LA CONTINGENCIA DE LA INDEPENDENCIA Y DE LA REVOLUCIÓN: PERSPECTIVAS TEÓRICAS Y COMPARADAS SOBRE AMÉRICA LATINA/The contingency of independence and revolution: theoretical and comparative perspectives on Latin America

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RESUMEN: Este artículo compara las revoluciones francesa y estadounidense del último tercio del siglo XVIII con la independencia y la revolución en la América Latina de inicios del siglo XIX, bajo una perspectiva teórica particular. Centrándose principalmente en las etapas iniciales de estos eventos revolucionarios, se demostrará que a) en los tres casos, el camino hacia un quiebre revolucionario con el viejo régimen no fue predeterminado y b) particularmente en las Américas, el tema de la Nación no fue del todo resuelto por los revolucionarios. Ésta es una de las explicaciones más importantes de por qué, en adelante, la construcción de la Nación -y del Estado- en América Latina y Norteamérica no fue un proceso cómodo ni linear.

Palabras clave: imperio, revolución, contingencia, cultura política, nación, construcción del Estado.

ABSTRACT: This article compares the U.S. and French-Revolutions in the last third of the 18th with independence and revolution in Spanish America at the beginning of the 19th century under a particular theoretical perspective. Focussing mainly on the initial stages of these revolutionary events it will be shown that: a) in all three cases the path towards a revolutionary break with the Old Regime was anything but predetermined and that b) particularly in the Americas the question of the Nation was not settled at all by the revolutionaries. This is one of the most important explanations why later onwards Nation -and State- building in the Americas, both in Latin America and in North-America, became anything but a smooth and linear process.

Key words: empire, revolution, contingency, political culture, nation, state-building.

I. INTRODUCCIÓN1

Cualquier intento de analizar la independencia y la revolución en América Latina, bajo una perspectiva comparada, enfrenta varias dificultades. Esto se debe a que los procesos a ser investigados difieren significativamente de aquellos que se dieron en la gran Revolución francesa que -de manera reconocida o no- generalmente son utilizados como el criterio bajo el cual otros eventos «revolucionarios» son discutidos y categorizados.

Aquí surge la pregunta de si los procesos en América Latina alrededor de la década de 1810 pueden del todo reivindicar la dignidad de la palabra «revolución» (Wiarda, 2001: 126), ya que es fácil detectar desviaciones del caso francés, estadounidense, ruso o chino. Es cierto que el concepto moderno de revolución denota un levantamiento violento para iniciar un cambio estructural de largo plazo (Koselleck, 2006: 241) y que también evoca connotaciones categóricas, en el sentido de que la revolución se debe entender como un agente histórico mundial que trae un mejor futuro o incluso la salvación de la humanidad (Griewank, 1969; Schulin, 1988: 16). Por tanto, si lo anterior es correcto, entonces los eventos en el mundo hispanohablante no corresponden verdaderamente a este esquema. Así, no sorprende que los análisis comparativos de estos procesos hayan sido tan poco numerosos2.

Sin embargo, no es necesario usar un concepto de «revolución» tan fuertemente normativo que, casi por definición, hace que los eventos en América Latina parezcan un tanto deficientes. Desde un punto de vista teórico, tal enfoque no es muy satisfactorio. De este modo, en este artículo se intentará evitar preguntas como «¿qué es una verdadera revolución?» y más bien se centrará en preguntas teóricas que inevitablemente surgen cuando se quieren interpretar los procesos y eventos en América Latina bajo una perspectiva comparada.

El punto de partida debe ser el trabajo de Theda Skocpol. Eso puede parecer un tanto sorprendente respecto a las dudas anteriormente mencionadas sobre el uso de un modelo altamente normativo de revolución. Es cierto que su famoso estudio States and Social Revolutions (1979) trataba principalmente con eventos particulares llamados revoluciones «sociales». No obstante, en su enfoque comparativo, Skocpol también analizó casos opuestos. Como no cabe duda de que su trabajo fue innovador, todavía es aconsejable basarse en éste a pesar de todas las críticas que se le pueden formular. Por ejemplo, el modelo teórico general de Skocpol ha sido criticado correctamente en los siguientes puntos: por tener un sesgo estructural que, de manera problemática, empuja a actores históricos reales hacia un segundo plano (Sewell, 1994); por despreciar el papel de fenómenos culturales y simbólicos (Hunt, 1984: 7); por pasar por alto la importancia de las élites urbanas (Foran, 1993) y por no ser capaz de tomar en cuenta el posible papel de los grupos religiosos (Arjomand, 1986).

Pese a ello, es cierto que muchas de las premisas de la teoría de Skocpol todavía resisten estos ataques críticos, en tanto éstas han resultado ser extremadamente provechosas y aún deben verse como «el» punto de partida de toda la investigación comparativa sobre las revoluciones (Goodwin, 2001; Goldstone, 2003). Algunas de estas ideas son: iniciar el análisis de las revoluciones bajo la luz de los procesos geopolíticos; enfocarse en las debilidades y los problemas del aparato del Estado prerrevolucionario, así como su capacidad financiera y examinar rigurosamente las consecuencias administrativas de aquel periodo de agitación. El colocar los acontecimientos revolucionarios en un contexto geopolítico también ofrece la posibilidad de ligar afirmaciones sociológicas generales sobre las revoluciones con aproximaciones históricas que se centran más en la maraña del fenómeno que en las unidades aisladas. Como subraya correctamente Jeremy Adelman (2008: 319), para encontrar nuevas y prometedoras perspectivas teóricas es necesario asociar de manera más profunda la investigación sobre el imperialismo con la investigación sobre las revoluciones. Eso es exactamente lo que aquí se intenta: la independencia y la revolución en América Latina se comparan con las revoluciones francesa y estadounidense, pero no con el objetivo de determinar una especie de naturaleza deficiente de los incidentes en América Latina, sino para subrayar sus rasgos especiales y sus similitudes con los dos casos anteriores.

El propósito de este artículo histórico-comparativo3 no es dar una detallada inspección historiográfica de los acontecimientos y resultados en cuestión. El enfoque comparativo será más bien guiado por intereses teóricos y se centrará principalmente en investigar las fases «iniciales» de los procesos revolucionarios4. Como resultado de un breve recorrido sobre la historiografía reciente de la Revolución francesa (que se realizará en la primera parte de este artículo), se tratará de ver si los issues teóricos que aquí surjan -por ejemplo, el énfasis sobre la importancia de la cultura política, una crítica de los supuestos teleológicos, entre otros- deben ser similarmente tomados en cuenta respecto de un análisis de los procesos en las Américas. Si ése llega a ser el caso, entonces no hay necesidad alguna de evitar el término revolución ni de poner los acontecimientos en América Latina en una categoría algo extraña y exótica, tal como se hacía en el pasado.

II. 1789 Y EL CAMBIO DE UN PARADIGMA: EL ADIÓS A LA TELEOLOGÍA

Ciertamente decir que las imágenes que los historiadores han creado sobre la Revolución francesa han cambiado significativamente en el transcurso del tiempo no es un hallazgo muy original. La historiografía sobre este tema ha estado llena de quiebres y vueltas y, dada la gran magnitud de la literatura, es casi imposible conocer todos los debates alrededor de esta cuestión5. Sin embargo, para los propósitos comparativos perseguidos aquí, se debe realizar una generalización algo incipiente y temeraria con el objetivo de comprender mejor los hechos específicos que ocurrieron posteriormente en América Latina. En este sentido, cuatro aspectos parecen importantes.

Primero, por lo menos desde la década de 1960, se han criticado cada vez más supuestos dentro del marxismo (y dentro de algunas tendencias de la teoría de la modernización), según los cuales los acontecimientos de 1789 deberían haber significado la victoria de la burguesía francesa y el gran avance para el Estado constitucional liberal. Historiadores no marxistas fácilmente podrían demostrar que no existía una simple correlación entre las posiciones del estatus económico, por un lado, y los modos de acción política, por el otro, de manera que la denominación de «revolución burguesa» -por lo menos en lo que concierne a los actores y grupos decisivos- es engañosa (Furet, 1978: 170; Stone, 2002: 2). En cuanto a las consecuencias, se demostró que la Revolución francesa, en términos socioeconómicos, tuvo menos impacto que lo que se suele afirmar. De este modo, se puede dudar de que la Revolución pueda ser descrita adecuadamente como un acontecimiento a través del cual la burguesía llegó al poder (Vovelle, 1987: 5).

De hecho, los ganadores de la última fase de la Revolución (por ejemplo, la era napoleónica) eran sin duda los propietarios inmobiliarios: «La propiedad, sobre todo la rural, definiría a la elite de los notables que gobernaban Francia, como electores, a lo largo de la mayoría del siglo XIX» (Stone, 2002: 261). Sin embargo, la pregunta sobre si el giro revolucionario fue tan fundamental -de manera que se pueda calificar sin ninguna duda a la Revolución francesa como una revolución social, y así distinguirla de procesos similares (Hunt, 1984: 221)- ya no es una pregunta que pueda ser contestada de manera tan clara como hizo Skocpol a finales de la década 1970.

Segundo, con la creciente inverosimilitud de esta tesis de la correlación, los procesos políticos se han movido hacia el centro del interés teórico. El «lenguaje político» se convirtió en el tema principal de la historiografía de la Revolución francesa. François Furet (1978: 39) fue sin duda uno de los autores clave que especialmente hizo hincapié en la autonomía del discurso político con respecto a las estructuras sociales. Él enfatizó los componentes ideológicos y culturales de la acción revolucionaria que, según su punto de vista, causaron un dinamismo distinto y separaron estas acciones de las relaciones sociales.

La conciencia revolucionaria «reconstruyó un imaginario social en nombre de y a partir de las voluntades individuales» (Furet, 1978: 45). En el transcurso de la Revolución ésta permitió una radicalización creciente de los objetivos de los revolucionarios, que aspiraron a resultados mucho más allá de lo que fue originalmente planeado o de lo que era realista y posible. Como Furet precisa, sus interpretaciones de la Revolución francesa principalmente intentaron romper con la comprensión sociohistórica tradicional de la burguesía, prefiriendo estudiar el fenómeno de agitación y su dinamismo bajo la perspectiva de un «laboratorio de política moderna» (Furet, 1990: 797; ver también Schulin, 1988: 46)6.

Tercero, un tanto conectadas con el proyecto de Furet, las críticas se concentraron cada vez más en las «premisas teleológicas» sobre las cuales se basaban muchos enfoques. A menudo, historiadores (y sociólogos) simplemente habían asumido que había causas claramente detectables de la Revolución y que estas causas explicaban sin duda el avance de la burguesía y la caída final del Ancien Régime. Dicho de otro modo, pensaban que el curso del proceso revolucionario de alguna manera estaba determinado por las situaciones de conflicto prerrevolucionario. Nadie ha criticado esta lógica teleológica de manera más aguda que Roger Chartier:

Cuando la historia sucumbe ante la «quimera de los orígenes», se carga a sí misma, quizás inconscientemente, con diversos presupuestos: que cada momento histórico es una homogeneidad total dotada con un significado ideal y único presente en cada una de las realidades que constituyen y expresan ese todo; que el devenir histórico se ha organizado como una continuidad ineludible; que los eventos están ligados, uno engendrando a otro en un flujo ininterrumpido de cambio que nos permite decidir que uno es la «causa » y otro el «efecto» (Chartier, 1991: 4-5; ver también Furet, 1990: 797 y Hunt, 1984)7.

