de 1656 llegó al cabo de San Vicente la flota de Tierra Firme, que venía reducida a ocho velas. No tenía noticias del rompimiento de hostilidades con los ingleses, por lo que sin recelo continuó hasta Cádiz, y al llegar a la bahía fue atacada despiadadamente. Dos mercantes lograron refugiarse en Gibraltar y el resto fue hundido o apresado, apoderándose de un botín, según los propios piratas, de dos millones de pesos. La flota de Nueva España no corrió mejor suerte, pues aunque tuvo aviso del peligro y tomó rumbo a las islas Canarias, fondeando sin problemas en Santa Cruz de Tenerife en febrero de 1657, los diez millones y medio de pesos que se dice transportaba estimularon de nuevo las apetencias de Blake por los tesoros ajenos, y se lanzó raudo en su busca. El 29 de abril se avistaron en Las Palmas 36 velas-presumiblemente inglesas-y en escasos días ya estaban encima de la flota de Nueva España.

Fue sin embargo la toma de Jamaica por una escuadra enviada directamente por CromweII el hecho que más irritación causó en Felipe IV y su gobierno, y lo que llevó el conflicto a su máximo apogeo. Una conquista, sin previa declaración de guerra o de cualquier otra naturaleza, que sentaría en lo sucesivo un íncomodísímo precedente para los intereses hispanos, al tratarse de la primera adquisición permanente por parte de una potencia europea de un enclave importante de la América española. Ingleses, fran-ceses y holandeses habían efectuado durante décadas pequeñas conquistas en las islas del Caribe y Las Antillas, si bien lo acaecido en 1655 constituía ya un agravio de otra dimensión. A comienzos de aquel año se presentó en Santo Domingo una escuadra de 30 navios de guerra ingleses; se trataba de la armada, al mando del almirante Penny, que despachó Cromwell para conquistar Puerto Rico y La Española, campaña para la cual habían reclutado piratas de todas aquellas islas, consiguiendo de esta forma un ejército de casi 10.000 hombres. El 5 de mayo intentaron la invasión, pero los españoles consiguieron repelerla, con lo que los ingleses pusieron rumbo a Jamaica. Allí no había guarnición, y su población no superaba los 3.000 habitantes, pues según cuenta Fernández Duro «por la pobreza de producción, comparada con otras (islas), siempre fue tenida en poco». Tras la toma del enclave, Penny y Venables decidieron dejar en Jamaica un cuerpo de 3.000 hombres sostenidos por 20 navios de guerra, para de este modo continuar hostigando la zona en busca y persecución de los barcos cargados con plata. La escuadra que dejaron en Jamaica señoreaba ahora el mar de las Antillas, toda vez que no había en la zona ningún bajel de guerra español'".

Tras estos duros golpes el pesimismo se adueñó de la Corte de Madrid. Barrionuevo escribía: «Las Indias volaron, que ni las hemos de poder mantener, ni defendernos en nuestro rincón». Se coreaba también esta otra sátira anónima que merece la pena reproducir aquí:

Por las Indias de Castilla

No daré una blanca ya

Que el inglés, acá ni allá.

No deja pasar barquilla.

De la plata es la polilla.

De España la confusión.

Borrón de la religión.

Asombro del que navega.

Gallo que turba y que ciega

Hoy solamente al león

La toma de Jamaica y el bloqueo de la embocadura del puerto de Cádiz-imposibilitando la salida de las flotas de Indias y la entrada de navios-dieron al traste con los acuerdos firmados por ambas potencias, y forzaron la aprobación de la pragmática de abril de 1656, mediante la cual se decretaba la expulsión de los ingleses de los territorios de la Monarquía Hispana, así como el embargo de todos sus bienes y mercancías, además de la prohibición de comerciar con subditos de los reinos de Inglaterra, Irlanda y Escocia. El 24 de octubre de ese mismo año Felipe IV ordenó abandonar Londres a su embajador Alonso de Cárdenas, el mismo día en que Inglaterra firmaba un nuevo tratado con Francia No era en todo caso la primera vez que, tras una ruptura diplomática, se decretaba la represalia contra el enemigo. Con ocasión de las hostilidades surgidas en Holanda, en 1604 se prohibió el comercio con los mercaderes neherlandes. La desobediencia de éstos llevó de nuevo a prohibir en 1623-4 la importación de sus manufacturas a territorios españoles. El ataque a Cádiz de una escuadra enviada por Carlos I de Inglaterra en 1625 derivó en represalias contra los comerciantes ingleses, las cuales se materializaron en el embargo de sus bienes así como la suspensión de la salida del correo, y acabaron prolongándose hasta 1630 s. El apresamiento por parte del gobernador de Provenza de tres barcas que transportaban plata de Barcelona a Genova en 1625 produjo como respuesta el embargo de los bienes de franceses afincados en España. En 1635 se rompieron de nuevo hostilidades con Francia, y en 1667 los comerciantes franceses sufrieron por enésima vez los efectos de una dura represalia."

LA REPRESALIA DE 1656 CONTRA LOS INGLESES

En el encabezamiento de la sanción, Felipe IV acusó a los ingleses de faltar a la amistad y buena correspondencia que existía entre los subditos de unos y otros reinos, así como de haber movido una guerra injusta y voluntaria, sin denunciarla primero, ni haber precedido los demás requisitos necesarios y acostumbrados en semejantes rompimientos. Las hostilidades unilaterales del Parlamento legitimaban al Rey Católico para emprender acciones defensivas, como así se explicitaba en el propio documento, en el cual el monarca manifestaba no poder faltar a la defensa de los reinos y señoríos que Dios le había dado, ni a la justicia y satisfacción de sus vasallos. Por esas razones le parecía justo intentar obtener recompensa de los daños que a buen seguro resultarían de la guerra, de ahí la orden de efectuar embargo general de los bienes y hacienda de los ingleses, expulsar de los territorios de la Monarquía Hispana a aquéllos que no fueran católicos y fijar la residencia 30 leguas tierra adentro de quienes siéndolo quisieran quedarse en ellos.

Junto a esas medidas preliminares se adoptaron otras, como la prohibición del trato, comercio y correspondencia con las naciones inglesa, irlandesa o escocesa, y se diseñó el modo de llevarlas a la práctica. En adelante no se admitirían en puertos españoles bajeles de fábrica inglesa, ni mercaderías, manufacturas u otros frutos procedentes de aquellos reinos, o de otros cualesquier si eran transportados en mercantes británicos. Se pretendía que la prohibición fuese real, por lo que tampoco se admitirían mercancías inglesas conducidas en barcos con banderas de otros estados. Y si esto se producía, o se albergaba sospecha, se iniciarían investigaciones cuyos resultados dictaminarían si confiscar o no los navios. En caso de confiscación, los barcos se aplicarían a la armada, mientras las mercancías se distribuirían en tres partes, dos para la Real Hacienda y una para el juez y denunciador que conociese la causa y aprehendiese dichos efectos.

