La Constitución de 1837: ¿Qué tipo de Monarquía queremos?/The Constitution of 1837: ¿What kind of Monarchy we want?

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RESUMEN

Este trabajo trata de destacar la importancia que tuvo el debate sobre la confirmación de la Regencia en la persona de María Cristina previo a la reforma/creación de la Constitución de 1837. La confirmación por parte del Congreso venía a poner de relieve la dependencia de la Corona de los representantes de la Nación. Por otra parte, el incumplimiento del artículo 192 de la Constitución de 1812, marcaba el camino por donde iba a ir la nueva Constitución en relación con la Monarquía.

PALABRAS CLAVE:

Regencia, Monarquía, Constitución, progresismo.

ABSTRACT

This article tries to prove the importance that the debate about the confirmation of the Regency in the person of Maria Cristina had, before the creation/reformation of the 1837 Constitution. The confirmation of said regency by the representatives in Congress proved how much the Crown depended on those who represented the Nation. On the other hand, the lack of respect and the non-appliance of the 192 article of the 1812 Constitution, showed the way this new Constitution was going to take in relation to the Monarchy.

KEYWORDS:

Regency, Monarchy, Constitution, progressivism.

INTRODUCCIÓN

La historia política española del siglo XIX parte aparentemente del doceañismo, es decir, de la Constitución de 1812 y de la implantación de la Monarquía Constitucional como Régimen político1. Sin embargo, la plasmación y consolidación del liberalismo, que tendría lugar entre 1834 y 1840, se hará sobre otras bases. Efectivamente, será cuando se establezca el Estatuto Real, y sobre todo se constitucionalice el Sistema tras la promulgación de la Constitución de 1837 cuando se puede decir que desaparece el Antiguo Régimen y comienza el Nuevo. Es en este periodo, cuando se irán poniendo las bases de un nuevo orden social, económico y político. Por otra parte, no debemos de olvidar que este periodo es el que abarca la Regencia de María Cristina, con la consiguiente inestabilidad que esto conllevaba, pues como apunta Ordax Avecilla: «una regencia nunca es más que un poder provisional de conocida duración». Esta provisionalidad, por otra parte, también implicaba una cierta movilidad en las posturas políticas: «El hombre está naturalmente llamado a pensar en mañana más que en hoy, y como una regencia es un poder de hoy y no de mañana, de ahí que si desea ser medianamente servida, necesita pagar muy caros los servicios»2. Sí a todo esto añadimos que durante estos siete años también se desarrolla la guerra carlista, podemos afirmar que los servicios que la Regencia hubo de pagar se tradujeron en la cesión de poder por parte de la Corona en favor del gobierno representativo.

El resultado más inmediato de esta cesión será en primer lugar la puesta en marcha del primer ordenamiento jurídico formulado en el reinado de Isabel II, el Estatuto Real, del que surgirán dos corrientes ideológicas. Una seguirá la evolución lógica que plantea el Estatuto y las sucesivas Constituciones, la de la construcción de una Monarquía Constitucional de gobierno parlamentario y otra que no admitirá en ningún caso esta fundamentación del poder y volverá de forma recurrente a intentar recuperar el Código Sagrado, la Constitución de 1812. Para los seguidores de esta segunda corriente en la Constitución gaditana había cristalizado, por primera vez, el binomio nación-libertad lo que le daba ese carácter mítico: «Para un liberal español, la Constitución no es una determinada regulación fundamental de la vida política...; es algo mucho más importante, una especie de «reino de Dios» laico súbitamente aparecido sobre la tierra... que lleva en sí todos los bienes»3. Este pensamiento constituirá en último término la formulación de una ideología que ya no es monárquica, como por otra parte reflejaba la Constitución del 12, sino que será republicana. Es así que a partir de este momento el progresismo se dividirá en dos, por un lado los que promoverán y aprobarán la Constitución de 1837 y se dispondrán junto con los moderados al sostenimiento del Sistema, por otro aquellos que defraudados con sus correligionarios emprenderán un nuevo camino que desembocará en el partido Demócrata y el republicanismo.