Este énfasis sobre los giros y vueltas del proceso revolucionario también desembocó en un fuerte acento sobre los momentos decisivos de la Revolución. No concierne a este artículo si en ese punto -como lo hicieron Furet y Richet (1965) a mediados de la década de 1960- se debe argumentar que la Revolución ha perdido su sentido (original) 8. En cualquier caso, la crítica concisa de los supuestos teleológicos de las interpretaciones tradicionales de la Revolución francesa fue el inicio de una nueva búsqueda de las rupturas y discontinuidades en el proceso revolucionario. Asimismo, permitió sensibilizar a los académicos sobre las eventualidades, que no podían haber sido anticipadas por los mismos actores históricos.

Cuarto, la tesis sobre la «necesidad de la Revolución» fue también cada vez más cuestionada. Dicho de otro modo, se formuló la pregunta de si el Antiguo Régimen era verdaderamente tan débil que inevitablemente sólo podría colapsar. Al menos parece haber cierto consenso de que es extremadamente difícil identificar los orígenes económicos, políticos y culturales de la Revolución. En lo que concierne a los últimos, Roger Chartier (1991: 5) ha utilizado la formula paradójica según la cual la Ilustración puede no haber sido la causa de la Revolución, sino que más bien fue el proceso contrario: la Revolución sería el origen de la Ilustración «al intentar anclar su legitimidad en un cuerpo de textos y autores fundadores reconciliados y unidos más allá de sus diferencias extremas, por su preparación de una ruptura con el viejo mundo...». Respecto a las condiciones económicas y políticas de la estabilidad del Antiguo Régimen, han surgido algunas dudas sobre si éste era débil en sí mismo9 o si colapsó simplemente bajo las condiciones (contingentes) de una excepcional competencia geopolítica. En este punto, los argumentos principales de Skocpol han probado ser particularmente influyentes, porque hay buenas razones para asumir que los fenómenos masivos de levantamiento popular y de los fuertes conflictos entre las élites de finales de la década de 1780 no se habrían dado sin las guerras del siglo XVIII y sin las ambiciones imperiales de Francia (con las cargas financieras que resultaron de ello) (Stone, 2002). Por tanto, sin tomar en cuenta estos aspectos geopolíticos, los «inicios» de la Revolución no se podrían entender totalmente. Pero esto también es cierto respecto a su «curso ulterior»: fue el dinamismo social provocado por la guerra contra la Francia revolucionaria lo único que permitió el surgimiento de los grupos jacobinos y, mucho después, de Napoleón. Esto no debe ser olvidado si se quiere interpretar el desarrollo y los resultados de la Revolución de manera adecuada (Skocpol y Kestnbaum, 1990: 23).

Resumiendo los cambios recientes dentro de la historiografía sobre la Revolución francesa, parece claro que la contingencia de los acontecimientos y sus consecuencias está más acentuada que nunca. Ello permite realizar algunas conclusiones sobre los intentos de esbozar una teoría general de la Revolución: si los hechos de los actores revolucionarios no deben ser deducidos de su posición de clase, si el discurso político revolucionario sigue sus propias «reglas» (que no son fáciles de descifrar) y si los factores externos contingentes (como las guerras) influyen de manera decisiva en los acontecimientos y en los procesos, entonces sería imposible poner todos los fenómenos relevantes y todos los efectos de interacción entre estos fenómenos dentro de un mismo modelo consistente. Por eso, parece difícil realizar afirmaciones generales acerca de las causas (y cursos) revolucionarias (Goldstone, 2003: 77), lo que se debería confirmar si se observa la historia de las revoluciones en las Américas.

III. LA «REVUELTA DE LOS COLONOS» EN AMÉRICA DEL NORTE: LA CONTINGENCIA DE LOS PROCESOS PRERREVOLUCIONARIOS Y REVOLUCIONARIOS

La idea inicial de Skocpol de considerar la Revolución francesa desde el punto de vista de la competencia geopolítica probó ser -como ya se subrayó- extraordinariamente provechosa. Puesto que el declive del Antiguo Régimen francés fue ocasionado por disputas militares en el continente americano en particular, y en la región atlántica en general, sería plausible interpretar la revolución anterior en las colonias británicas de América del Norte como una reacción a esta situación común. Ésta fue la idea inicial de Palmer (1959) cuando propuso estudiar la llamada «época de revolución democrática » desde la perspectiva de una «civilización atlántica». Sin embargo, este enfoque supone algunos problemas, porque las clasificaciones utilizadas por Palmer tienden a borrar las diferencias entre los conflictos ocurridos en Francia y en las Américas.

Con respecto al caso específico de América Latina, Brian R. Hamnett (1995: 70) subrayó de manera muy justa que las referencias a una constelación común en el «Atlántico » podían llevar a una negligencia del problema crucial de la independencia en esta parte del mundo. En otras palabras, hablar de revoluciones «democráticas» similares en la «civilización atlántica» supone el peligro de pasar por alto diferencias relacionadas con cada situación colonial específica. Por lo tanto, saber si se debe -como sugiere Hammet (1995: 70)- caracterizar los procesos en los territorios angloamericanos o latinoamericanos de revoluciones «anticoloniales» y «nacionalistas» será discutido con más detalle a continuación. En todo caso, habrá que tener conciencia de que existen límites a las similitudes entre Francia y América. Pese a estas diferencias relacionadas al problema del colonialismo, es bastante sorprendente que la historiografía de los procesos revolucionarios en América del Norte pusiera de relieve una serie de cuestiones que ya también habían sido reconocidas como teóricamente relevantes en los escritos sobre la Revolución francesa.

Desde el principio era claro que cualquier intento de entender los procesos en las Colonias británicas, principalmente en términos de conflicto interno de clases, estaba destinado al fracaso. Por eso, muchos enfoques se concentran inmediatamente en el contexto imperial de los acontecimientos en cuestión.

Durante el siglo XVIII, el Imperio británico no era una estructura centralizada del poder10. Esto es así porque la colonización británica en América del Norte se había iniciado bajo circunstancias específicas. Algunas de las Colonias inicialmente obtenían pocas ganancias y no prometían una prosperidad económica, por lo que Londres no estaba realmente interesada en instaurar un aparato administrativo viable. Pero también, hasta mediados de la década de 1620, las Colonias inglesas en América eran lugares desordenados e infelices que no cumplían ninguno de los objetivos ingleses para la expansión atlántica. El logro más importante fue negativo: un prolongado asalto a los indígenas -vibrantes pero vulnerables- a través de la ocupación de las tierras americanas nativas y el deterioro de las relaciones entre ingleses e indígenas. La imagen inicialmente positiva de los indígenas degeneró en un conflicto violento y de denigración racial durante una década de ocupación permanente (Burnard, 2010: 118). Adicionalmente, el gobierno colonial fue debilitado significativamente durante ese siglo como consecuencia de la guerra civil inglesa. Esto permitió la libertad para los colonos norteamericanos, que no fue perdida posteriormente, a pesar de los esfuerzos de Londres para regresar a la situación anterior (Burnard, 2010: 117)11.

Por tanto, pese a que el estatus político anterior de estas colonias era distinto por estar unas legalmente confinadas más cerca de la administración real que otras (Dippel, 1985: 20), todas tenían en común un nivel comparativamente elevado de autonomía12. Como nunca existió una clara jerarquía de la Iglesia ni una aristocracia poderosa, los autogobiernos supralocales y suprarregionales empezaron rápidamente a tomar la forma de parlamentos coloniales: las «Cámaras Bajas» o las «Asambleas». En el transcurso del siglo XVIII, estas instituciones representativas (aun si bajo el entendimiento actual no eran democráticas) ganaron cada vez más poder y se apropiaron exitosamente del derecho de aprobar los impuestos, de manera que influenciaron fuertemente la mayoría de las decisiones políticas en las Colonias y, por tanto, se convirtieron en un fuerte contrapeso a los gobernadores reales (Dippel, 1985: 20; Bailyn, 1973: 204). En este proceso, los privilegios originalmente concedidos fueron gradualmente reinterpretados como derechos inviolables, lo cual contribuyó fuertemente a la creciente auto confianza de los colonos:

A lo largo del siglo XVIII [...] los colonizadores procedieron como si las asambleas fueras un derecho establecido a través de prácticas y por la costumbre, y por tanto establecido en las constituciones coloniales, por lo que había dejado de ser un privilegio real otorgado, si es que los colonos realmente habían concedido que lo podía ser, sin perjuicio de su conocimiento de reivindicaciones exclusivas. Desde las primeras décadas de la colonia, los colonos habían insistido en el derecho a que una asamblea votara los impuestos, dictara las leyes necesarias y estableciera otras instituciones gubernamentales en un nivel local, pese a que frecuentemente recibían y lograban menos de lo que aspiraban (Mancke, 2010: 43).

Al final, los colonos fueron exitosos en el sentido de que las «Cámaras Bajas» o las «Asambleas» fueron cada vez más aceptadas por la administración real en Londres como partes legítimas de los gobiernos coloniales (Mancke, 2010: 44). Por supuesto que esto no sugiere que las tendencias hacia el autogobierno de los colonos británicos en América del Norte deban ser interpretadas como presagios de la revolución y la independencia venideras, o bien como una señal de que la separación con Gran Bretaña era inevitable. ¡Al contrario! Paralelamente con los desarrollos dentro de la historiografía de la Revolución francesa, estudiosos de los acontecimientos de las colonias británicas también se han vuelto bastante escépticos hacia las reconstrucciones teleológicas.

En este sentido, debe señalarse que, para inicios del siglo XVIII, las Colonias estaban fuertemente integradas en la región atlántica y sólidamente relacionadas con las Islas Británicas. Eso tenía que ver en gran parte con el dinamismo de la guerra entre las grandes potencias europeas, particularmente entre Gran Bretaña, Francia y España. Como Trevor Burnard (2010: 119) subraya correctamente, la Guerra del Rey Felipe de los años 1675-1676 fue el último conflicto militar en las Américas que «no» llevó a intervenciones masivas de las potencias europeas y de sus respectivas Colonias americanas. Pero desde 1690 y hasta la llamada «Guerra de los Siete Años» (1756-1763), cada conflicto importante básicamente afectaba a todas las grandes potencias, de manera que estos choques militares frecuentes -por razones estratégicas- desembocaban en una integración cada vez mayor de las cuencas atlánticas. Este punto por sí solo genera dudas respecto de aceptar los supuestos de un desarrollo prácticamente lineal, que necesariamente tenía que culminar en la independencia y la formación de los Estados Unidos como un Estado Nación. De hecho, hasta la década de 1760, el descontento con la situación colonial nunca había sido seriamente articulado. Al contrario, a menudo se mostraba un sentimiento monárquico entusiasta, lo que hace difícil argumentar que ya existía una identidad común en todas las Colonias que solo esperaba apretar el gatillo contra la metrópoli en Londres (Greene, 1995: 1, Wood, 1991: 15; Heideking, 1999: 6)13. Eso, obviamente, lleva a la pregunta de por qué ocurrió la revolución.

La respuesta más convincente se acerca a la idea de Skocpol sobre la importancia crítica de los conflictos geopolíticos. Como ha sido subrayado por numerosos autores, fue al inicio de la Guerra de los Siete Años que los esfuerzos de centralización surgieron en Londres lo que, en gran parte, dio forma a la situación prerrevolucionaria. Según Greene (1995: 3), fue la anteriormente mencionada integración económica en la región atlántica lo que hizo que las autoridades británicas fueran cada vez más conscientes de la importancia de las colonias norteamericanas y, por tanto, quisieran tomar medidas para estabilizar el statu quo favorable para Gran Bretaña. Esto estuvo en la agenda de las políticas británicas por lo menos desde la década de 1740, cuando la noticia de los problemas políticos en las Colonias llegó a Inglaterra. Sin embargo, las posibilidades reales para la acción no se presentaron antes del final de la Guerra de los Siete Años. Por un lado, a partir de esta fecha se desplegó en el continente americano una parte relativamente grande y permanente del ejército británico, lo que hacía posible la implementación de reformas. Además de ello, con la desaparición de Francia como un competidor serio en los asuntos norteamericanos, Londres podía perseguir una nueva política que no siguiera dependiendo de relaciones consensuales con los colonos (Greene, 1995: 3).