Al igual que a comienzos de 1650, cuando el soberano asimiló el comercio con franceses y portugueses al crimen de Lesa Majestad \ Felipe IV declaró en esta ocasión que estarían condenados a muerte todos aquellos que introdujesen en sus reinos géneros de las islas británicas. Pero no sólo se prohibió la entrada de mercancías inglesas, sino también su uso dentro de los territorios de la Monarquía, de ahí que se ordenase a todos los mercaderes de por menor, factores, encomenderos y corredores de lonja que tuviesen géneros procedentes del país enemigo los registrasen ante las justicias ordinarias de sus respectivas poblaciones en un plazo de 15 días a partir de la publicación de la pragmática, y en la Corte ante el licenciado Don Jerónimo Camargo, al objeto de conocer la cantidad de bienes que había «en ser» e impedir la entrada de otros nuevos. Además de registrarlos, se establecía un plazo de seis meses para consumirlos, declarando por perdidos los que quedasen por gastar. Si bien este plazo resultaba insuficiente en algunos puntos de la península, como Cádiz, donde al no salir la flota de América debido al bloqueo de su puerto por los ingleses, no podían dar salida a las mercancías. Por esa razón los comerciantes gaditanos solicitaron al gobernador un permiso especial para conservarlas hasta la partida de la siguiente flota. Su petición conoció una respuesta afirmativa en noviembre de 1656 2.

Para poner a cobro todas estas mercancías en Madrid, las personas designadas al efecto habrían de visitar las tiendas, casas de mercaderes, factores y tratantes, y efectuar registros, sin que para entrar en ellas necesitasen permiso, información o probanza de almacenar los bienes prohibidos que se buscaban. En las demás ciudades, villas y lugares del reino serían las justicias ordinarias, con asistencia de un regidor y escribano del ayuntamiento correspondiente, quienes se encargarían del asunto, evitando tomasen alguna mercancía en concepto de costa, salario o derecho. A diferencia de lo que se estipuló para Madrid, y con objeto de evitar los fraudes que solían cometer los ministros del ramo, éstos no estaban autorizados a efectuar visitas a tiendas o almacenes sin información suficiente de que en ellos había lo que se buscaba y sin orden de registro firmada por el juez. Como se sabía que algunas mercancías inglesas se manufacturaban en Flandes, Alemania u Holanda, y no se pretendía romper relaciones con estos otros territorios, se optó por nombrar un perito que examinase los productos en cuestión y determinase con la mayor exactitud posible su lugar de fabricación, a fin de evitar se introdujesen los elaborados dentro de las islas británicas por confundirlos con aquellos otros procedentes del Norte de Europa.

Un año más tarde, en septiembre de 1657, se redactó una pragmática sobre el comercio de trajes en la que se ratificaba la prohibición de comerciar con manufacturas inglesas, pero también con productos franceses y portugueses '. En ella se avisaba además de que el plazo de seis meses de gracia que se concedió para vender todo lo procedente de Inglaterra había expirado, por lo que en adelante no debería exliibirse nada proveniente de aquel país en las tiendas. Por añadidura, ya nadie podía vestirse ni lucir ropa británica ni usar efectos procedentes de la isla. A los sastres que trabajasen con telas o materias primas elaboradas allí se les multaría con 20.000 maravedís la primera vez que fuesen aprehendidos, y 40.000 por la segunda, al tiempo que serían expuestos a vergüenza pública. No obstante, para liquidar los géneros de esos reinos enemigos existentes en los comercios españoles, se permitía pasarlos a las Indias, aunque registrándolos primero ante la justicia ordinaria.

Al igual que ya ocurriera con otros procesos de represalia ordenados por la Monarquía Católica durante el siglo xvii ', se instituyó una Junta para estudiar todo lo relativo al embargo. El nuevo organismo se constituyó con miembros de los consejos más relevantes: Estado, Hacienda, Guerra..., así como con personal técnico y subalterno más idóneo para establecer las directrices a seguir según el contenido de la pragmática y ejecutar al tiempo las órdenes emanadas del órgano rector. La Junta de Represalias de ingleses quedó formada por don Juan Ordóñez y don Francisco Panlagua y Zúñiga como fiscales; Diego de Chavarría como agente fiscal; como tesorero don Francisco f\/lanzano, que era miembro del Consejo de Su Majestad desde1651 y asimismo tesorero del Consejo de Guerra y de las Haciendas del Contrabando. Se nombró contador de la Junta a don Juan González de Zarate, contador general de justicia del Consejo de Guerra y de las Haciendas del Contrabando y elegido en 1667 tesorero de la Junta de represalias de franceses. Se nombró oficial de la Contaduría a Luis de Ugarte, oficial mayor al licenciado don Antonio de Rocas, relator a don Antonio Canseco y escribano a Juan de Miranda. Otros miembros de la Junta fueron el duque de Sanlúcar, el de Medina de las Torres, el Varón de Uchi, don Antonio de Vinania y Elazárraga, Caballero de Santiago, nombrado consejero de Su Majestad en 1663; don Francisco de Solís Obando, nombrado consejero de Su Majestad en 1647; don Miguel de Salamanca, Caballero de Santiago, nombrado consejero en 1652, que además fue presidente del Consejo de Hacienda, así como de la Sala de alcaldes de Casa y Corte; don García de Forres y Silva, Caballero de Santiago, nombrado conse-jero en 1652, y finalmente a los señores don Fernández del Campo y Ángulo, don Gregorio de Tapia, don Pedro de Aragón, don Fernando de Fonseca y Nicolás Rey.

Una vez constituida la Junta ésta comisionó a diferentes ministros para efectuar los embargos en todos los dominios de Felipe IV. Los comisionados eran en realidad los principales responsables del gobierno y administración de la Monarquía: los corregidores del señorío de Vizcaya, provincia de Guipúzcoa, Cuatro Villas, Principado de Asturias, Gibraltar, Málaga, Granada, Guadix, Oviedo, Laredo y Almería; los Gobernadores y Capitanes Generales del Reino de Galicia, Costas de Andalucía e Islas Canarias; los Virreyes y Capitanes Generales del Principado de Cataluña, Corona de Aragón y Mallorca; los Virreyes de Navarra, Cerdeña y Ñapóles; los Señores Coíoma y Jerónimo de la Torre para Flandes; el Teniente Capitán de la Costa del Reino de Granada; los Gobernadores de Cádiz, Sanlúcar, Ibiza, Menorca y Ayamonte; así como el Presidente y oidor de la Cnancillería de Granada, el oidor de las Islas Canarias y el presidente de la Casa de Contratación de Sevilla e.

Decretada la expulsión y embargo de los ingleses, irlandeses y escoceses residentes en los territorios de la Monarquía Católica, y creado el instrumento institucional para llevar a cabo la represalia, los comisionados la acometieron de inmediato, pues entre finales de 1656 y comienzos del siguiente ya se habían incautado del grueso de sus haciendas y vendido después en la almoneda. Pero los problemas que fueron surgiendo en su transcurso la prolongaron hasta finales de la década de los 60. Una dudosa contabilidad, abusos de los oficiales, recursos interpuestos por ingleses naturalizados, sus mujeres españolas o mercaderes españoles deudores de ingleses, constituyeron el principal motivo de prolongación. Lo cierto es que la contabilidad de la represalia no era fácil de llevar de un modo preciso y transparente, porque lo recaudado no se guardaba en una caja única, sino que se entregaba a depositarios, agentes financieros que además de retirar de inmediato sus emolumentos libraban dinero para diferentes fines, según lo ordenara la autoridad competente. Con el dinero recaudado en manos de los depositarios se pagaban salarios y costas a los oficiales subalternos, se sufragaban deudas contraídas por ingleses con la administración o se adelantaban partidas que no se habían cobrado aún. Como ejemplo basta apuntar que en la contaduría de la represalia existían todavía en 1674 dieciséis pleitos, y que el 4 de abril de ese mismo año entró otro más contra dos mercaderes que habían comprado sombreros despachados de la propia contaduría.