Es evidente que entre 1833 y 1835 se impulsa desde el poder un proceso de reformas, tratando de instaurar un nuevo orden de cosas. Quienes detentaban el poder procuraron orillar dos extremos; por una parte, neutralizar la presión de gran parte del realismo concretado en la guerra carlista, por otra, soslayar que triunfara la «utopía insurreccional», en la que se educaron los exaltados. Sin embargo, la realidad de la guerra hizo que el modelo del «justo medio» de Martínez de la Rosa fracasara, imponiéndose por la vía revolucionaria un nuevo modelo, el de los exaltados que se habían convertido en progresistas a partir de 1836. Y es que, frente a lo que se sostiene generalmente, el proceso político que tuvo lugar durante la regencia de María Cristina, estuvo controlado por los progresistas, que como tales impusieron su modelo, plasmado en la Constitución de 1837. Es precisamente, durante la legislatura de 1836-37, cuando se funda constitucionalmente el nuevo liberalismo, con la renuncia por parte de los progresistas del doceañismo, al que seguían vinculados sentimentalmente. Es de esta forma, que los exaltados del bienio al renunciar a la lectura «democrática» de la Constitución gaditana, aceptaron y adaptaron la corriente intelectual e ideológica de los moderados, haciendo bueno uno de los postulados del moderantismo, el de la transacción.

Fue precisamente ese espíritu transaccionista lo que los doceañistas puros no perdonaron a los hasta ahora correligionarios. Los exaltados, creían que la transacción era comparable con la traición, no es raro encontrar en los periódicos de la época, la acusación de apostasía a los políticos que con ella transigían. Y es que para los radicales, frente al gradualismo y la componenda con el enemigo ideológico, que muchos progresistas habían aceptado, sólo era posible la ruptura política.

Así cuando los moderados aceptan la conciliación constituyente se instaura las bases para el desenvolvimiento de un sistema político bipartidista. Éste tendrá lugar entre 1837 y 1840, cuando este proceso político se verá abruptamente interrumpido por la revolución de 1840, que aunque Andrés Borrego calificaba de «injustificada e injustificable», no lo es tanto si observamos las posturas que los exaltados habían mantenido durante la tramitación de la Constitución de 1837.

Los levantamientos «populares» ocurridos entre el 28 de julio y el 13 de agosto de 1836, coronados con la sargentada, obligaron a la Regente al nombramiento de José María Calatrava como presidente del Gabinete. Lo que no habían conseguido a través de las urnas en julio lo conseguían ahora tras una insurrección provocada, en gran medida, por los llamamientos de la prensa progresista. Era la segunda vez que los exaltados recurrían a esta táctica «legal» para formar gobierno aunque esta vez el proceso había sido mucho más grave al amenazar a la misma institución monárquica que encarnaba la Regente. Podemos encontrar un cierto paralelismo entre este acto y el del secuestro del Rey en 1823, el segundo supuso el odio eterno del Rey a los liberales, el primero la desconfianza absoluta de la reina a los progresistas. Pero este cuestionamiento de la institución monárquica no cesó una vez tomado el poder, como veremos volverá a plantearse al reunirse las Cortes Constituyentes.

LAS CORTES CONSTITUYENTES DE 1836

Las Cortes se convocaron para el 24 de octubre. Las elecciones tuvieron lugar en dos fases, entre los días 18 y 25 de septiembre, y 2 de octubre. Aunque se sabía que su convocatoria tenía por finalidad la reforma de la Constitución gaditana no todos pensaban que esto era necesario. Así Fernández de los Ríos, en su biografía de Olózaga afirmaba: «¿De qué nacía, aquella exigencia reformadora, tan general como vaga? De una calumnia histórica y de un artificio reaccionario. Había hombres que, para encubrir su apostasía de las doctrinas liberales, llevaban una larga serie de años sembrando la idea de que si la Constitución de 1812 hubiera sido otra, Fernando VII se habría decidido á ser modelo de reyes constitucionales á su vuelta de Valencey... Había renegados de los principios constitucionales, transigentes ya con los elementos reaccionarios, que habiéndose comprometido á no ir más adelante del Estatuto o de la Constitución non nata de Istúriz, se daban a repetir incesantemente que con una ley fundamental como la de Cádiz no era posible á ningún gobierno poner freno á los desórdenes: que con un Código semejante, ningún poder aceptaría de buena fe el sistema representativo, porque no tenia medio de moverse dentro de un circulo de facultades tan estrecho4».