En 1763 y 1764, el American Revenue Act, junto con numerosas reformas asociadas, intentaron reforzar el control británico sobre el comercio colonial, restringir el contrabando colonial, recaudar un impuesto sobre el comercio americano y reducir el control colonial sobre la política fiscal interna y las tierras del oeste. En 1765, el Stamp Act amenazó a las colonias con impuestos adicionales. El fijar impuestos a las Colonias directamente desde el Parlamento no tenía precedentes y esta rápida sucesión de medidas fue vista por los colonos como una ruptura intolerable con las relaciones tradicionales dentro del Imperio (Greene, 1995: 56). Por tanto, fue exactamente la interpretación política de este elemento lo que intensificó el conflicto. En términos puramente económicos, los impuestos no fueron decisivos porque los colonos británicos en América del Norte tenían la carga tributaria más baja de toda la región atlántica (Bender, 2006: 83). Lo determinante más bien fue que las medidas anunciadas en Londres amenazaron con instaurar relaciones políticas totalmente nuevas, que tendían a socavar el autogobierno tradicional y los derechos fiscales de las «Asambleas» coloniales. Además, dado que los impuestos afectaban a todas las Colonias de la misma manera, estas medidas fomentaron el desarrollo de una identidad común, que ya no era automáticamente «británica».

Sin embargo, como ha sido convincentemente demostrado por Jack Greene (1995: 58), incluso la formación de una identidad común no era necesariamente «el» paso decisivo hacia la separación con el Imperio británico; lo posterior no necesariamente es consecuencia de lo primero. Después de todo, no hay que olvidar que se pueden encontrar buenas razones para quedarse bajo el techo del Imperio británico. El miedo de las élites políticas a una posible pérdida de control sobre las clases sociales bajas era sin lugar a dudas bastante importante. El problema de permanecer aislado en una situación geopolítica no del todo estable fue tema de fuerte consideración, así como el problema de cómo organizar la resistencia contra Gran Bretaña, especialmente debido a que la ausencia de instituciones supracoloniales hizo posible que las represalias británicas fueran exitosas. Adicionalmente, aún existían fuertes lazos afectivos hacia Gran Bretaña y el Imperio, lo que explica muy bien la actitud indecisa hacia la idea de la independencia (Greene, 1995: 61).

Por eso, ciertamente había muchas posibilidades de un acuerdo entre los colonos y Londres. La intensificación del conflicto se explica sobre todo -y aquí existen paralelismos con tendencias importantes en la historiografía de la Revolución francesa, como lo demuestra el trabajo de Furet- por los cambios en la cultura y el lenguaje político. Como ha sido demostrado por Bernard Bailyn (1973: 95) ya desde inicios de la década de 1970, fue especialmente el Stamp Act lo que llevó a un sentimiento generalizado de que había un ataque dirigido hacia las libertades británicas -con el énfasis en ser «británicas »-. Los colonos norteamericanos:

vieron, con claridad creciente, no políticas meramente equivocadas, o incluso malignas, que violaban principios sobre los cuales se sostenía la libertad, sino lo que parecía ser evidencia de nada menos que un asalto deliberado lanzado subrepticiamente por los conspiradores contra la libertad, tanto en Inglaterra como en América (Bailyn, 1973: 95).

Por tanto, no es sorprendente que la independencia de América del Norte a veces sea interpretada (de manera convincente) como una «revolución británica» (Greene, 2000: 93).

Una vez más, la separación con el Imperio británico no fue algo premeditado. Lo que pasó fue más bien que se dio una radicalización de los actores decisivos cuando emergió un conflicto sobre las libertades británicas y los colonos se vieron a sí mismos como destinatarios de todos estos derechos. Aquí el principio político de la soberanía indivisible del Parlamento (tradición fuerte y prácticamente sagrada en las Islas Británicas desde la Revolución inglesa) chocó con un entendimiento muy distinto de la soberanía por parte de los norteamericanos. Para el Parlamento en Westminster, cualquier resistencia colonial significaba «un reto fundamental y peligroso tanto para el sistema constitucional existente (los universalmente apreciados Acuerdos Revolucionarios de 1688-1715) como para la prosperidad y seguridad de la Nación» (Greene, 1995: 6). Para los colonos americanos la soberanía significaba algo totalmente distinto; estaban convencidos de que existían algunos límites al ejercicio de la autoridad por parte del Parlamento en Londres:

Si el Parlamento tenía un papel constitucional en el Imperio, fueron persuadidos de que dicho papel tenía que ser limitado. Fueron virtualmente unánimes en acordar que ese papel no incluía la autoridad para fijar impuestos a las colonias para los ingresos públicos y una parte sustancial también sostuvo que no incluía la autoridad para legislar los asuntos internos de las colonias (Greene, 1995: 78; ver también Bailyn, 1973: 202)14.

Estas preguntas estaban en el centro de la agenda revolucionaria, de manera que los acontecimientos en América del Norte hoy en día son interpretados, abrumadora y convincentemente, como una revolución «política»15. Sin embargo, el uso del término «política » no debe sugerir de ninguna manera que los protagonistas de la Revolución tenían la mente dirigida hacia un futuro Estado-Nación desde el principio. Eso claramente no fue el caso. Como David Armitage (2007: 17) ha afirmado convincentemente, la Declaración Americana de Independencia de julio de 1776 -que en realidad tuvo lugar sólo un año después del comienzo de los conflictos militares entre los colonos y las tropas británicas- era fundamentalmente un documento de «creación de Estado» y no de «creación de una Nación», ni de énfasis primordial en derechos o libertades individuales:

Declaró que lo que anteriormente habían sido colonias dependientes dentro del Imperio Británico ahora eran Estados independientes fuera de la autoridad del Imperio. Lo hacía sin mencionar a los «americanos» y sin utilizar la palabra «nación» [...] Las afirmaciones de la Declaración en relación con los derechos a «la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad» estaban estrictamente subordinadas a estas revindicaciones respecto a los derechos de los Estados y así se ha entendido por los contemporáneos, cuando se dignaron a notar del todo las aserciones de derechos individuales (Armitage, 2007: 17).

La evocación de derechos abstractos que habían sido formulados sin recurrir a las tradiciones históricas o a acuerdos previos entre gobernantes y gobernados (Armitage, 2007: 42f) fue una innovación que posibilitó la influencia duradera que tuvo la Declaración sobre otros países y otras culturas. Pero sólo el transcurso de la guerra revolucionaria fue capaz de realmente unir a las Colonias, de manera que un marco político común no podía organizarse antes de la promulgación de la Constitución en 1787 (Saguir, 2007: 23). Además, esta estructura no era estable en un principio, sin duda porque la América del Norte colonial nunca tuvo un verdadero centro, en tanto ni Boston ni Nueva York pudieron cumplir este papel (Gould, 2007: 142). Así, el proceso de unificación necesitó un tiempo sorprendentemente largo, por lo que el tema de la identidad política y nacional no fue establecido sino hasta la guerra civil estadounidense de los años 1861-1865 (Fernández-Armesto, 2004: 142). Es cierto tanto para Estados Unidos como para todos los Estados poscoloniales, que su independencia no fue el fin de la construcción del Estado y de la Nación, sino más bien su punto de partida. La diferencia principal con América Latina fue que los norteamericanos pudieron empezar este proceso desde instituciones representativas ya establecidas y con una práctica parlamentaria (o casi parlamentaria) que funcionaba razonablemente bien, lo que en términos de consolidación política ciertamente fue una ventaja (Chiaramonte, 2004b: 581). Se regresará a este punto. Antes de lidiar con América Latina, cabe repetir que los análisis de las causas, transcursos y resultados de la Independencia y de la Revolución en América del Norte llevaron a conclusiones teóricas que han resultado ser válidas en la historiografía de la Revolución francesa.

Primero, dado que el contexto colonial es crucial, la Revolución en América del Norte puede ser caracterizada como una «revuelta colonial, una respuesta directa a las medidas metropolitanas que parecían retar tanto el control colonial sobre los asuntos locales y negar a los colonos las reivindicaciones de una identidad británica» (Greene, 2000: 100). No tiene mucho sentido describir la Revolución en términos de conflictos de clases. Conceptos como «burguesía» o «revolución social» no son apropiados, en tanto no toman en cuenta las continuidades en las estructuras del poder de las respectivas colonias o estados entre el principio y el final de la Revolución. A pesar del alto número de colonos leales a la Corona británica, que en su mayoría tuvieron que refugiarse en el Canadá británico, las viejas élites se mantuvieron en el poder. Lo que cambió fue básicamente la forma del gobierno, mas un genuino giro de las estructuras de poder sencillamente no se dio. Los gobiernos siguieron siendo instrumentos de los colonos de las clases ricas (Greene, 2000: 101). Como argumenta Greene (1995: 118), los procesos de cambio social y económico que ya habían empezado durante el periodo colonial hubiesen seguido con o sin la Revolución, aun cuando no se puede negar que los acontecimientos revolucionarios influyeron en la rapidez y la orientación de este cambio en particular.

Segundo, no es sorprendente que haya un consenso ampliamente compartido de que la Revolución estadounidense -aun más que la francesa- puede ser interpretada como un conflicto sobre principios «políticos»16 en una sociedad que ya tenía muchas características modernas (Greene, 1995: 382, ver también -con un enfoque ligeramente distinto- Appleby, 1992). Combinado con el orden económico y social relativamente igualitario en las colonias, esta extensiva autonomía política y el debilitamiento del control metropolitano también contribuyeron al surgimiento de políticas sociales que estaban fuertemente marcadas por el republicanismo y por modelos contemporáneos inclusivos. En combinación con una densidad de población favorable, que permitió una extraordinaria cantidad de espacio y provisiones alimenticias, esta excepcional libertad política y social tuvo un efecto profundo sobre la formación del carácter americano (Greene, 1995: 384-385)17.

Finalmente, los últimos dos puntos indican que lo que ha sido mostrado por la historiografía de la Revolución francesa es igual de válido para el caso de la independencia de los colonos norteamericanos. Una perspectiva demasiado teleológica tiende a malinterpretar los procesos históricos. Simplemente no existía un camino necesario desde el estatus colonial hasta la Independencia y la Revolución. No había una transformación inevitable de una conciencia protonacional hacia una conciencia nacional revolucionaria; ni tampoco una formación lógica de «la» Nación y «del» Estado estadounidense. Estas ideas se deben tener en mente ahora que se analicen los acontecimientos que ocurrieron en América Latina a inicios del siglo XIX.

IV. REVOLUCIÓN E INDEPENDENCIA EN AMÉRICA LATINA: MÁS ALLÁ DE LA FATALIDAD HISTÓRICA

Una de las características principales de la historiografía reciente sobre el Imperio español en América probablemente es cuáles diferencias con las estructuras coloniales británicas (que fueron una vez tan fuertemente enfatizadas) ahora se encuentran mitigadas, de manera que los eventos y procesos antes de la Revolución y la Independencia también están siendo evaluados de una nueva manera. En este contexto, las cuatro afirmaciones teóricas ya mencionadas -que habían sido importantes en relación con los análisis de las respectivas Revoluciones en Francia y América del Norte- aquí también tienen un papel revelador.