El caso de los ingleses naturalizados era muy complejo y no se sabe a ciencia cierta qué requisitos eran necesarios para obtener semejante estatus y librarse así de la expulsión de España y del secuestro de los bienes. En febrero de 1658 un inglés llamado Eduardo Hermán solicitó al soberano, a través del Consejo de Aragón, permiso para vivir en Alicante, pero su petición fue rechazada. Sin embargo, dos años después, la misma solicitud, aunque para vivir en Málaga, fue realizada por Raphael Vadense, y en esta ocasión el pretendiente obtuvo la licencia ''. Pero existen otros ejemplos mucho más llamativos. Un mercader inglés asentado en Madrid llamado Santabi pretendió librarse de la represalia alegando llevaba residiendo en la Corte desde hacía más de veinte años, pero su solicitud fue rechazada. En cambio, un conocido prestamista de Felipe IV en la década de los 40 llamado Benjamín Ruit no solamente evitó el embargo, sino también tuvo la suerte de evadirse, con toda probabilidad, del pago de una elevadísima deuda de 130.000 ducados que le exigía otro mercader británico, León de Ubaque. La deuda de Ruit a favor de Ubaque era reconocida por el propio deudor-de hecho su acreedor había entablado un pleito contra los bienes del primero-si bien la Junta resolvió liberar de la represalia a Benjamín debido a que éste vivía en la Corte desde hacía 36 años y tenía cédula de naturaleza desde 1641, por lo cual le devolvieron sus bienes, y posiblemente eludió de la obligación que tenía contraída con Ubaque.

Algunos agentes comerciales irlandeses (Don Juan del Águila, Leonardo Bilque y Cornelio Cazón), pretextando eran católicos, solicitaron al Conde de Molina el desembargo de sus bienes. El mismo pretexto les sirvió también para sustituir a algunos mercaderes ingleses, ya continuando sus negocios o liquidando sus contratos pendientes. De las expulsiones de subditos de Gran Bretaña se tiene noticia de una leva de 143 irlandeses que formó el maestre de campo Don Cristóbal Mayo, la cual fue conducida en 27 días a Fuenterrabía para su embarque a las islas, y cuyo coste se elevó a 602 reales de a ocho.

CUENTA Y RAZÓN

Aunque uno de los objetivos explícitos de la pragmática era intentar obtener recompensa de los daños que resultarían de la guerra, es seguro que los perjuicios ocasionados por el conflicto fueron muy superiores a los ingresos obtenidos de la represalia contra los ingleses. En términos exclusivamente contables, los 200.418 ducados de vellón y los 59.020 de plata resultantes de los embargos efectuados a los de «nación inglesa» en Cádiz, Bilbao, San Sebastián, Santander, Málaga, Islas Canarias y Madrid, en modo alguno compensaban la pérdida ¡para siempre! de Jamaica, los dos millones de pesos capturados por los británicos en Cádiz a la flota de Tierra Firme y los diez y medio perdidos por la flota de Nueva España cuando fue atacada en Tenerife en 1657. Un triste balance para la Monarquía Hispana en suma, es el que parece desprenderse de su guerra con la «pérfida Albión». Pero es necesario señalar que la beligerancia de CromweII contra España tuvo asimismo una repercusión muy negativa para Inglaterra. En este sentido, McLachlan observó en su estudio sobre las relaciones comerciales entre ambas potencias que aunque en principio la política del Parlamento fue muy popular entre los ingleses por lo que representaba de vuelta a la vigorosa estrategia de búsqueda de tesoros iniciada por Isabel, después causó un gran disgusto a los mercaderes y menoscabó más de lo que se había pensado el desarrollo de la industria textil y la construcción naval. Este autor llegó incluso a concluir que Inglaterra sufrió más que su enemigo en este conflicto, porque tenía mayor número de barcos destinados al comercio y por tanto en peligro de captura, pero sobre todo porque el 90 por ciento de los traficantes que trabajaban con el mundo fiispano se fue a la ruina: de hecho se llegó a decir que el comercio de ropa de Yorkshire se arruinó a consecuencia de la guerra con España. Por añadidura, como las inversiones de ingleses en España eran muy superiores a las de españoles en la isla, el saldo final en este ámbito también fue desfavorable para Inglaterra.

Como en otros procesos de represalia, el valor contabilizado de los bienes embargados a los subditos de los reinos contra los cuales se llevaban a cabo no era en absoluto indicativo del volumen real de intercambio entre los contendientes. En su Razón de la Hacienda Real durante los veinte primeros años del reinado de Felipe IV, Tomás de Aguilar estimaba que los bienes de franceses embargados con motivo de la represalia de 1635 importaron «poco más o menos» 1.000.000 ducados. La represalia de 1667 contra franceses en Castilla, Navarra y Vizcaya importó mucho menos dinero: 28.237 ducados de plata y 38.216,5 de vellón, y quienes la han estudiado no han podido sino concluir que se trataba de «una cifra francamente desproporcionada (por exigua) respecto a la colonia francesa establecida en Castilla °. En la «represalia de CromweII», como en otras, las cifras además de ser parcas no son fiables del todo, porque como se comprobará más adelante se embargaron muchas deudas que no se sabe si finalmente llegaron a hacerse efectivas, y peor aún, nunca se conocerá la cantidad de mercancías, bienes, efectos y haciendas que pudieron ser ocultadas o traspasadas de titular a espaldas de los oficiales comisionados o en connivencia con ellos.

De los 260 mil ducados en plata y vellón recaudados, sólo un 6 por ciento obró en poder del tesorero de la Junta de represalias de bienes de ingleses, Don Francisco Manzano. El grueso se destinó a fines militares y defensivos, como financiar la construcción de fortificaciones, presidios, pagar soldados de infantería, etc. y el resto se empleó en sufragar los salarios y las ayudas de costa a los oficiales que ejecutaron la represalia.