He incluido esta amplia cita porque en ella podemos comprobar dos de las ideas que van a ser claves en la modificación de la Constitución. Fernández de los Ríos, es ya en estos momentos lo que podríamos considerar un progresista posibilista, olozagísta, y sin embargo, se plantea la innecesaria modificación de la Constitución, bandera que por otra parte había servido para levantar la revolución. Lo que se pone en este momento sobre la mesa a la hora de emprender la reforma son dos formas diferentes de ver cómo tiene que ser el Sistema de Gobierno, cómo tiene que se la Monarquía Constitucional. Lo que se afronta no es si la nueva norma jurídica debe ser más o menos transigente con los postulados moderados, sino como han de plantear los progresistas su modelo de Estado. Para los partidarios de la reforma éste debe consistir en una Monarquía Constitucional de carácter doctrinario de gobierno parlamentario, para los exaltados debe ser una Monarquía Constitucional plena, es decir, aquella que ya está formulada en la Constitución de 1812, absoluta separación de poderes, con un recorte muy marcado de los de la Corona y control parlamentario del Gobierno que debe ser un mero ejecutor de las órdenes de Congreso. Precisamente los detractores de la Constitución gaditana achacaban su poca operabilidad a que esta separación tan tajante promovía el choque entre el Rey y las Cortes, sin comunicación ni complementariedad posibles. Pero para los exaltados la Corona era una institución de la que había que desconfiar, una institución que tenía que ser cada vez más arrinconada hasta que desapareciera, pues al constituirse como soberana la nación, la Monarquía no tenía razón de ser.

La visión, por otra parte, que se tenía en ese momento de la Constitución de 1812 era también diferente. Para los progresistas reformistas, era un proyecto de futuro, un modelo hacía el que tender, pero formulada en un momento y lugar no idóneo, no preparado para una Constitución tan avanzada. Para los exaltados, como hemos visto, una Constitución que había sido modelo para otras naciones europeas no podía ser abandonada. Si volvemos nuestra mirada hacía los moderados, para ellos la Constitución gaditana, no era ni siquiera moderna, era algo antiguo, promulgada en un momento pasado que ya había sido superado, y ponían como ejemplo de modernidad las constituciones doctrinarias de países más avanzados como Francia o Inglaterra.

La otra idea importante a subrayar se refiere a la contestación implícita que va en la pregunta que se hace Fernández de los Ríos ¿De qué nacía, aquella exigencia reformadora, tan general como vaga? En realidad la respuesta puede ser variada según escuchemos a unos u otros, pero ¿sabemos realmente que movió a los progresistas «moderados» a renegar de algunos de sus principios y enfrentarse con sus propios camaradas? Una hipótesis en la que quizás no se ha hecho demasiado hincapié es la de la presión que los gobiernos extranjeros hicieron sobre el gobierno salido de la revolución. Efectivamente, si uno lee con detenimiento los debates que tuvieron lugar durante la tramitación de la nueva Carta Magna, las alusiones a las posibles injerencias extranjeras son continuas, incluso Garrido se hace eco de ellas: «Tan impopulares fueron las bases de la reforma, que de público se dijo haber influido en su redacción gobiernos extranjeros»5. No olvidemos que en este momento Francia e Inglaterra junto con Portugal y España conformaban la Cuádruple Alianza y que las dos primeras potencias además de colaborar militarmente con más o menos decisión para acabar con la guerra carlista, también ejercían una especie de tutela moral sobre los gobiernos de los dos últimos países. ¿Hasta qué punto el gobierno Calatrava necesitaba legitimarse de cara a estos dos países y lo hizo realizando una Constitución de «orden»?6