El punto de partida de la historiografía reciente es el argumento de que no es muy convincente hablar de un movimiento inevitable hacia la independencia. En el contexto del Imperio colonial español, dos aspectos son relevantes: primero, la estabilidad de las estructuras imperiales y, segundo, la identidad y el comportamiento de los actores individuales y colectivos involucrados. Respecto a las estructuras coloniales, cada vez es más reconocido que la anteriormente valorada idea de un Imperio español débil no es apropiada, de manera que la tesis de la necesidad de su colapso fue fuertemente criticada. Como lo subrayó Jeremy Adelman, la habilidad para reformar este Imperio era clara: la mayor parte del tiempo estaba en una posición para reaccionar flexiblemente a circunstancias cambiantes que -similar a la situación en el Imperio británico- a menudo eran causadas por desafíos geopolíticos:

las presiones globales fortalecieron los esfuerzos para acomodar [...] las estructuras heredadas de producción y comercio en un nuevo imperio económico y político y un nuevo balance entre el capital mercantil y el Estado (Adelman, 2010: 70; ver también Jones, 2007: 19).

Esta reinterpretación está principalmente dirigida en contra de los enfoques que -a menudo guiados por las típicas afirmaciones de la teoría de la modernización- han enfatizado, ya sea los supuestos pilares medievales y escolásticos de las normas españolas18 o las persistentes tradiciones centralistas en España que sólo se realizaron plenamente en América Latina19. Tales clasificaciones están sujetas, no sólo al peligro de enfatizar demasiado las diferencias entre el Imperio colonial español y el aparentemente más «moderno» Imperio británico, sino que también invitan a malentendidos respecto a los cambios en el ejercicio del poder y sus formas de legitimación. Como lo ha demostrado Antonio Annino, la legitimación del poder (y por tanto su crítica) a inicios del periodo moderno siempre podía usar por lo menos dos conceptos o interpretaciones de «soberanía»:

Por una parte, la soberanía regalista, que desde las primeras formulaciones del siglo XVI sobre la necesidad de identificar físicamente la sede del poder con la persona del rey, había evolucionado después hacia una concepción abstracta del estado y de su soberanía; por otra parte, una idea pluralista de la soberanía, que en un cierto sentido modernizó el antiguo modelo de estado mixto gracias al jusnaturalismo holandés y al constitucionalismo inglés (que no reconoció nunca personalidad jurídica al estado), y que encontró después en el Montesquieu de los cuerpos intermedios una formulación sistemática de gran influencia (Annino, 1994: 231).

La existencia simultánea de distintos conceptos de soberanía20 explica, primero, por qué los esfuerzos de reforma por parte de los soberanos Borbones encontraron tanta resistencia (aun si esta resistencia, por supuesto, no era solamente una cuestión de actitudes ideológicas o filosóficas) y, segundo (y se volverá luego sobre este punto), por qué durante el periodo de la Revolución y de la Independencia surgieron conflictos específicos. Finalmente, también explica cómo, después de eso, el proyecto de construir Estados- Nación unificados encontró enormes problemas.

Sin embargo, antes de abordar estos puntos, primero hay que preguntarse cómo eran las estructuras del poder a principios de la época colonial. Con la instauración del gobierno español en América, se dio una transferencia de instituciones e ideas hacia los nuevos territorios. Inicialmente, el rey Habsburgo se vio a sí mismo como la cabeza de numerosas y distintas comunidades políticas que reivindicaban diferentes derechos y que, por tanto, «no» estaban subordinadas a una estructura gubernamental llamada «España», pero que eran «la misma esencia» de «las Españas».

En el nivel más alto está la Monarquía, el conjunto; luego, las Coronas, formadas a su vez por varios reinos o provincias (la de Aragón, con Cataluña, Aragón, Valencia; la de Castilla, con Galicia, Asturias, la Castilla propiamente dicha, los antiguos reinos musulmanes del Sur, y, en fin, los reinos de Indias). En la base de esta pirámide, en los reinos castellanos, que son los que nos interesan ahora, se encuentran dos tipos esenciales de unidades políticas: los señoríos -laicos o eclesiásticos- y los grandes municipios; más abajo aún, dependientes de unos u otros, una multitud de villas y pueblos (Guerra, 1995a: 211).

Los territorios americanos fueron incorporados a esta estructura de «las Españas» y la administración fue diseñada siguiendo patrones castellanos; en este proceso, la ciudad tuvo un papel especial como unidad administrativa.

Ciertamente no fue el caso que todas las áreas en América fueran consideradas como «reinos» de manera idéntica. Por ejemplo, Nueva España siempre tuvo una posición algo prominente como resultado de una colonización temprana. Pero todas eran más que simples «colonias»21. Sin embargo, desde el inicio estaba ausente un elemento que distinguió a las estructuras imperiales españolas y británicas. En América del Norte, las «Cámaras Bajas» o «Asambleas» se establecieron rápidamente como instituciones de autogobierno supramunicipales, adquiriendo una posición independiente de poder entre las ciudades y municipalidades, por una parte, y los gobernadores reales, por otra. Eso no ocurrió en el Imperio español, lo cual tuvo consecuencias para las identidades políticas que no fueron tan orientadas como en América del Norte. Una persona se sentía emocionalmente vinculada a un pueblo o a una ciudad dominante y quizás luego también a un «reino»; pero todos ellos también formaban parte de la monarquía (Guerra, 1995a: 215). En contraste con el caso norteamericano, era difícil encontrar identidades claras (clear-cut), lo que resultaría significativo cuando posteriormente emergieran los conflictos en la era de la Independencia y la Revolución.

La anteriormente mencionada estructura gubernamental en América Latina empezó a cambiar bajo el impacto de las reformas de los Borbones. Al igual que en el caso del Imperio británico, a partir de la década de 1750, estos gobernantes -en el poder desde el principio del siglo XVIII- estaban buscando oportunidades para intervenir de manera más sistemática en los asuntos coloniales. Pero mientras que en el caso británico los intentos estaban hechos de un sentimiento de fortaleza (debido a la victoria de Gran Bretaña en la Guerra de los Siete Años que había disminuido el poder francés en América), las reformas de los Borbones se implementaron desde un sentimiento de debilidad. Jeremy Adelman (2006: 30) ha utilizado el término «modernización defensiva», ya que estas reformas tomaron fuerza sólo después de fracasos militares dolorosos. Durante esta misma Guerra de los Siete Años, Cuba fue temporalmente tomada y ocupada por los británicos (1762), lo que demuestra claramente la vulnerabilidad militar de las posesiones españolas. Así, la isla se convirtió -como lo ha demostrado Rodríguez (1996: 38)- en una especie de campo experimental, para ver cómo nuevas medidas administrativas, militares y económicas debían garantizar la estabilidad y la eficiencia del gobierno colonial.

El establecimiento de intendencias, el aumento de los impuestos y la instauración de personal de confianza español en las posiciones administrativas debían servir de modelo para el resto del Imperio. Incluso se intentó una regulación aún más estricta de los asuntos religiosos, a través de la expulsión de los jesuitas de España y de todas las partes del Imperio en 1767 (Rodríguez, 1996: 43; Domínguez, 1980: 71; Lynch, 1973: 10; Stein, 1970: 97). Económicamente se dedicó particular atención al «libre comercio» (que, de hecho, significaba libre comercio solamente «dentro» del dominio español), con el objetivo de dar un impulso al comercio y al aumento de los ingresos provenientes de los impuestos, así como para mejorar la competitividad geopolítica de España22.

Con estas reformas, prevaleció un concepto de soberanía esencialmente absolutista y, en última instancia, francés (Guerra, 1992: 22), lo que comprensiblemente no fue muy apreciado por quienes eran sujetos de esa forma de gobierno tan centralizado. Esto en razón de ello significaba un deterioro del estatus de los territorios españoles en América, pues pasaban a ser considerados meras colonias (Guerra, 1995a: 217; 1992: 80). Sin embargo, de esta falta de «aprecio» no se sigue automáticamente una fuerte movilización contra España. Todavía faltaba una fuerte oposición pública que demandase la independencia (Adelman, 2006: 182)23. Aunque parece apropiado debilitar la muy marcada dicotomía entre una sociedad civil británico-americana animada y una sociedad civil latinoamericana difícilmente desarrollada, esta dicotomía -que fue muy utilizada por los primeros enfoques comparativistas-24 no debería llevar a argumentos (Brading, 1991: 293) que afirmen que las reacciones a las reformas de los Borbones ya eran una expresión de la identidad criolla y, por tanto, fuertes indicadores de una futura separación con España (para un análisis más crítico sobre eso, ver Breña, 2006: 44).

En este punto, el caso latinoamericano no difiere para nada del caso británico-americano porque -como ya fue demostrado- a pesar de la existencia de una sociedad civil vibrante en América del Norte, las demandas para una separación de Gran Bretaña aparecieron tardíamente (no antes de la década de 1760). Por ello, tanto en el caso británico como en el español, el desarrollo de identidades separadas y el surgimiento de una esfera pública no resultaron inevitablemente en movimientos independentistas25. Como lo subraya Adelman (2006: 53), no existía un verdadero precursor nacionalista de la posterior Revolución e Independencia. Todo lo contrario. En algunos aspectos, las reformas de los Borbones habían asegurado la autoridad española en América de manera que, hasta el estallido de la Revolución francesa, el Imperio español nunca fue tan fuerte (Adelman, 2006: 53).

Si eso es cierto, entonces obviamente hay que considerar los cambios militares y geopolíticos provocados por la Revolución francesa como el verdadero punto de partida de la crisis del Imperio español. Pero esto también ocurrió tardíamente y sólo bajo circunstancias peculiares. Entre 1793 y 1814, España estuvo casi constantemente en guerra contra alguna de las potencias atlánticas (Adelman, 2006: 103). En 1793 había estado involucrada en guerras revolucionarias contra Francia, donde sufrió una impresionante derrota que llevó a la humillante paz en 1795. España tuvo que convertirse en aliada de Francia y entonces quedó -hasta la Paz de Amiens de 1802- cortada de sus posesiones en América, debido a la omnipresencia de la flota británica (Rodríguez, 1996: 49). Después de la victoria británica sobre las tropas de Napoleón en Trafalgar, la situación se repitió otra vez porque el bloqueo continental de Napoleón coartó al continente europeo y, por extensión, a la propia España (Rodríguez, 1996: 72). Todo eso significó que, a lo largo de este periodo, las Colonias americanas se encontraron básicamente solas y, de cierto modo, comparativamente autónomas. La comunicación entre España y América era difícil y un efectivo control político de los territorios americanos por parte de la Corona española era casi imposible (Lynch, 1999: 23). Económica y políticamente, eso tuvo un impacto sobre América, porque la situación permitió ciertas libertades de acción para los capitalistas mercantilistas que antes simplemente no eran permitidas:

[...] ahora se puede inferir que, desde 1796, América Latina virtualmente dejó el sistema español de libre comercio y entró al comercio mundial como una economía independiente, quedando atenta a que si España se recuperaba, ciertamente regresaría nuevamente hacia el monopolio (Lynch, 1999: 24).

Por tanto, no cabe duda de que los intereses de los hombres de negocios criollos -y una crítica al sistema mercantilista español como un todo- se podían articular como nunca antes (Adelman, 2006: 141). Sin embargo, al mismo tiempo también es cierto que es difícil interpretar esta configuración como el primer paso hacia una futura separación de España. Sobre todo porque, desde antes de 1810, una adecuada representación política de los intereses criollos simplemente no formaba parte de la agenda política (Adelman, 2006: 174). Ni una crisis general del Imperio español, ni reformas imperiales -como fue en el caso de la América del Norte británica-, ni el colapso del control efectivo de los territorios latinoamericanos por las guerras en Europa llevaron directamente a la Revolución y la Independencia (Breña, 2006: 81). Fue la invasión de España por parte de Napoleón y el derrocamiento de la monarquía de los Borbones los que provocaron los acontecimientos revolucionarios:

Mientras que los americanos británicos declaraban la independencia contra una metrópolis en la cúspide de su poder, los americanos españoles se movieron hacia la independencia sólo cuando el poder paternal había efectivamente colapsado (McFarlane, 1999: 6).