LOS MERCADERES INGLESES EN LOS PUERTOS ESPAÑOLES Y MADRID

Málaga constituye probablemente el caso que más problemas ocasionó a la Junta, debido a la confusa contabilidad que el corregidor presentó en 1662 ante sus miembros. El propio fiscal se vio obligado a recono-cer «la mala forma que ha habido en el modo de poner cobro a los bienes embargados a ingleses en la ciudad de Málaga», razón por la cual exigió a su corregidor, el Conde de Toreno, expedir un traslado autorizado del inventario que hizo de los bienes embargados, así como de los libros, papeles y pleitos encontrados en la casa de su antecesor en el cargo, Don Luis Fernández de Córdoba. También se le exigió traslado del dinero transferido a Juan Conde, y otro de la entrega que de la documentación hizo a Don Antonio de Figueroa. No era para menos, pues del informe que el Conde de Toreno remitió a la Junta se desprendían no pocas dudas y embrollos. Para empezar, cuando se inició la represalia, el comisionado para proceder al secuestro y embargo era Diego Fernández de Córdoba, a la sazón corregidor de Málaga. Éste formó una caja y nombró depositario de los bienes a Francisco Fernández Aguado, con intervención de Julio Bautista (contador de millones, «que había de tomar la razón de lo que entrase en dichas arcas»). Diego Fernández de Córdoba fue sustituido por don Francisco de Valderrama, oidor de la Chancillería de Granada, en cuyo periodo de gestión se vendieron muchos bienes. Volvió Diego Fernández al cargo y retomó la represalia, hasta que murió a fines de 1659, siendo sustituido en esta ocasión por Luis Fernández de Córdoba. Cuando el Conde de Toreno se responsabilizó del asunto, fue capaz de conseguir de su antecesor los libros, papeles secuestrados y procesos fulminados a los ingleses, a partir de los cuales pasaría a recaudar lo que quedaba por cobrar, tomar cuentas a los depositarios y proceder contra los deudores. Sin embargo, un fiscal del Consejo de Hacienda llamado Sebastián Infante, administrador de los almojarifazgos de Málaga y su distrito y juez nombrado por la Junta para cobrar a los deudores de ingleses, y Antonio Figueroa-depositario de la documentación-se marcharon de la ciudad con los libros y papeles de la represalia para proceder a su examen, motivo por el cual el Conde de Toreno alegó desconocer los procedimientos de Luis Fernández de Córdoba, «aunque extrajudicialmente se había informado de que en lo que tocó obró con limpieza y verdad que acostumbra en servicio de V.M.».

En las cuentas constaba que en poder de Francisco Fernández Aguado habían entrado 5.080.000 maravedís, por lo que se pidió a este depositario hiciese relación jurada «con la pena del trestanto» de dicha cantidad, dado que eran caudales pertenecientes a Su Majestad, y a la caja del tesorero de la Junta había llegado algo menos de un millón. No obstante, el cargo total de la represalia en Málaga se había elevado a 7.032.070 de maravedís, de los cuales se habían pagado por cuenta 5.902.170, y los 1.129.900 restantes se componían de las partidas de bienes apresados que no estaban vendidos, pequeñas cantidades que todavía existían en las arcas de represalia, y finalmente dinero que debían diferentes depositarios Como en el resto de los casos estudiados, varias personas que al comenzar la represalia debían dinero a mercaderes ingleses se convirtieron de forma automática en deudores de la Real Hacienda. Algunas de ellas reconocieron sin dificultades sus deudas y las liquidaron, mientras otras decidieron litigar con la administración. De los once pleitos ejecutivos que por este motivo se formaron en Málaga, seis litigantes habían pagado sus deudas, las cuales montaban 1.090.259 mrs., pero los otros cinco-incluso con sentencias de remate-no lo habían hecho, tal vez por tratarse de sumas importantes que en total alcanzaban 2.258.178 mrs.. Además de lo procedido por estos conceptos, en junio de 1656 se había puesto por embargo al «comercio de lana inglesa en la ciudad de Málaga» 34.559 Rs de resto de 5.000 ducados de préstamo que tomó de él Felipe IV con un interés del 10 por ciento anual

Los gastos ocasionados por la ejecución de la represalia no superaban los ingresos que ésta generó, pero al dinero recaudado por la venta de tres navios cargados con mercancías, bienes aprehendidos en la ciudad pertenecientes a mercaderes ingleses y deudas contraídas con ellos, se le dio un destino muy distinto al de la tesorería de la Junta, adonde llegó-como hemos tenido ocasión de comprobar-muy poco. De los más de doscientos mil reales recaudados en Málaga, 108.318 se destinaron para el socorro de la infantería y su traslado a Ñapóles en tres galeras de la escuadra de Genova 3"; 26.207 se ingresaron en la Real Hacienda para sufragar las deudas que por alcabalas y otros derechos tenían contraídas los ingleses EIderet Brand, Duarte Marco y Roberto Lobelan. 3.400 se pagaron en concepto de salarios a los guardas que asistieron en los navios apresados y en ayudas de costa a escribanos y otros ministros que colaboraron en las diligencias de los embargos. 6.700 se pagaron a Rodrigo Herles, mercader flamenco residente en Málaga, a causa de varios préstamos que hizo, entre ellos uno dirigido al transporte de la infantería a Ñapóles. Finalmente, a Francisco Manzano, tesorero de la Junta de represalias, llegaron 24.182 reales.

Si la represalia en Málaga se había caracterizado por una pésima y dudosa contabilidad, en Cádiz la cuenta elaborada por Don Eugenio Francisco de Hermosa, depositario general de dicha ciudad, arrojaba un saldo negativo, acaso por esa razón al informe le faltaba el juramento con la pena del trestanto. Visto en perspectiva histórica, tampoco podía esperarse mucho más de la administración y gobierno de un emporio comercial mundial cuyos registros notariales sólo contenían-en el momento del conflicto-tres escrituras de obligación en las que intervenían ingleses, cuyos acreedores eran Abraham Lee (11.736 Reales de plata-17.604 de vellón-), Ricardo Duque (1.210 Reales de vellón) y Juan Wilmotte (11.000 Reales de plata-16.500 de vellón-). Sin contar con el dinero presumiblemente embargado a estos tres comerciantes ingleses-porque no aparecen como represaliados en la documentación manejada-, de los bienes embargados a los ingleses Rodrigo Plopey, Diego Elque, Guillermo Stames y otros se recaudaron 56.215,5 Reales de vellón (1.911.327 mrs), más un navio llamado Isabela que se entregó a la parte que venía consignada. Sin embargo, para llevar a cabo la represalia El conde de Molina de Herrera permitió gastos por valor de 30.297 Reales de vellón y 1.260 de plata, casi todos en personal, y entregó otros 27.861 Reales de vellón a Don Martín íñigo de Armendáriz, pagador de la gente de guerra, artillería y fortificación de Cádiz, para socorrer a los presidiarios. Al tesorero de la Junta Francisco Manzano sólo llegaron 100 Reales.

A tenor del contenido de la documentación utilizada puede decirse que los británicos se habían apresurado a salir de Cádiz al conocer las directrices políticas de Cromwell. Pero también puede afirmarse una vez más que el fraude y el contrabando se encontraban tan extendidos como el comercio lícito. Muy pocos ingleses tenían sus negocios registrados legal-mente en la metrópoli antes de 1650, pero entre esta fecha y el año 1665 no existe ninguna compañía inglesa documentada en los protocolos notariales gaditanos \

Entre febrero de 1656, fecha en que se pusieron en pública almoneda y remate los bienes que se habían embargado a ingleses, irlandeses y escoceses, y agosto de ese mismo año, Santiago de Tellería, depositario de las haciendas embargadas en San Sebastián, recaudó 168.156 reales de plata y 590 de vellón. Dichas sumas incluían los bienes pertenecientes al irlandés Valentín Morgan, los cuales estaban valorados en 842 reales, pues sólo poseía ropa blanca, dos cofres y otras alhajas del servicio de su casa. Si bien se le devolvieron por orden del Varón de Vatteville, porque el tal Morgan ayudaba en la administración de las fragatas de guerra de Irlandeses que se hallaban en los puertos de dicha provincia. De esas cantidades el Varón de Vatteville ordenó pagar 7.968 reales de plata y 860 maravedís de vellón a las diferentes personas que habían efectuado el recogimiento de los bienes, su venta y depósito. El grueso del dinero se entregó al pagador de los presidios, en las arcas reales de la pagaduría de ellos, con intervención del señor Domingo de Ruilova, secretario de Su Majestad y su veedor y contador en dicha provincia.