Las reformas que se pretendían llevar a cabo tenían por finalidad el reforzamiento de la Monarquía, y así parece ser que lo percibían los que no estaban de acuerdo con ellas, por lo que comenzaron a dar batalla en contra de este objetivo incluso antes de que se constituyesen las Cortes. Efectivamente, con la puesta en vigor de la Constitución de 1812, entraban también en funcionamiento aquellos artículos que hacían referencia a la Regencia. En concreto el artículo 192 proclamaba que la Regencia debía ser múltiple formada por tres o cinco personas y nombrada por las Cortes. Se ponía por tanto en cuestión la Regencia de María Cristina nombrada por su esposo, rey absoluto. Ese sentimiento de querer arrebatarle la Regencia lo había tenido María Cristina desde el mismo momento de la Sargentada, considerando éste un primer paso para el cambio de régimen a una República: «Habían querido primero -señala María Cristina- quitarme enseguida la Regencia; pero ayer, en su Junta, Olózaga, ha hecho observar que era preferible dejármela hasta que sea desposeída de ella por las Cortes; que por otra parte esta especie de desposesión anticipada podía provocar la marcha de los embajadores. 7»

Planteada la cuestión desde esta perspectiva parece que el tema de la Regencia iba mucho más allá de la confirmación o no en ella de la Reina madre. Desde su punto de vista y quizás desde el de los radicales al debatirse la Regencia se estaba debatiendo el Sistema de Gobierno que se iba a implantar en España. Incluso desde la perspectiva de los progresistas más moderados esta cuestión era clave para definir el tipo de Monarquía que se quería crear a raíz de la reforma de la Constitución de 1812. Si se confirmaba a María Cristina como Regente se incumplía la Constitución que se acababa de promulgar y por lo tanto la Monarquía quedaba de momento reforzada, si se debatía la Regencia en las Cortes se ponía, por primera vez, la Institución al socaire del Parlamento y por tanto se podía incluso plantear su viabilidad, así como su definición como poder puramente delegado. Aún más, la minorización de la Corona podía reforzar el bando carlista con todos los monárquicos que ahora estaban divididos y, como plantea María Cristina, la animadversión de países que todavía seguían apoyando a los gobiernos liberales.

La batalla por la posible inconstitucionalidad de la Regencia de la reina madre comenzó, como era preceptivo en la prensa, se empezaba a hablar de la necesidad de nombrar co-regentes que «ayudasen» a la Reina Gobernadora en su difícil cometido: «Una cuestión verdaderamente vital ha de ocupar a la legislatura en sus primeras sesiones... Obligada por la ley fundamental a organizar definitivamente la regencia del reino para todo el tiempo que dure la menor edad de la inocente Isabel II; ¿ratificará el voto casi unánime de la nación, confiando nuestros destinos a la misma excelsa Persona, que con tanta gloria suya y con tan universal y merecido aplauso, los ha dirigido hasta el día? Por imposible tendríamos que en semejante punto se suscitara ni aún la duda más ligera, sino hubiésemos visto indicada poco hace en un periódico de esta corte la idea, a nuestros ojos funestísima, de que deben nombrarse co-regentes que auxilien con sus luces y experiencia a la inmortal Cristina, en el desempeño de sus funciones»8. De momento, como vemos, no se trataba de cuestionar a la Reina gobernadora en su papel de regente, sino de alejar de ella «pérfidos consejeros» que la aconsejasen mal y la hicieran adoptar posiciones reaccionarias. Los que estaban en contra de tal demanda, aludían entre otras razones la del mantenimiento del tratado firmado con Inglaterra y Francia, que se ponía en peligro si se retiraba o se obligaba a compartir la Regencia a María Cristina.