Después de la invasión de las tropas francesas, el lugar principal del consiguiente dinamismo militar y político se ubicó en la Península Ibérica, en particular debido a problemas de comunicación. En marzo de 1808, el rey Borbón Carlos IV había abdicado y estaba a punto de pasar el trono a su hijo Fernando VII cuando Napoleón, cuyas tropas ya estaban en España, interrumpió de facto este cambio de poder intradinástico. También obligó a Fernando VII a abdicar26 y, en su lugar, instaló a su propio hermano, entonces conocido como José I, «Rey de España y de las Indias». Al mismo tiempo, intentó implementar sus ideas constitucionales y políticas en España con el llamado Estatuto de Bayona de julio de 1808, que estableció una monarquía en la que las Cortes debían tener alguna representatividad, pero con funciones limitadas.

Pese a la naturaleza autoritaria global del estatuto, éste concedió algunas libertades liberal-burguesas, racionalizó la recaudación de impuestos y garantizó el acceso a puestos administrativos según principios meritocráticos, entre otros (Suanzes-Carpegna, 2007: 15). Por primera vez surgió un amplio debate sobre los principios constitucionales, aun cuando estaba claro que el Estatuto de Bayona y el régimen de José I no podían ser aceptados por la gran mayoría de los españoles y que la resistencia (militar) contra el nuevo monarca y sus tropas francesas continuaría.

Así, en toda España se crearon Juntas provinciales que rechazaron explícitamente el nuevo régimen y, al mismo tiempo, reivindicaron derechos soberanos. Con el objetivo de organizar y coordinar la resistencia en todo el país, en diciembre de 1808 los «patriotas» españoles establecieron una Junta Suprema Central27 que tenía sede en Sevilla, una parte de España que todavía no había sido ocupada por las tropas francesas. Pero a finales de 1809 tuvo que ser trasladada a Cádiz28, para poder escapar de las garras de Napoleón29. En el contexto de la Junta Central, un amplio debate sobre el futuro constitucional del Estado español marcó el «nacimiento del constitucionalismo español».

Pese a su importancia, este punto a menudo no ha sido tomado en cuenta o incluso ha sido desatendido por anteriores historiadores de las revoluciones latinoamericanas. En sus trabajos, el absolutismo y autoritarismo español fue a menudo contrastado con el mundo liberal y progresista de América (para una crítica de tales interpretaciones, ver Breña, 2006: 26). Sin embargo, tal dicotomía no es sostenible porque, primero, dentro de este constitucionalismo español se encuentran muchos elementos liberales, de manera que el término «primer liberalismo español» hoy en día parece estar establecido; segundo, los debates entre los americanos a menudo se referían directamente a los que tuvieron lugar en Sevilla y Cádiz; y, tercero, no estaba del todo claro que los debates políticos y constitucionales necesariamente resultarían en una separación por parte de las colonias30. Las similitudes con los procesos revolucionarios en América del Norte de algunas décadas atrás son inequívocas en este caso porque, al principio, ni siquiera ahí la cuestión de la independencia nacional había estado en el centro de las discusiones, sino la igualdad de derechos para todos los ciudadanos31, de manera que -tal como había sido señalado- la etiqueta de una revolución «británica» parece totalmente justificada.

Debido a esta perspectiva antiteleológica, los historiadores de las revoluciones en América Latina desarrollaron un fuerte interés en fases revolucionarias distinguibles. En este sentido, nadie debe haber sido más influyente que Guerra (1992) quien, con todo su énfasis en la «unidad» del proceso, al mismo tiempo esculpió distintas fases revolucionarias (para argumentos similares, ver Chiaramonte, 2004a: 11)32.

Según Guerra, una de las diferencias clave entre los procesos revolucionarios en el mundo hispánico, por una parte, y en América del Norte y Francia, por otra, fue el hecho de que a los ojos de los «patriotas» faltaba un enemigo claro: los españoles y los «patriotas » latinoamericanos no se rebelaron contra el Rey, una administración remota o un Parlamento metropolitano. Inicialmente, el objetivo principal era más bien restaurar el orden antiguo (por ejemplo, lograr la restauración del gobierno de Fernando VII): «El hecho de que las primeras fases de la revolución tengan lugar al mismo tiempo que se luchaba contra un enemigo exterior, contribuyó poderosamente a evitar la exasperación de las tensiones sociales» (Guerra, 1992: 35).

Este intento de restaurar el gobierno de los Borbones llevó a consecuencias significativas que no deben caracterizarse directamente como «socialmente revolucionarias», pero que -y éste es el argumento de Guerra- resultaron en una transformación y una modernización revolucionaria del largamente tradicional lenguaje de la política, que llega incluso hasta hoy33. Con un énfasis particular para el periodo 1808-1810, Guerra habla de una «primera» fase de la revolución que -y aquí el autor usa un vocabulario similar al de la teoría de la modernización- cambió completamente el discurso político en el mundo hispanohablante y lo puso dentro de un nuevo balance «moderno». Una cultura política mayoritariamente tradicional o feudal empezó a cambiar en el grado que -con o sin influencia directa de Francia- emergieron nuevas y extensas discusiones que de repente se centraron en temas como la «representación política», la «nación», la «soberanía» o la «igualdad política» (ver, por ejemplo, Guerra, 1994a: 196; Guerra, 1994b: 4). Al principio -cabe repetirlo- la unidad del Imperio español no se encontraba en la agenda. En esta fase, la preocupación era más bien sobre los problemas políticos que emergieron como consecuencia del colapso del antiguo orden. Guerra describe de esta manera la lógica del subsiguiente proceso político:

La lógica política del proceso está aquí claramente indicada: las abdicaciones reales; la disolución del cuerpo político por la acefalia del poder real; la reversión de la soberanía a la sociedad; el renacimiento de la representación política; la Victoria de la soberanía del pueblo; el rechazo por los gobiernos peninsulares de la igualdad política entre España y América; los agravios americanos; la Guerra y la ruptura (Guerra, 1999: 57).

Dos cuestiones particularmente importantes -que no sólo afectaron a la Península Ibérica sino aún más a las colonias americanas- surgieron como consecuencia de este colapso. Primero: ¿dónde está el «locus del poder» después de que desapareció el antiguo centro? ¿Debe ubicarse en cada reino, en cada provincia, en las grandes ciudades, entre otras? Ésas eran preguntas legítimas porque casi toda España estaba ocupada por las tropas francesas, y las Juntas en Sevilla y luego Cádiz no fueron capaces de reivindicar una autoridad verdadera (Guerra, 1999: 60). Segundo, con el fin del antiguo orden, el «problema de la representación» estaba en la agenda. ¿A quién representaban de hecho las Juntas en Sevilla y Cádiz? ¿En nombre de quién estaban autorizadas a hablar después del golpe de Napoleón? Por primera vez estos problemas fueron debatidos por un público más amplio -ya no sólo en la Península Ibérica-, lo cual fue posible, por supuesto, porque la censura ya no estaba funcionando (Guerra, 1999: 62). Así, Guerra tiene buenas razones para afirmar que en esta primera fase de la Revolución (1808-1810), se podía observar un proceso que, en principio, fue paralelo al que ocurrió en Francia antes del acuerdo de los Estados Generales en agosto de 1788 (Guerra, 1995b: 29). La crisis del Imperio español, como consecuencia de la eliminación de la monarquía de los Borbones por parte de Napoleón, significó que un actor nuevo, y sobre todo legítimo, debía ser encontrado para resolver esta crisis y superar el súbito vacío de poder.

Esto fue exactamente lo que pasó en España. Después de que la Junta Suprema Central había huido de Sevilla hacia Cádiz, el poder fue entonces transferido al llamado Consejo de Regencia. Esta nueva institución inmediatamente convocó a las Cortes (el 14 de febrero de 1810) para que se reunieran por primera vez en septiembre de ese año.

Según Guerra, el año 1810 es el punto de partida de la «segunda» fase de la Revolución, porque fue entonces que una nueva lógica de acción se hizo predominante. El autor la describe de la siguiente manera: el primer paso de las Cortes fue -al igual que en Francia en 1789- la proclamación de la soberanía en el día de su primera reunión en septiembre de 1810. Esto fue seguido por otros movimientos como la proclamación de la libertad de prensa y la preparación y discusión de una Constitución. Esta última, que fue promulgada en 1812, describió un sistema político representativo, basado en una separación de poderes que garantizara libertades individuales y dejara que la mayoría de los puestos públicos tuvieran una naturaleza electoral.

Sin embargo, aún en ese punto y bajo esas circunstancias, no se podría haber anticipado la independencia de los territorios americanos34. Al contrario; en la primera reunión de las Cortes en 1810, se enfatizó que este cuerpo político representaba a «toda» España. Por tanto, dichos territorios fueron explícitamente denotados -no como colonias- sino como partes esenciales de la monarquía española (Guerra, 1999: 61). Estas referencias a derechos iguales para los americanos fueron prometedoras, simplemente porque fue la primera vez que se escogieron representantes «en América»:

A diferencia de las Cortes anteriores, la que se reunió el 24 de septiembre del 1810 constituía verdaderamente una asamblea nacional moderna. Se congregó como un solo organismo y sus miembros representaban a la totalidad del mundo español. Al reunirse las Cortes se encontraban presentes 104 diputados, y 30 de ellos representaban a los territorios ultramarinos (Rodríguez, 1996: 107).

Sin embargo, este paso también abrió una brecha política porque la cuestión de la igualdad de representación fue inmediatamente puesta sobre la mesa: ¿Cuántos delegados de los territorios americanos podían ir a las Cortes? ¿Era realmente suficiente y apropiado el número de representantes americanos mencionados en la cita anterior? El problema aquí fue que, dada la enorme población en América Latina, una representación equitativa habría llevado a una mayoría americana en las Cortes, algo que los actores políticos de la Península Ibérica no estaban preparados a aceptar (ver Chasteen, 2008: 72, 91). Esto fue una suerte de encrucijada. Hasta esa época, los cabildos americanos y las clases altas criollas representadas habían apoyado casi incondicionalmente a los «patriotas» en España y sus maniobras políticas (Molina, 2007: 136). Hasta ese punto, Fernando VII era «la» referencia positiva de todas las proclamaciones en los territorios americanos:

Sus declaraciones de lealtad dejaban entrever la idea de un vínculo recíproco entre rey y reino que no podía romperse de forma unilateral. Las teorías pactistas, según las cuales el pueblo era la fuente primaria del poder y que para ejercerlo lo delegaba en el rey legítimo, estuvieron presentes de forma insistente en la justificación de los levantamientos peninsulares y en el comportamiento leal de los cabildos americanos (Molina, 2007: 137).

El alineamiento original de intereses en los territorios españoles y americanos al inicio de la lucha contra Napoleón no puede ocultar una diferencia vital. Mientras que la Península Ibérica era en gran parte ocupada por el ejército francés, en América no había ocupación francesa ni tampoco una presencia realmente fuerte de las tropas españolas. Esto ya había sido un hecho significativo cuando en 1806 una fuerza naval británica atacó Buenos Aires. Debido a la debilidad e incompetencia de la fuerza militar española, los propios porteños tuvieron que luchar contra las fuerzas británicas. Esto fue un incidente que contribuyó fuertemente a la autoconfianza de los criollos, no sólo en Buenos Aires, sino también en otras partes del continente. Así, la negligencia de España sobre sus territorios americanos por la situación militar en Europa llevó a una rápida desestabilización política de la situación cuando -por cualquier razón- la autoridad del gobierno en Cádiz era puesta en duda.