El resumen de la contabilidad que habían elaborado en San Sebastián era casi transparente, pero evidenciaba ciertos abusos e injustificaciones por parte del depositario Santiago de Tellería que no pasaron desapercibidos: de hecho en la contaduría de la represalia existían 17 pleitos abiertos todavía en 1674, uno de los cuales-de tres piezas-había sido instruido contra él. No se sabe a ciencia cierta qué negocios le llevaron a verse envuelto en un litigio, pero da la sensación de que seis navios em-bargados, cargados con diferentes mercancías, habían de producir algo más de 170 mil reales de plata. Sí se sabe empero que, entre otras cosas, Tellería se apropió de 13 barriles de cerveza por el precio de 60 Reales, y que los cinco vestidos usados embargados a Ricardo Smit ¡valorados en 500 reales de plata! se los quedó este depositario por vía de limosna. Su salario, además de lo que hubiera conseguido por otros medios, fue de 3.360 Reales de plata, 832 de vellón y 28 mrs.

En Santander, los depositarios Ignacio de Antia y Matheo de Ansa obtuvieron 60.000 reales por la venta de una balandra cargada de mercancías de Inglaterra. Lo recaudado en Bilbao con motivo de la represalia debió superar los 4 millones de maravedís, si bien sólo tenemos contabilizados algo menos de tres. La razón como casi siempre se encuentra en las malas artes del depositario, en esta ocasión Domingo Saldaña, a quien el fiscal de la Junta mandó en 1657 hacer de nuevo la cuenta, pues la que presentó en 23 de mayo de 1656 no contemplaba ciertas partidas de unos cuadros vendidos de Cristo y San Patricio, así como varios miles de reales más. Este sujeto compró por 11.100 Reales dos navios «El Guillermo » y «El Marea Roja», y una balandra, del total de cinco embarcaciones que se habían embargado en el puerto de Bilbao (uno de los navios restantes «La Esperanza de Londres» se vendió por 4.700 Rs, y del otro desconocemos su precio). Se embargó asimismo a más de 20 mercaderes ingleses residentes en la ciudad, así como a otros no avecindados que vinieron a comerciar con bacalao y salmón. El corregidor de Burgos, Don Luis Contreras Girón, ingresó en esta caja 1.658 reales que había recaudado por los bienes que un inglés vecino de Bilbao poseía en Burgos. Sobre la utilidad que se dio al dinero procedido de la represalia en Bilbao sólo sabemos que 6.000 ducados se entregaron a Don Juan de Osinaga Mondragón, pagador de las guardas de Castilla y artillería de España, para hacer diferentes libramientos.

Del Reino de Galicia se obtuvo una suma de dinero bastante elevada. De las haciendas que se embargaron y vendieron se ingresaron 228.996 reales, a lo que habría que sumar otros 28.502 del valor de algunas mercancías depositadas pero no vendidas en el momento de hacer la relación. Lo cierto es que solamente de un navio llamado «La Industria» que se apresó en la Ría de Vigo se obtuvieron 160.000 reales de vellón, de los cuales 80.000 se destinaron al presidio de A Coruña y 40.000 al de Bayo-na. Los represaliados más perjudicados fueron Baltasar Nunt, Thomas Musley y Esteban Laque, cuyas haciendas fueron embargadas en la villa de Puentes Dume y ciudad de Santiago en el caso de los dos primeros. Guillermo Acel fue represaliado en la villa de Cedeira, y finalmente Samuel Irebes en Pontevedra. Algunos comerciantes procedentes de las ciudades de Santiago, Orense, Betanzos, islas de la Coruña, villas de Pontevedra, Puentes Dume, etc. debían dinero a los ingleses, pero las cantidades no se conocen porque, según se lee en la documentación, ni estaban ajustadas con las partes, ni se hiabían destinado ministros para la cobranza por estar haciendo relación de ellas.

La documentación generada en las Islas Canarias a consecuencia de «la represalia de CromweII» se parece muy poco a la elaborada en los distintos ámbitos peninsulares. En vez de ofrecer una relación de las mercancías embargadas a ingleses y vendidas en pública subasta, reflejando a un tiempo el precio de los productos, sus cantidades totales y el nombre de los compradores, depositarios, pagadores y asistentes, proporciona una lista interminable de comerciantes y prestamistas británicos, algunos de los cuales de origen judío, a quienes Felipe IV embargó sus clientes. La abundancia de anglosajones en las Canarias en el momento de efectuarse la represalia cobra sentido al comprobar el notable crecimiento demográfico que experimentó la colonia anglo-holandesa en la primera mitad del siglo xvii. Según los especialistas, la Inquisición informó en 1652 de que en Tenerife había más de 1.500 protestantes, y aunque existen dudas de que la cifra fuese en realidad tan elevada, se trataba de una numerosa colonia integrada no sólo por ingleses, sino también por judíos de Portugal y Ámsterdam y católicos irlandeses. Los primeros se dedicaban mayoritariamente al comercio de vino, haciendo de intermediarios entre los cosecheros insulares y los mercaderes londinenses de licores. Algunos problemas surgidos por la comercialización de este producto, así como del azúcar, miel y otros frutos dieron lugar a la fundación de la Compañía de Canarias en marzo de 1665, cuyo gobernador, Sir Arthur Ingram, se encontraba diez años antes en la lista de represaliados. Otros apellidos de cierto relieve encontrados en la relación de embargados fueron Marmaduke Ramdom (con toda probabilidad Marmaduke of York), un joven hidalgo aventurero que se estableció en Tenerife a fines de la década de los 30 y consiguió hacerse con el monopolio del tabaco insular (aunque una gran parte era importada de las Indias); Roberto Bretón, acaudalado comerciante inglés establecido en Madrid, donde sufrió una durísima represalia, o (Peter) Beste, de quien no conocemos apenas nada salvo que fue indultado del embargo (acaso por ser naturalizado) a cambio del pago de una suma de dinero elevadísima: 10.000 reales de a ocho en plata '*°.