El debate enfrentaba incluso a personas de la misma cuerda, así dos redactores de El Tribuno, periódico filorrepublicano, hacían pública su renuncia a seguir en sus puestos por la divergencia que tenían con la línea seguida por su periódico que propugnaba una regencia múltiple: «Habiéndose acordado en junta general... el que se sostenga en este periódico... la regencia de tres o cinco personas durante la menor edad de doña Isabel II, los que suscribimos, consecuentes con nuestros principios políticos, firmes en defender, que en la época en que nos hallamos es indispensable, de absoluta necesidad, el que la Reina doña María Cristina de Borbón, sea sola y exclusiva Regente del reino, nos hemos retirado de la redacción del expresado Tribuno»9.

Al parecer no estaba previsto que fuera el artículo que se refería a la regencia uno de los que se rectificasen cuando se reformase la Constitución, esto implicaba la necesidad de nombrar co-regentes como estipulaba la Constitución gaditana10. Sin embargo, la campaña emprendida desde varios periódicos cuestionando la Re gencia de María Cristina, obligó a que el Congreso se manifestara sobre este punto, incluso antes de comenzar los debates, con ánimo de que no sirviera para ir socavando desde los periódicos y la tribuna el apoyo a la Corona. Si se tenía previsto reformar la Carta Magna con intención de reforzar la Monarquía, el que ésta se prestase al continuo debate a través de la institución de la Regencia, hacía que todo el proceso posterior se afrontase desde la divergencia y las pasiones. Si los diputados tenían prevista una línea de conducta y querían perseverar en ella era imprescindible que desde el principio se tratase de alejar la institución Monárquica del debate popular, por más que aquellos que pretendían de alguna formar reventar las reformas lo intentasen: «Si la prensa no se hubiera anticipado a suscitar la cuestión de la regencia... seguramente habría sido lo mejor no tratar este delicado punto hasta que revisando la ley fundamental se hubiera llegado a los artículos concernientes al mismo. Pero... es... del primero y más urgente interés para la patria cortar cuanto antes disputas que por la suma gravedad y trascendencia de su objeto nunca se agitan ni prolongan sin grandes peligros... Cuanto tienda a poner trabas al ejercicio de las naturales atribuciones del poder real o a rebajar el prestigio saludable del trono, no puede menos de ser altamente funesto a la causa de la libertad en las difíciles circunstancias que nos rodean.11»

Sobre los peligros que el cuestionamiento de la Regencia planteaba en estos momentos también alertaba El Eco del Comercio: «y hallándose universalmente proclamada la Reina Gobernadora y sin la menor restricción ni duda en el ejercicio de su autoridad, parecía que no había necesidad de anticipar esta discusión, que acaso podrá no ser por esta causa de tanta calma y con tanta uniformidad como era de esperar si se presentase en su lugar, traída naturalmente; pues entonces se evitarían algunos escrúpulos que podrán ahora ocurrir, por no haberse aun alterado los artículos de la Constitución que tratan del asunto.»12

Así pues, la controversia que se había establecido acerca de la posible inconstitucionalidad de la Regencia ostentada por María Cristina, había llegado a ser tan importante que las Cortes se vieron en la necesidad de refrendarla nada más reunirse: «Las Cortes generales de la nación confirman a S. M. la Reina Gobernadora el título y autoridad de tal durante la menor edad de su augusta Hija la Reina Doña Isabel II13». La proposición fue presentada por 86 diputados entre ellos, Olózaga, Cantero, Argüelles o Fernández de los Ríos. La Comisión especial nombrada para exponer su dictamen acerca del nombramiento de Gobernadora del Reino era consciente de la urgencia y delicadeza del tema: «La prudencia, una sana política, los principios de conveniencia pública, y el voto general de la Nación altamente pronunciado, han convencido a la comisión de la imperiosa necesidad de hacer esta declaración importante»14. De este escueto comunicado hay que destacar la forma en que se recalca que era deseo mayoritario de la Nación el que se confirmase a María Cristina en la Regencia, con la finalidad de restar argumentos a los que no estaban de acuerdo y que generalmente utilizaban los métodos revolucionarios, como bien sabían los progresistas, para recabar el «voto del pueblo» a sus postulados.