Esto fue lo que sucedió en 1810, cuando el mencionado Consejo de Regencia sustituyó a la Junta Central y anunció la convocatoria de las Cortes. Este Consejo -dominado por los mercaderes de Cádiz (Guerra, 2000: 87)- y todas sus medidas ya no fueron interpretadas como legítimas. Como respuesta directa, se crearon Juntas en territorios americanos como Caracas, Buenos Aires, Bogotá y otras grandes ciudades, que reclamaron la soberanía para sí mismas:

Estas juntas declaran nula la legitimidad de la Regencia y, recurriendo al argumento de la reversión de la soberanía a los pueblos, se declaran depositarias del poder real en tanto Fernando VII siga cautivo de los franceses. Las élites criollas de algunas capitales americanas comienzan así los procesos insurreccionales americanos que, a diferencia de los anteriores, terminarían desembocando en el derrumbe del imperio americano de los Borbones españoles (Breña, 2006: 112-113)35.

Sin embargo -y esto es lo que señala esta cita- las reacciones hacia el Consejo de Regencia habían sido cualquier cosa menos uniformes. No se tomaron pasos directos hacia la independencia -al menos no en todos los territorios españoles- porque algunos grupos y actores en varias regiones de América Latina vieron como algo posible la victoria sobre Napoleón y, por tanto, un pronto regreso de Fernando VII: «Las autoridades regias de regiones tan importantes como la Nueva España, América Central o el Perú propiamente dicho escogieron, por razones diferentes, esta última solución» (Guerra, 1995b: 37).

Por lo tanto, incluso después de 1810, un alejamiento completo y ampliamente extendido de España no fue una conclusión prevista con antelación. Esto ya que partes significativas de las élites aún querían sujetarse a Fernando VII. Es revelador el hecho de que la formación de las primeras Juntas en América se dio bajo el lema de proteger sus derechos monárquicos. Sin embargo, cada vez fue más claro que los intereses entre los protagonistas en España y en América comenzaron a divergir. Esto podía verse cuando las Cortes -que se habían reunido por primera vez en septiembre de 1810- rechazaron unos meses después las demandas de los delegados americanos (Breña, 2006: 132; Suanzes-Carpegna, 2007: 18). En última instancia, se desarrollaron procesos dinámicos similares a los de Inglaterra y América del Norte en la década de 1770, pero con una desviación significativa. Las Cortes de Cádiz -al igual que el Parlamento en Westminster- no podían imaginar otra forma política que no fuese una monarquía «unificada». La soberanía de las Cortes en el caso español (o la soberanía parlamentaria, como en Gran Bretaña) fue entendida como indivisible, de manera que cualquier intento para modificar las reglas del juego encontró siempre una oposición fuerte36. Los americanos (tanto los de la América británica como los de América Latina) simplemente tenían una idea distinta al respecto, ya que -sobre todo en América Latina- había muchas y distintas concepciones de soberanía, siendo una de ellas la interpretación de que si había un vacío de poder en el trono real, el poder recaería nuevamente en «el pueblo» (Guerra, 1995a: 235)37. Pero, ¿qué es exactamente el «pueblo»? Esta pregunta era mucho más urgente en América Latina que en la América británica, porque después del establecimiento de las Juntas autónomas y el rechazo de la autoridad del Consejo de Regencia, el resultado no sólo fue la disolución de los lazos entre España y América, sino también de los vínculos entre las entidades políticas dentro de la misma América:

Cada «pueblo», cada ciudad principal quedó de hecho libre de definir su propia actitud: reconocer o no a la Regencia, pero también reconocer o no la primacía que querían ejercer sobre ellas las ciudades capitales (Guerra, 1995b: 37; también Thibaud, 2002b: 469 y 2007: 3-8; Verdo, 2002; 2006: 514).

Esto fue el comienzo del conflicto interamericano porque -y aquí se encuentra la diferencia con la situación en América del Norte- las instituciones coloniales de autogobierno simplemente no existían ya que éstas -como fue el caso de las «Asambleas» coloniales en el Imperio británico- se habrían convertido en lugares de políticas supramunicipales legítimas, con cierta autoridad sobre los pueblos y otras unidades políticas. Por lo tanto, no sólo era muy probable que se dificultaran los intentos de formar una unidad política geográficamente global que incluyese a toda América Latina, sino que aun con las antiguas unidades administrativas imperiales (los Virreinatos y las Capitanías Generales) se podían esperar conflictos. Esto ya que sencillamente no había locus de soberanía indiscutibles, de manera que las distintas partes interesadas (por ejemplo, las ciudades) pudiesen llamarse a sí mismas «soberanas»38.

Por lo tanto, Guerra ha caracterizado al proceso revolucionario en América Latina con la fórmula «de lo uno a lo múltiple» (Guerra, 1999), invocando de ese modo el fuerte contraste con los procesos en la América británica. Así, el camino hacia la independencia en América Latina se dio con distintas velocidades. Si bien Nueva Granada y Venezuela habían promulgado constituciones anteriores a la Independencia y -junto con la región del Río de la Plata- habían tomado pasos decisivos hacia una separación de España, de manera bastante rápida, otras zonas fueron mucho más renuentes.

Estas distintas velocidades tenían que ver con el hecho de que las respectivas élites habían aprendido las lecciones de la Revolución francesa y la Revolución haitiana, por lo que tenían sentimientos encontrados hacia el establecimiento de regímenes republicanos (Guerra, 1992: 36; Knight, 2000: 105; Rodríguez, 1996: 17) y tenían dudas sobre si podrían controlar a las clases bajas y la población que no fuese blanca durante el curso del turbulento proceso revolucionario. Pero, también es cierto que todas estas distintas velocidades hacia la independencia pueden explicarse por el hecho de que faltaba un locus indiscutible de poder y de soberanía39.

Por lo tanto, no sorprende que el proceso descrito por el lema «de lo uno a lo múltiple » sea exactamente el punto donde casi todas las tendencias recientes (y revisionistas) dentro de la historiografía parecen hacer más énfasis. Tampoco sorprende -y esto también es muy similar a las tendencias dentro de la historiografía de las Revoluciones francesa y de Norteamérica- que el lenguaje político se mueva hacia el centro del escenario y reciba particular atención. Aquí la suposición más convincente es que los lenguajes y conceptos de actores históricos y, por tanto, su comprensión peculiar del mundo político y social, han sido cruciales para la estructuración de sus planes y acciones. Esto explicaría muchos de los giros importantes que se dieron en la fase de la Independencia y Revolución40.

Así, se ha señalado que si bien durante la Revolución el término «nación» fue ampliamente utilizado, su significado no tenía nada que ver con la «nacionalidad» en el sentido de una unidad étnica o cultural (Chiaramonte, 2004a: 12; 2004b: 565). El concepto de «nación» era cercano al de «Estado», pero -y esto debe ser enfatizado- «no» en su sentido moderno. Cuando los revolucionarios en América Latina hablaban de la «nación», tenían en mente una ley natural basada en un contrato entre gobernantes y gobernados que unía al pueblo y formaba una unidad política, como una ciudad o una provincia, entre otras (Chiaramonte, 2004a: 12; 2004b: 565). Por tanto, es altamente problemático referirse a la independencia y la revolución en América Latina como una revolución «nacionalista», precisamente porque con este término se presuponen demasiadas cosas que no corresponden con las intenciones de los actores históricos y que sólo pueden ser encontradas en las reconstrucciones de los historiadores nacionalistas de finales del siglo XIX y del siglo XX. Como lo subrayó Guerra, la cuestión de la «nación» (en su entendimiento actual) simplemente no estaba en la agenda revolucionaria (Guerra, 1999: 45; ver también Guerra, 1992: 34)41. Y, sorprendentemente, puede ser precisamente esto -como argumenta Elías José Palti- lo que permite calificar a los procesos en América Latina de «revolucionarios», en contraste con los que se desarrollaron en España:

Sólo en las colonias se planteó efectivamente la necesidad de crear, en el mismo acto de constitución del orden político, aquella entidad a la que éste debía representar (la nación). La pregunta fundamental, ya no era, «cómo» estaba constituida la nación, sino «cuál» era ésta (Palti, 2007: 100-101).

En este contexto, Palti también enfatiza que la ausencia de un concepto de una «nación» definida cultural o étnicamente, junto con la presencia de ideas que refieren a «soberanías» plurales, no deben ser juzgadas por el uso de categorías como «tradicional vs. moderno». El hecho de que los protagonistas revolucionarios pudieran afirmar la soberanía de ciertas ciudades o pueblos basándose en determinados argumentos de derecho natural sólo puede ser interpretado como un vestigio premoderno, si se utiliza un concepto esencialmente europeo (y sobre todo romántico) de la «nación» como punto de referencia universal para analizar eventos históricos en general (Palti, 2007: 126)42.

El enfatizar la búsqueda laboriosa en América Latina de un locus de soberanía lleva rápidamente a cierta valoración del periodo posterior a la revolución. Si es correcto que la construcción de la nación no fue predeterminada por la revolución y que la «nación» fue negociada porque la soberanía fue disputada, entonces no es posible seguir interpretando la resistencia contra algunas ciudades poscoloniales (como la que surgió en contra de Buenos Aires) como una simple protesta antimoderna o feudal por parte de caudillos provinciales (Morelli, 2004: 768; Thibauld, 2006), ni tampoco apoyar incondicionalmente la tesis de Halperin Donghi (1985) sobre la «ruralización» del poder (Di Meglio, 2007: 40)43.

Pero antes de estudiar las «consecuencias» de la Revolución (ver Centeno, 2002), no hay que olvidar que su terminación no estuvo asegurada durante mucho tiempo. Esto sencillamente porque no todas las áreas se estaban dirigiendo hacia la Independencia. En 1814 todavía parecía que los pocos territorios revolucionarios que quedaban en América Latina -aquellos que aún no habían sido recuperados por los «leales» o por las tropas españolas- estaban condenados a fracasar. Esto fue así porque después de la derrota de Napoleón en 1813 y la liberación de España de las tropas francesas, el contacto entre España y sus (antiguas) colonias americanas pronto se recuperaría, ya que el rey Fernando VII no estaba dispuesto a renunciar a «sus» antiguas posesiones. Finalmente, su rechazo a aceptar la Constitución de Cádiz (1812) y los logros liberales del proceso revolucionario fue lo que desató un nuevo dinamismo militar en América Latina. Las campañas militares de Bolívar y San Martín sólo podrían haber sido exitosas en este contexto y finalmente llevar, a mediados de la década de 1820, a la «pérdida» final de -con muy pocas excepciones- toda América.

Así, según ha argumentado Adelman (2008: 336), la Independencia en América Latina fue exitosamente implementada por una guerra civil entre grupos soberanos (según su propia autoidentificación) y corporaciones. La guerra civil fue lo que llevó a la independencia y no el proceso contrario. Este argumento tiene nuevamente un aspecto antiteleológico, porque desde él se sigue la idea de que la independencia no fue la concreción de una ya existente conciencia nacional, sino el resultado del externamente inducido colapso del Imperio español. Sólo así -y a través de despiadadas confrontaciones entre grupos rivales- pudo iniciar el doloroso proceso de construcción del Estado y consolidación nacional.

El hecho de que el dinamismo de la guerra civil no fuera una ventaja para los inicios de los Estados jóvenes no debe ser debatido más. Pero antes de discutir al final de este artículo sobre el carácter revolucionario de los eventos en América Latina a inicios del siglo XIX, debe añadirse brevemente que las nuevas «repúblicas» habían sido establecidas sin mucho apoyo político internacional. En contraste con la Revolución norteamericana, que ocurrió algunas décadas antes, la ayuda extranjera hacia los revolucionarios latinoamericanos fue bastante débil (Haití fue una excepción). En la Europa de Metternich no había mucha simpatía hacia los movimientos revolucionarios e incluso el apoyo de Estados Unidos -ella misma una república nacida de un proceso revolucionario- fue altamente limitado (ver Gleijeses, 1992; Blaufarb, 2007).