Aparecen en las relaciones muy pocos «bienes en ser» decomisados, tan sólo unas casas en la Orotava (Tenerife) y puerto de dicha villa pertenecientes a Juan Pintor, Joseph Lambe!, Ricardo Ely, Thomas Colin y Guillermo Clerke, así como su mobiliario y algunos otros objetos (baúles, papeles); si bien es cierto se obtuvo por ellas una cantidad elevada de dinero, pues como ejemplo sabemos que sólo la casa que se embargó a Ricardo Ely fue vendida a Bartolomé León por 8.000 reales pagaderos en un año. En las listas destacan también los deudores de mercaderes ingleses y las cantidades que aquéllos les debían, bien en concepto de obligaciones por la compra de mercancías (trigo, mimbre, pipas de vino, manufacturas), bien por débitos adquiridos para otros fines, como el otorgado al propio cabildo de Tenerife, que en el momento de comenzar la represalia debía a unos ingleses 9.390 reales de un préstamo adquirido cuyo dinero se necesitaba para las fortificaciones del Puerto de Santa Cruz. A pesar de la ausencia de relaciones de mercancías en la documentación, lo más resaltable de la represalia en las Islas Canarias fue la elevadísima suma de dinero que generó: 779.412 reales de vellón (26 millones y medio de maravedís) y 80.000 de plata, una cantidad que cuadruplicaba las registradas en otras regiones y ciudades portuarias de la península, Y ello sin contar todavía con otras partidas que, como señalaba Don Miguel de Salinas, oidor en la Real Audiencia de las Islas y juez privativo de los negocios de la represalia, faltaban por sacar de otras escrituras y cuentas de los libros de muchos ingleses que residían en Canarias.

Resulta paradójico que en Madrid, una de las ciudades donde menos mercaderes ingleses residían se obtuviera, con mucha diferencia además, la mayor cantidad de dinero procedido de la represalia. Nada menos que 13 millones y medio de maravedís de plata, cinco y medio de vellón, y 18,7 de vellón en deudas. Sin embargo, lo más sorprendente de todo es que cerca del 80 por ciento de esa formidable suma fue embargada a una sola persona de nación inglesa: Roberto Bretón. Fueron muchas y de sumas importantes las letras y libramientos que se embargaron a este mercader-prestamista de la calle San Bernardo, las cuales provenían no sólo de la Corte, sino también de otros emplazamientos dentro y fuera de la península: Bilbao, Canarias, Amberes... Entre los deudores de Roberto Bretón se encontraban cerca de un centenar de pequeños mercaderes, alguno de los cuales comerciaban con paños, cuyas deudas oscilaban entre 1.000 y 5.000 reales, pero también eran deudoras del susodicho importantes instituciones y personas de cierta relevancia, así como otras pertenecientes a los demás estratos de la sociedad. Según confirmaba el secretario de Cruzada (Agustín Rodríguez de la Gala), esta institución le debía 29.000 ducados de plata por diez letras, que fueron declaradas por la Junta de represalias como bienes de la Real Hacienda. El convento de San Basilio le era deudor de 3.600 reales de vellón, un dinero que Bretón prestó al padre Fray Tomás de Tolosa, en cuyo testamento declaró los debía de pagar el dicho convento. Domingo Ortiz, joyero de la calle Mayor, declaró deber a Roberto 1.500 Rs., así como diferentes mercadurías que le vendió. Un capitán llamado P(edro) del Valle le debía 600 Rs. por pequeñas sumas que le fue prestando mientras estaba preso en la cárcel. La Junta de Caballería le debía 30.000 reales; un alcalde de Casa y Corte admitió deberle 1.200.

Además del dinero se le embargaron todos sus bienes muebles, los cuales-según la relación que elaboró Jerónimo Muñoz, depositario de la hacienda de Roberto Bretón-no eran muchos si los comparamos con la gran cantidad de dinero incautada. Entre ellos destacaba, además de varias alhajas de oro, un legajo de papeles «que se apartaron para reconocerlos al por menor en presencia de Roberto Bretón», otro de cartas, un libro de cuenta y razón, una porción de dinero (48 doblones de a dos en oro, y en plata doble 15 Rs. de a ocho), 336 reales que se le dejaron para el gasto de su casa, una mesa-escritorio y papeleras; cama, colchones y todo el aderezo: pinturas, cofres, ropas; un caballo y una muía.

Otros ingleses represaliados en Madrid fueron Guillermo Santabi, Isaac Tiller (a quien un vecino de Bilbao llamado Nicolás de Arnaldo debía 19.000 reales de plata), León de Ubaque y Esteban Gefrey. Al primero se le embargó también una gran cantidad de dinero, tanto en metálico como en bienes, y aunque-como hemos visto-rogó se le librara de la represalia por residir en Madrid desde hacía más de veinte años, no lo consiguió. El depositario de los bienes de Guillermo, Jerónimo Rodríguez de Ocampo, se incautó de varias piezas de plata por valor de 1.500 reales, 486 vaquetas de cuero de Moscovia por valor de 21.500 Rs., paños por valor de 4.200 Rs. y finalmente alrededor de 100.000 Rs. en metálico y en deudas, para cuyo recaudo hubo de mandar aviso a los corregidores de Toledo, Málaga, Bilbao y Segovia con objeto de exigir a los deudores de Santabi liquidasen de inmediato sus deudas con él. Por supuesto se le embargó también su bufete, baúles con ropa, dos pistolas, libros, cofres, una cama, cuatro escritorios, diez sillas, una colgadura, nueve pinturas y ocho países grandes.

Por último, un mercader de lonja llamado íñigo Rodríguez manifestó en su testamento deber 57.000 reales de vellón a «un extranjero» que pareció llamarse Esteban Gefrey. El procurador que informó del asunto a la Junta, Diego Castellanos, cobró por el soplo 300 ducados, quedando el resto para la caja de la represalia. Del destino preciso de las haciendas embargadas en la Corte sabemos muy poco, pues la cuenta que elaboró Antonio Estopani, depositario de los bienes de ingleses en Madrid, fue escrita antes de recaudar todos los procedentes de Roberto Bretón. Sólo sabemos de dos libramientos: uno en 3 de agosto de 1656 al tesorero general de Su Majestad, en las arcas de su Real Tesoro, de 26.738 Rs. de vellón y 15.000 de plata, y otro de 12.000 Rs. de vellón al capitán don Felipe Fernández Mejía. A Francisco Manzano, tesorero de la Junta, sólo llegaron 3.466 reales procedentes de la Villa y Corte \

BREVES CONCLUSIONES FINALES

La «represalia de CromweII» vista como un episodio más de la encarnizada guerra económica desatada en Europa durante el siglo xvii no sirvió, en términos contables, para recuperar las pérdidas ocasionadas por la ofensiva británica contra intereses españoles, pero en términos estratégicos esta represalia constituyó una grave sacudida al comercio inglés con España y el Mediterráneo. El disgusto para los mercaderes ingleses y las repercusiones negativas del conflicto para la industria textil y naval de Inglaterra que denunciaba McLachlan hace ya 50 años, supusieron de hecho un gran revés para el mundo británico. Sin embargo, un daño aún peor para Inglaterra fue-como ha destacado R.A. Stradling-la pérdida de oportunidades de realizar contratos con el mundo hispánico, y el consiguiente aprovechamiento por parte de sus más directos rivales en el ámbito comercial: los holandeses. Las Provincias Unidas obtuvieron enormes beneficios de la hostilidad anglo-española. Este autor ha estudiado cómo nada más llegar Carlos II al poder en 1660 se vio inundado de peticiones de la comunidad mercantil para terminar la guerra iniciada por CromweII, la cual ya había perdido toda popularidad. Hacia la mitad de la década de los 60 un comité comercial inglés esti-maba en más de un millón y medio de libras las pérdidas ocasionadas como consecuencia de multas, imposiciones especiales y embargos ocurridos desde el año 1660 *.