Teniendo eso en mente, el colapso del Imperio español y la llegada de la independencia pueden ser descritos como verdaderamente increíbles y consecuentemente contingentes. Pero, ¿pueden estos acontecimientos que ocurrieron en América Latina alrededor de 1810 ser calificados legítimamente de «revolucionarios»? Para concluir, se abordará esta pregunta.

V. CONCLUSIONES

Si lo que se ha dicho en la introducción es cierto -específicamente que, en contraste con las Revoluciones de Estados Unidos o Francia, el significado categórico del término «Revolución» no tiene cabida en los eventos de América Latina- se puede formular la siguiente pregunta: ¿se debe evitar completamente esta etiqueta tan obviamente problemática?

Dar una respuesta claramente afirmativa a esta pregunta solamente es apropiado si se ignora el hecho de que investigaciones recientes han llevado a modificaciones significativas de la imagen de «la» Revolución y de que se han detectado numerosos paralelos entre los eventos en Francia, Gran Bretaña y América Latina. Pero estas similitudes no estuvieron -como ha sugerido Palmer- centradas en el tema de la democracia en una «civilización atlántica». Tienen más que ver con el hecho de que la historia de todos estos casos está llena de sorprendentes giros y vueltas, de contingencias que contradicen la idea sociológica de lo lineal y, sobre todo, de procesos robustos que casi inevitablemente llevan a ciertos resultados. Esto es así particularmente en el caso latinoamericano, lo cual lleva nuevamente a la etiqueta «Revolución».

Al menos dos puntos parecen ser indiscutibles. Primero, si bien es cierto que en América Latina el entendimiento «moderno» de la nación emergió solamente «después» de la Independencia y la Revolución, entonces ir tras la independencia definitivamente ha sido una empresa riesgosa. Esto ya que mientras que en las Colonias británicas siempre ha existido una larga tradición de autogobierno que se ha puesto en práctica mediante el establecimiento de las «Cámaras Bajas» y las «Asambleas», América Latina tuvo que iniciar su vida política desde cero y, por tanto, tuvo que crear algo completamente nuevo. Por supuesto que en ese entonces había modelos políticos como aquellos llevados a cabo en Estados Unidos o Francia. Pero esto no puede hacer olvidar que el derrumbe del Imperio español y la construcción de un nuevo orden político ocurrieron bajo las circunstancias más dramáticas. Después del colapso del gobierno monárquico, como resultado de la invasión napoleónica a España, los patriotas revolucionarios tuvieron que buscar un nuevo locus de soberanía. La nación tenía que ser definida de manera altamente disputada para que el resultado -la forma que iba a tomar- no estuviese del todo predeterminada.

Segundo, aun cuando los resultados inmediatos de la Revolución y la Independencia han resultado ser decepcionantes para muchos, no se debe olvidar que el liberalismo latinoamericano al menos creó oportunidades para la futura expansión de los derechos civiles (Kinsbruner, 2000: 155). Como Rodríguez (1996: 16) ha enfatizado correctamente, la Revolución en América Latina ha creado instituciones políticas únicas que no fueron derivadas de otros modelos extranjeros, sino que surgieron de tradiciones, problemas y experiencias en el mundo hispánico. El que estas mencionadas oportunidades fueran posteriormente utilizadas apropiadamente es un tema completamente distinto.

Así que si, por buenas razones, se rechaza aplicar un criterio algo normativo (e ilusorio) como «éxito» al fenómeno en cuestión (Kimmel, 1990: 5) y, al mismo tiempo, se toman en consideración los cambios que se dieron alrededor de 1810, entonces no hay razón para «no» hablar de «Revolución» en relación con los eventos que se dieron en América Latina.

Footnote

1. El autor agradece los comentarios y sugerencias de Rebekka Habermas del grupo de discusión AA en Goettingen, así como de los evaluadores anónimos de América Latina Hoy, Revista de Ciencias Sociales. Traducido del inglés al español por Adeline Demoulin, María José Cascante y Amelia Brenes Barahona.

2. No es una sorpresa que el incipiente enfoque histórico-natural utilizado por C. BRINTON (1958 [1938]) para analizar las revoluciones esté más bien influenciado por las Revoluciones inglesa, francesa, rusa y estadounidense y ni siquiera mencione los casos latinoamericanos de los años 1810 (más detalles sobre las dificultades básicas y los problemas de este enfoque en M. KIMMEL, 1990: 47-53).

3. De acuerdo con la tipología comparada de C. TILLY (1984: 116-124), se describe el método que será utilizado en este artículo como finding variation.

4. Es, entre otras cosas, la razón de por qué un caso aún más antiguo, la Revolución en Santo Domingo/Haití (1791-1804), apenas es mencionado, lo que demuestra que los debates teóricos sobre este caso concreto están empezando (C. FICK, 1990 y D. GEGGUS, 2001).

5. Ver J. CENSER (1999) y S. DESAN (2000).

6. Para una crítica del enfoque de F. Furet ver L. HUNT (1984: 43) y D. SUTHERLAND (1990).

7. Aunque J. MARKOFF (1996: 15: 594) está de acuerdo con la crítica de F. Furet sobre las explicaciones estructurales del proceso revolucionario, se aparta del enfoque histórico-intelectual de F. Furet en que no interesa tanto la comunicación entre las élites, sino más bien los resultados de las negociaciones entre legisladores y grupos agrarios.

8. Ver las críticas de M. VOVELLE (1987: 25).

9. Como lo argumenta R. DARNTON (2002: 36), es difícil encontrar en los archivos de la policía francesa indicios de un proceso revolucionario durmiente durante el Antiguo Régimen. Sí se encuentra en panfletos o libros el deseo de una sociedad más ilustrada, pero casi nunca el llamado a una rebelión o revolución (ver R. DARNTON, 1984). Como lo afirma A. LILTI (2005), es una exageración argumentar que la base intelectual del Antiguo Régimen fue socavada por las estructuras de los salones aristocráticos donde muy a menudo escritores radicales se encontraban con figuras centrales de la aristocracia francesa. Según A. LILTI (2005: 436 y 441), los salones eran básicamente lugares de competencia por estatus donde los escritores no podían adquirir más que una posición de dependencia. No sorprende que la oposición literaria al mundo aristocrático de los salones y en contra de los pilares del Antiguo Régimen sólo apareciera en la década anterior a 1789. No es claro que el discurso antiabsolutista de este corto periodo señalara a la revolución.

10. Para un análisis comparado, ver K. A. STAINBRIDGE (1997); ver también J. P. GREENE (2000: 93) y D. HOWARD (2001: 64).

11. Para J. H. ELLIOTT (2006: 27), el inicial fracaso económico de las Colonias fue una de las razones decisivas de por qué Londres nunca verdaderamente intentó controlar estas unidades políticas y, al contrario, negoció con ellas de una manera «liberal». Como resultado, de este bajo nivel de interés real y eclesiástico, había más posibilidades de una transferencia de elementos libertarios desde la cultura metropolitana hacia América del Norte, a diferencia de América Latina: «Aunque Massachusetts fue un reflejo del creciente pluralismo de la sociedad inglesa, también fue un reflejo de la relativa falta de preocupación por parte de la corona británica durante este periodo de colonización sobre las comunidades que algunos de sus sujetos estaban instaurando al otro lado del Atlántico».

12. Y todas empezaron una «guerra» contra los indígenas (E. GOULD, 2010).

13. Esto es cierto, a pesar de la creciente autoconfianza de los colonos que tuvieron mayores responsabilidades durante la Guerra de los Siete Años como participar en milicias, entre otras (J. P. GREENE, 1995: 4).

14. El hecho de que el conflicto en América del Norte se centrara en un Parlamento ya existente es claramente una de las más importantes diferencias entre las respectivas Revoluciones americana y francesa (P. RAYNAUD, 1988: 863-865).

15. La Revolución americana fue tan radical y tan social como cualquier Revolución en la historia, pero en un sentido muy específico al contexto del siglo XVIII. No cabe duda de que muchos de los temas y gran parte del lenguaje del siglo XVIII premoderno y premarxista eran casi enteramente políticos. Esto tiene que ver con el hecho de que durante aquella época era bastante complicado pensar en la sociedad aparte del gobierno. Las distinciones sociales y las privaciones económicas que consideramos, hoy en día, como consecuencias de las divisiones de clases, de la explotación empresarial o de varios «ismos» -capitalismo, racismo, etc.- eran generalmente consideradas en el siglo XVIII como efectos de los abusos del gobierno (G. WOOD, 1991: 5).

16. Como lo subrayaron D. ARMITAGE y S. SUBRAHMANYAM (2010: XXVI), los conflictos «políticos » han tenido rasgos decisivos para el periodo entre 1760 y 1840. El enfoque sobre el aspecto político parece ser un símbolo de la naturaleza contingente de los procesos, durante el periodo en cuestión.

17. Es probablemente la razón de por qué el inicial entusiasmo americano hacia la Revolución francesa se volvió rápidamente en todo lo contrario (D. DAVIS, 1990: 47).

18. « [...] El hecho es que América Latina fue creada sobre una base elitista, autoritaria, oligárquica y feudal. América Latina fue un producto de la contrarreforma, del contexto medieval, del catolicismo, de la Inquisición y de principios fuertemente no democráticos, no pluralistas y no igualitarios » (H. WIARDA, 2001: VIII). Y: «[...] América Latina, colonizada durante el siglo XVI, un siglo o más antes que las colonias norteamericanas, era premoderna y sintió el peso del contexto medieval como forma de régimen político autoritario de arriba abajo, como un sistema de posesión de tierra de tipo feudal y un sistema económico mercantil, como una sociedad rígida compuesta de dos clases, donde no existía clase media, como un sistema educativo basado en la memorización y en un razonamiento deductivo y no científico, y por fin como un esquema religioso que se basaba en el absolutismo y la ortodoxia que permitía reforzar el concepto de Estado».

19. «Los países ibéricos del Hemisferio Occidental entraron en la era moderna como creaciones políticas, legales y administrativas de la monarquía castellana posfeudal, y sometidos al principio del control centralista. La estructura administrativa y política de la América hispánica debe su centralismo a una Castilla categóricamente centralista y no a una España más o menos pluralista» (C. VÉLIZ, 1980: 16).

20. En lo que concierne a la importancia política de estos argumentos dentro de la tradición de la ley natural, ver J. C. CHIARAMONTE (2004b: 564). En J. C. CHIARAMONTE (2004b: 580) se afirma que, respecto al uso del lenguaje de una ley republicana-natural, no existía una gran diferencia entre las Colonias norteamericanas (y después los Estados Unidos), por una parte, y las Colonias españolas (y después las Repúblicas latinoamericanas), por otra. La diferencia decisiva era la existencia, o no existencia, de instituciones representativas.

21. J. C. CHIARAMONTE (1994: 113) se refiere al carácter débil de las leyes desarrolladas por la dinastía Habsburgo en América Latina, argumentando que solamente las reformas llevadas a cabo por los Borbones a mitad del siglo XVIII permitieron terminar con la fuerte autonomía de los territorios americanos.

22. «Las reformas borbónicas intentan superar el esquema de gobierno indirecto que se había consolidado entre los últimos decenios del siglo XVI y la primera mitad del XVII. Con esta reforma la monarquía pretende uniformar los territorios metropolitanos y americanos a nivel político, administrativo y comercial y transformar así la monarquía pluriterritorial de los Austria en una monarquía absoluta» (M. CARMAGNANI, 2004: 79).