Los comerciantes británicos anhelaban volver a la situación anterior a 1655, e incluso explotar más a fondo el mercado de la lana y productos agrícolas españoles. La política de CromweII les privaba de momento del metal precioso, así como de los beneficios del cancelado comercio de esclavos. En 1667 se firmó la paz con la Corona Británica. El tratado incorporaba una cédula de 1645 mediante la cual se aseguraba una posición ventajosa al comercio inglés, al tiempo que recogía ciertas normas para la protección individual de los comerciantes ingleses en España. Gracias a este último acuerdo, las relaciones fueron estables hasta el estallido de la Guerra de Sucesión española, momento a partir del cual los comerciantes ingleses protestantes salieron de España para no regresar ni siquiera a su final. La dura competencia de la South Sea Company, los privilegios obtenidos por los franceses durante el periodo bélico, y las irregularidades de las flotas españolas al final del reinado de Carlos II (además de la política monetaria posterior a los años 80, a partir de la cual se optó por devaluar en 1686 las piezas de oro y la plata), disuadieron a los ingleses de retomar sus antiguas posiciones.

Footnote

Este artículo se inscribe dentro del proyecto DGICyT, PB96-0097.

Una perspectiva general de las relaciones diplomático-comerciales, y del propio concepto de «guerra económica» en el reinado de Felipe IV, en DOMÍNGUEZ ORTIZ, A., «Guerra económica y comercio extranjero en el reinado de Felipe IV», Hispania, 89 (1963), pp. 71-110.

CARRASCO GONZÁLEZ, G,, Comerciantes y Casas de Negocios en Cádiz (1650-1700). Cádiz, 1997, p. 24. Una perspectiva general de las relaciones exteriores de Inglaterra y España en el periodo inmediatamente anterior a la represalia, en SANZ, P., «England and Spanish Foreign Policy during the 1640's», European History Quarterly, 28, 3 (1998), pp. 291-310.

" El rey aprobó la medida, pero se desconoce el éxito de la pretensión, pues creo que nunca llegó a establecerse. Archivo Histórico Nacional (en adelante A.H.N.), Consejos, Lib. 2.837, año 1652.

Puede verse al respeto MCLACHLAN, J. O., Trade and Peace with Oíd Spain, 1667-1750. A Study of the infiuence of commerce on Anglo-Spanish Diplomacy in the first haif of the eighteenth century. New York, 1974, pp. 1-29.

" Pueden verse los estudios de DAVIS, R., «Eriglish Foreign Trade, 1660-1700» en W.E. Minchlnton (ed.), The Growth of English Overseas Trade in the Seventeenth and Eighteenth Centuries. London, 1969, pp. 78-98 y en la misma obra F.J. FISHER, «London's Export Trade in the Early Seventeenth Century», pp. 64-77.

' A lo que CromweII respondió enviando a Madrid un embajador (Ascham) que al poco de su llegada fue asesinado por un grupo de realistas británicos, lo que originó nuevos conflictos en las relaciones entre ambas potencias. Sobre el asesinato de Ascham y las tensas relaciones anglo-españolas, ver GONZÁLEZ-AHNAO, M., «El embajador de Cromw/ell, asesinado en Madrid», Historia J6, 81 (1981), pp. 31-40.

" El tratado secreto de confederación se firma en Bruselas en abril de 1656; en su título Vil «Su Majestad de Gran Bretaña» promete no consentirá que sus subditos tiagan nuevas plantaciones en las Indias Occidentales, ni que en ellas ocupen islas, ni puertos en tierra firme; y que fiará restituir todo lo que los ingleses hubieren ocupado desde 1630 en adelante, así en América como en cualquier otra parte del mundo, y particularmente en el tiempo de gobierno de Oliverio CromweII con el título de Protector. Ref. Abreu-Bertodano. Colección de los tratados de paz. vol. VI y Vil, reinado de Felipe IV. Madrid, 1751, año 1656. A pesar del cual, cuando tras la muerte de CromweII en 1658 Carlos II entra en el poder (1660), se olvida de lo pactado con España y de la ayuda recibida durante su exilio, se alia con Portugal y se casa con una princesa de la Gasa de Braganza. Sobre las relaciones entre ambos monarcas, ver CASTILLA SOTO, J., «Las relaciones entre Felipe IV y Garlos II de Inglaterra durante el protectorado de GromweII (1656-1659), Espacio, Tiempo y Forma, IV, 2 (1989), pp. 111-124.

' ABREU-BERTODANO, Colección de los tratados de paz. Año 1654.

'" Gomo se desprende del estudio de DOMÍNGUEZ ORTIZ, A., Política y Hacienda de Felipe IV. Madrid, 1960.

" Las crónicas y datos sobre los acontecimientos bélicos de la armada española en esta época provienen de FERNÁNDEZ DURO, C, Armada Española. Desde la Unión de los Reinos de Castilla y Aragón. Madrid, 1885-1903, tomo V, pp. 19-55. También puede verse HARING, C. H., Trade and Navigation between Spain and the Indias. In the time of the Hapsburgs. Cambridge, 1918, pp. 244-246.

' FERNÁNDEZ DURO, Armada Española., op. cit., pp. 22-30. Haring, Trade and Navigation, op. cit.. p. 246.

" La injustificada excusa de CromweII para lanzar ataques a La Española y posteriormente a Jamaica fue mandada redactar a Jofin Milton, quien la fundamentó en la práctica del apresa-miento de barcos ingleses encontrados por españoles en el Caribe y la crueldad con que se efectuaban, asi como en el ultraje y exterminio de indios a manos de castellanos. Estas consideraciones sirvieron a CromweII y Venables para convencerse de que los asaltos de españoles sobre barcos ingleses constituían suficiente Casus belli. Véase HARING, C. H., The Buccaneers in the West Iridies in ttie XVII Century. Hamden, Connecticut, 1966, pp. 85-112.

" FERNÁNDEZ DURO, Armada Española, op. cit., pp. 31-44. Haring, Trade and Navigation, op. cit., pp. 244-247; Haring, The Buccaneers, op. cit., pp. 85-112.

' Citado en FERNÁNDEZ DURO. Armada Española, op. cit., pp. 42.

"* La pragmática de 1656 que da lugar a la conocida «represalia de Cromwell» en que Su Majestad manda prohibir el trato y comercio en todos sus reinos y señoríos con los de Inglaterra, Irlanda y Escocia, y otras cosas contenidas en ella, en AH., Consejos, Lib. 1.241, ff. 112-117.

" Hay que hacer notar, sin embargo, que aunque la pragmática se dio en abril de 1656, el embargo se había decidido varios meses antes, pues ya a comienzos de septiembre de 1655 se comisionó a los virreyes, gobernadores y corregidores para llevar a cabo la represalia en todos los territorios de la Monarquía. En años sucesivos se continuó comisionando ministros de acuerdo con las necesidades de cada momento y cada plaza, (ver apéndice 1).

'* DOMÍNGUEZ ORTIZ, A., «Guerra económica», op. cit., pp. 73-82.

" Embargos en los que se prohibía hacer depósito de los bienes a los propios dueños, o gente de su misma nación, sino en personas abonadas que hicieran obligación de devolverlos en especie, advirtiendo al tiempo de que nadie encubriera bienes de ingleses pena de perdimento de los suyos. AHN, Consejos, Libro 2.837. Inventario de Reales Decretos y consultas hechas a Su Majestad por el Consejo sobre lo ocurrido con Irlandeses, Ingleses y Holandeses (1625-1725).