23. Manifestaciones masivas como la Revuelta de los Comuneros en Nueva Granada (1781) o la rebelión de Túpac Amaru en los Andes, casi en el mismo periodo, no deben de ser interpretadas como una expresión de una oposición concentrada en contra de la norma colonial en general, sino como un efecto del descontento hacia las tasas en constante aumento (provocadas por las reformas de los Borbones) o como una protesta contra la supremacía de los blancos (J. ADELMAN, 2006: 49; A. MCFARLANE, 1995). También, cabe subrayar que en este contexto la discriminación de los criollos respecto a un acceso abierto a los puestos administrativos es considerada como una de las causas decisivas para la emergencia de una conciencia nacional. Sin embargo, en los últimos años, esta hipótesis va modificándose (J. LYNCH, 1999: 20). En todo caso, se puede dudar de que una (aparente) discriminación basta para explicar el paso hacia la independencia (ver también J. KINSBRUNER, 2000: 20). De todas formas, se puede resumir diciendo que los efectos de las reformas imperiales fueron distintos en el Imperio británico y en el Imperio español: aunque en América del Norte los intentos de Londres de aumentar las tasas en las Colonias inmediatamente afectaron la tradición de autogobierno y luego causaron una resistencia directa articulada en las instituciones representativas ya existentes, las formas de protesta contra las medidas impuestas por Madrid se articularon de una manera bastante difusa: «[...] en las colonias latinoamericanas el efecto de las reformas borbónicas era el de una generalizada irritación derivada de las pocas oportunidades de participar en los diversos niveles de la administración, en un mecanismo que consistía sustancialmente en la gestión de medida de poder y prestigio por parte de las familias encumbradas en la sociedad local» (J. C. CHIARAMONTE, 1994: 118). Finalmente, esto explica por qué los pasos decisivos hacia la independencia se hicieron sobre todo en reacción a un choque externo; no sorprende que después de la Revolución y de la Independencia, las estructuras políticas se desarrollaran de una manera distinta del caso norteamericano.

24. J. DOMÍNGUEZ (1980: 26-27) o F. GUERRA (1992: 102), por ejemplo, enfatizan esta dicotomía; ver G. PAQUETTE (2008) y C. FORMENT (2003) para obtener una visión opuesta.

25. Lima, por ejemplo, como importante centro de la Ilustración en América Latina, fue una las ciudades que tras la Independencia se mantuvieron leales a España (R. GRAHAM, 1994: 53), hecho que puede traer una duda alrededor de las teorías que defienden la idea de un momento autoimpulsado que hubiese influido sobre los actores históricos de una manera decisiva.

26. La abdicación forzada del rey Fernando VII fue interpretada por los españoles tanto como por los americanos como una especie de traición, porque Napoleón era un aliado de España y porque consideraban a Fernando como un rey prometedor, que hubiese podido renovar las estructuras del Imperio español (F. GUERRA, 1995b: 18).

27. Aunque no era aceptada por todos los patriotas.

28. Después de la derrota militar en Ocaña en noviembre del 1809, la Junta dejó Sevilla para la isla de León cerca de Cádiz con el objetivo de encontrarse bajo la protección de la flota británica. A finales de enero del 1810, la Junta transfirió su poder al Consejo de Regencia y, al mismo tiempo, tuvo lugar la convocatoria a las Cortes Generales (A. RAMOS SANTANA, 2007: 92).

29. La Junta Suprema Central ya había convocado elecciones en los territorios americanos en enero del 1809, con el objetivo de asegurar sus propias posiciones; lo hizo de manera deliberada porque con esta táctica -en pleno periodo de conflicto con Napoleón- la lealtad de los americanos tenía que ser asegurada. Primero se propuso que cada Virreinato (México, Perú, Nueva Granada y Río de la Plata) y cada Capitanía General (Cuba, Puerto Rico, Guatemala, Chile y Venezuela) tenía que mandar un delegado a la Junta. Sin embargo, estos nueve delegados americanos eran minoría y así surgió el debate que desembocó en reivindicaciones políticas «americanas» (A. RAMOS SANTANA, 2007: 91).

30. Como lo argumentó C. THIBAUD (2002a), entre 1808 y 1811 el deseo de independencia en América Latina todavía no se podía detectar en la mayoría de la población (ver también G. VERDO, 2006: 515).

31. Es una de las razones por las que el término «descolonización» parece ser bastante inapropiado respecto a los acontecimientos en América Latina, sobre todo porque los criollos -en contraste con los actores después de 1945 en el llamado Tercer Mundo- han sido descendientes de la sociedad en contra de la que se rebelaron y porque, por lo menos al principio, no era claro que sus reivindicaciones fueran la total independencia de España (F. GUERRA, 1999: 45).

32. Cabe señalar que el propio F. Guerra fue criticado por no alejarse lo suficiente de los supuestos teleológicos. E. J. PALTI (2007: 51-53; 85) argumenta que la idea desarrollada por F. Guerra, según la cual existirían lógicas de fases distintas dentro de una revolución (unitaria), contiene elementos teleológicos y que la afirmación de F. Guerra, según la cual la revolución resultaría de una modernización de la cultura política, tiende a pasar por alto el hecho de que estos procesos revolucionarios entremezclaron aspectos tradicionales y modernos (en el lenguaje de la teoría de la modernización). Para una revisión de los estudios revisionistas de la revolución y de la independencia en América Latina, ver M. CHUST (2007) y para una crítica fuerte a la perspectiva antiteleológica revisar C. THIBAUD (2002a).

33. Como lo subrayó F. GUERRA (1992: 35), la falta del componente revolucionario-social de la Independencia latinoamericana no debe hacernos llegar a la conclusión de que no hubo momento revolucionario: eso sería una idea bastante ahistórica porque los actores históricos se situaban en un contexto particular y se habían enterado, por ejemplo, de los excesos de la Revolución francesa (y la de Haití), y temían la aparición de agitaciones similares; entonces, no sorprende que las élites en América Latina tuvieran mucho cuidado cuando se trataba de cambiar las relaciones sociales.

34. Según J. RODRÍGUEZ (1996: 15), los futuros líderes del movimiento revolucionario deseaban mucho más la igualdad que la independencia, querían autonomía y no necesariamente separación de España: «Esta distinción resulta fundamental, porque cuando los documentos utilizan la palabra independencia, por lo general quieren decir autonomía. Sólo cuando España rehusó concederles su demanda de autonomía fue que la mayoría de los americanos optó por la emancipación».

35. Los argumentos de las Juntas en la región del Río de la Plata rechazaron la legitimidad del Consejo de Regencia (G. VALLEJO, 2009: 142).

36. Sobre todo A. ANNINO (1994: 242) pone énfasis en las enormes diferencias entre delegados españoles y americanos en Cádiz respeto a la definición de la «nación».

37. F. Guerra subraya que en las Cortes de Cádiz apareció rápidamente un entendimiento claramente estructurado y unido de la soberanía y luego una interpretación unificada de «la» nación; por tanto, no sorprende que los delegados españoles no se refirieran mucho tiempo, como era el caso durante el tiempo colonial, a los «reinos antiguos» cuando hablaban de América. Para F. Guerra, eso es un indicador de que los revolucionarios, que no eran originarios de los territorios americanos, básicamente querían seguir con el proceso de centralización ya empezado bajo la monarquía de los Borbones. Los delegados americanos -una clara minoría en Cádiz- obviamente vieron las cosas de una manera bastante diferente: para ellos, la monarquía tenía que ser entendida de doble manera: «Una, tradicional -un conjunto de pueblos, es decir, reinos y provincias- y otra más reciente y dualista [...], formada por un pilar europeo y otro americano» (F. GUERRA, 1995b: 24).

38. En lo que concierne al intento de Buenos Aires de ganar control sobre las demás comunidades en la región del Río de la Plata y de encontrar una especie de lazo constitucional e institucional entre las distintas ciudades, ver G. VERDO (2006).

39. C. THIBAUD (2002b) realiza un debate ideológico entre defensores de una concepción de soberanía más federalista y más centralista. El principal argumento de C. Thibaud se centra en la idea según la cual no es antes de 1814 que las ideas centralistas ganaron terreno, en detrimento de las ideas federalistas, de una nación basada en un pacto entre pequeñas ciudades virtuosas. Este cambio de perspectiva tuvo que ver con la guerra, porque la guerrilla en Bolivia y los patriotas casi provocaron una desterritorialización del concepto de la nación (soberana). Como lo argumenta C. THIBAUD (2002a) los hombres que formaban parte de estas tropas se veían, cada vez más, como el núcleo duro de la futura nación, el sentido de virtud fue redefinido en términos de heroísmo guerrero, lo que significa que el lazo original entre virtud y ciudad desapareció poco a poco (C. THIBAUD, 2007: 8-15). Este cambio también fue una señal del fracaso del proyecto liberal original, que era tan predominante a principios de la revolución (C. THIBAUD, 2002: 490).

40. Eso debe ser enfatizado porque incluso la literatura escrita durante el paradigma de la modernización, en la década de 1960, ha descrito como «extraña» la forma en que sucedió la independencia y revolución en América Latina, con la expresión ex uno plures (R. MORSE, 1964: 161). A pesar de que F. Guerra utilice argumentos que se parecen a los de la teoría de la modernización, F. Guerra está mucho más interesado que R. Morse por el entendimiento de los actores históricos y de sus lenguajes. Por lo tanto, no se pone en riesgo al criticar a estos actores en lo que concierne a su irracionalidad o su tradicionalismo (E. J. PALTI, 2009).

41. «En primer lugar la ausencia casi total antes de la crisis de 1808 de movimientos nacionalistas, éstos vistos como la acción de grupos de hombres a favor de la Independencia. Hecho sabido, y repetido hasta la saciedad por los mismos independentistas, fueron muy escasos los que, como Miranda y algunos otros, persiguieron antes este objetivo, y su fracaso fue evidente» (F. GUERRA, 1999: 45).

42. «En el interior del universo de ideas tradicionales no había ninguna razón de orden conceptual que impidiera la postulación de entidades políticas supra-regionales, por ejemplo los virreinatos, como sujetos legítimos de la imputación soberana. Podemos ver que, así como la noción de pueblos, en plural, no era necesariamente tradicional, tampoco la sola aparición del término pueblo, en singular, prejuzgaba respecto de su contenido, es decir, no remitía de modo ineludible a un horizonte moderno de pensamiento» (E. PALTI, 2007: 126).

43. Como lo demostró J. C. CHIARAMONTE (2004a: 13), el debate sobre el depositario de la soberanía contribuyó a la formación del conflicto político entre federalistas y centralistas en las primeras décadas de la Independencia en América Latina: aunque los federalistas intentaron conservar la soberanía de los pueblos instaurando un sistema político federal, los centralistas apoyaron interpretaciones de la ley natural que subrayaban la indivisibilidad de la soberanía e interpretaban su fragmentación como fuente de anarquía (J. C. CHIARAMONTE, 2004a: 13). «El hecho de que una comunidad política soberana -que podía ser una ciudad o una provincia- fuera concebida como "persona moral", en igualdad de derechos con las demás, independientemente de su tamaño y poder, es una de las nociones que fundamentan la reivindicación de autonomía en sus distintos grados por parte de los pueblos y que había sido ampliamente difundida entre las elites iberoamericanas, a través del derecho natural. Este enfoque permite, por otra parte, superar la limitada interpretación de las tendencias autonómicas en términos de anarquía, egoísmos localistas o caudillismo, entre otros» (J. C. CHIARAMONTE, 2004a: 13); ver también T. ANNA (1999: 182).

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