° Esta última ha sido estudiada por J. A. SÁNCHEZ BELÉN y M. D. RAMOS MEDINA, «Los comerciantes franceses en Castilla y la Represalia de 1667», Espacio, Tiempo y Forma, serie IV, 7, (1994), pp. 287-318. Sobre la política de embargos puede verse también el artículo reciente de HERRERO SÁNCHEZ, M., «La política de embargos y el contrabando de productos de lujo en Madrid (1635-1673). Sociedad cortesana y dependencia de los mercados internacionales», Híspanla, LIX, 201 (1999), pp. 171-191.

DOMÍNGUEZ ORTIZ, A., «Guerra Económica», op. di, pp. 98 y 99.

CARRASCO, G., Comerciantes y Casas de negocio en Cádiz, op. cit., p. 24.

2 El contenido de esta nueva pragmática puede verse en AHN, Consejos, Libro 1.242, número 233.

'' Otros procesos de represalia similares en los cuales se estudian Las Juntas con más detalle, han sido analizados en J. A. SÁNCHEZ BELÉN y MARÍA DOLORES RAMOS MEDINA, «La Junta de represalias de 1667 y los mercaderes franceses en España», en LOBO CABRERA, M., y SUÁREZ, V. (eds.) El comercio en el Antiguo Régimen. Las Palmas, 1994, vol. Vil, pp. 245-259.

Archivo General de Simancas (en adelante AGS), Contaduría del Sueldo, serie II, Leg. 161. Los títulos correspondientes a cada uno de ellos y su pertenencia al Consejo de Su Majestad pueden consultarse en FAYARD, J., LOS Miembros del Consejo de Castilla (1621-1746). Madrid, 1982, pp. 508-509.

' AGS, Contaduría del Sueldo, II serie, Leg. 161.

" AHN, Consejos, Libro 2.837 {sin foliar).

' La condición de Benjamín Ruit como prestamista de Felipe IV, en ÁLVAREZ NOGAL, C, El crédito de la Monarquía Hispánica en el reinado de Felipe IV. Junta de Castilla y León, 1997, p. 280.

Puede verse el manuscrito en la Biblioteca Nacional, mss. 11.030, si bien se encuentra reproducido en DOMÍNGUEZ ORTIZ, A., Política y Hacienda de Felipe IV, op. cit., pp. 313-324, p. 316.

'" Sin contar 11.968 ducados de vellón y 997 de plata que estaba en poder del tesorero de la Junta, Véase SÁNCHEZ BELÉN y RAMOS MEDINA, «Los comerciantes franceses», op. cit., p, 309,

' 483 Reales quedaban en las arcas de la represalia; 14.060 reales debían diversos depositarios; en 1.430 Rs. se valoraron los caballos embargados a Duarte Marcos y Raimundo Francis así como los 9 arcabuces represaliados a Guillermo Luis; quedaban por cobrar otros 17.258 Rs. cuyo origen desconozco.

"' Luis Antonio de Morales debía 22.285 reales por bienes de Reimundo Francis y otros ingleses; le cayo sentencia de remate y se hicieron otras diligencias. Lorenzo de Mendieta debía 7.326 Rs por bienes de Reimundo Través; se le despachó mandamiento de ejecución pero hizo cierta probanza. Julio de la Cruz debía 6.568 Rs por bienes de Ricardo Venete. P. Matheo debía 1.000 Rs y 14 botas que venían de Ricardo Venete. Fernando de Vergara debía 29.238 Rs por efectos del inglés Onofre Yustor.

3 El préstamo era en realidad de 18.000 ducados, de los cuales 5.000 procedían de una anticipación.

' Partida que Diego Fernández de Córdoba tomó en préstamo de las arcas de sisas (24.118 Rs) y de la superintendencia de alcabalas (84.200 Rs), pues todavía no se había recaudado semejante cantidad de lo procedido de la represalia.

CARRASCO, G., Comerciantes y Casas de Negocios en Cádiz, op. cit., p. 24. El informe citado por la autora incluye las escrituras otorgadas en el Puerto de Santamaría, Sevilla y Utrera. También explícita que en el Puerto de Santa María sólo hay un inglés (Abratiam Lee), y en Jerez algunos más, a quienes se han embargado sus bienes.

' Tal es el testimonio de Fernando de Sotomayor, escribano de la ciudad de Cádiz, dado el 2 de junio de 1656, que contiene la relación del dinero procedido de la venta de algunos de los bienes embargados a los de nación inglesa. AGS. Contaduría del Sueldo, serie II, leg. 161 (sin foliar).

' CARRASCO, G., Comerciantes y Casas de Negocios en Cádiz, op. cit.,. 121-122.

1.680 Reales de plata se destinaron a pagar a dos capitanes, tres alférez y dos sargentos, un cabo y tres soldados del presidio de San Sebastián, que por orden del varón de Vatteville estuvieron de guardia en seis navios que se embargaron en los muelles de la villa. Cinco de ellos estaban cargados y asistieron dos guardias a cada uno (a 4 Rs por día), y 360 a Joseph de Liaño, que había asistido todo el tiempo a la descarga del trigo, hierro, etc. hasta el depósito en Santiago de Tellería. 620 Rs de plata que en virtud de orden del varón pagó Tellería a varios maestres de los navios embargados para que con esta cantidad se pudieran sustentar. 68 Rs de plata al único maestre que continuó en su navio con su muchacho hasta enero de 1656. 780 Rs de plata que Tellería pagó a tres vecinos de San Sebastián por los 65 días que estuvieron trabajando en el muelle junto con los guardias, cuidando los navios hasta que el 22 de febrero de 1656 se entregaron a las personas que los compraron. (4 Rs de plata por día y persona). Martín de Eguía, escribano de la represalia, cobró, desde el 9 de septiembre de 1655-comienzo del embargo-hasta el 29 agosto de 1656, 1.000 Rs de plata, sin embargo de merecer 2.000, según hizo constar él mismo en los papeles del resumen final

Samuel Santil, Julio Blaque, Thomas de Santa Coloma, Thomas Pili, Eduardo Fort, Ricardo Aclan, Juan Veque, Thomas Thibe, Guillermo Miu, Jacobe Barnes, Samuel Serle, Jorge Trocamonten, Cristóbal Silver, etc.

'° Además de la documentación referenciada de la represalia, puede verse también MORALES LEZCANO, V., Relaciones mercantiles entre Inglaterra y los archipiélagos del Atlántico Ibérico. Su estructura y su historia (1503-1783). Tenerife, 1970, pp. 36-85.

'" En la mayoría de los casos nos encontramos ante genuinos representantes de las élites madrileñas, las cuales vivían por entonces una auténtica Edad de Oro, como puede comprobarse en LÓPEZ GARCÍA, J. M. (Dir.), El impacto de la Corte en Castilla. Madrid y su territorio en la época moderna. Madrid, 1998, pp. 182-266.

"2 STRADLING, R. A., Europa y el declive de la estructura imperial española, 1580-1720. Madrid, 1983, pp. 219-223.