Comenzado el debate el 19 de noviembre, Fermín Caballero fue el primero en tomar la palabra en contra del dictamen. Principiaba afirmando su convencimiento de que para la España de 1836 lo más conveniente era que la regencia del Reino se mantuviera en las manos de Doña Cristina de Borbón y que tal cuestión no debía haberse promovido ya que los dos últimos alzamientos que habían tenido lugar eran contra los hombres que estaban al frente de la administración no contra la Reina Cristina y su gobernación. Pero a continuación alegaba que la confirmación de la Regencia por tantos años en la persona de María Cristina, debilitaba la potestad de la Nación: «Yo, señores, confío, y muchísimo, en que S. M. la Reina Gobernadora desempeñará el cargo que ejerce a satisfacción de todos los españoles... pero cuando yo veo que, a la par que se tocan intereses del Trono, se rozan también derechos y prerrogativas de la Nación, para mí la Nación es antes que todas las cosas15». El debate se centraba fundamentalmente en que María Cristina había sido nombrada Regente por el Testamento de Fernando VII, en base a la legalidad vigente entonces, es decir, la del Antiguo Régimen, ahora derogado. Precisamente era por eso necesario que las Cortes hicieran un reconocimiento explícito del voto de la Nación, alegaban los defensores de la confirmación. Así mismo se alegaba que la confirmación de la Regente alejaría a ésta de las pasiones partidistas y daría estabilidad al Sistema: «no tendremos estabilidad mientras no la tenga la cabeza suprema del Estado, mientras pueda ponerse en cuestión su autoridad y forma de ejercerla. ¿Qué sería de nosotros si las ambiciones de los particulares pudieran elevarse hasta el Trono, que hasta ahora ha estado inaccesible a estas pasiones?». El señor Ayllon daba aquí la clave de la reforma de la Constitución, reforzar la institución de la Corona, alejarla, elevarla por encima de los partidos para estabilizar el Régimen, la forma en que esto se iba a llevar a cabo era lo que diferenciaba las posturas.

Olózaga, en contestación a Caballero, exponía que si el nombramiento de la Regencia no era legal: «¿en virtud de qué acto somos nosotros Diputados de la Nación? ¿Por qué autoridades somos llamados a este recinto? ¿No existimos aquí reunidos en virtud de la convocatoria de la Reina Gobernadora? Si no convenimos en la legalidad del hecho por el cual se la da este justo título, ¿no deberíamos convenir por los mismo que estamos aquí por un acto ilegal?». Pero frente a esta rotunda defensa de la legalidad de la Regencia presentaba otro argumento que debilitaba a la Regente y supeditaba su permanencia a los deseos de la Nación: «en el día es de absoluta necesidad convenir en que ha de haber una Reina, y que por ahora convenimos en que ésta sea la Reina Gobernadora; pero no se crea por esto que haya de serlo siempre; no señor: lo será o no, según las circunstancias, y según también la conveniencia de la Nación». De esta forma Olózaga en su primera legislatura dejaba ver lo que sería una de sus claras características políticas, la ambigüedad, en este caso en concreto estaba con la Comisión, al confirmar su apoyo al dictamen, y con la oposición, al afirmar lo temporal de lo aprobado.

El diputado Beltrán de Lis daba estas razones para votar a favor: «Tres razones poderosas, a mi entender militan en favor del dictamen de la comisión: la gratitud, la conveniencia pública y la política. La gratitud, por los ardientes deseos que S.M. ha manifestado en todas ocasiones de ver felices a los españoles; la conveniencia pública, porque depositada la regencia en una mano, la acción del Gobierno queda más expedita; y la política, porque con este paso hacemos ver a nuestros enemigos y a cuantos nos observan que nuestra intención es consolidar el Trono de nuestra joven Reina Doña Isabel II y restablecer un gobierno representativo conforme a las necesidades de los pueblos, no como algunos creen y como procuran hacer creer los enemigos de la libertad, suponiendo que tratamos de ir más allá para calumniarnos»16. Dos ideas fundamentales resaltan en este párrafo, por un lado el deseo de consolidar el Trono de Isabel II, es decir, la afirmación de la Monarquía liberal frente al carlismo, por otro la constante reiteración a lo largo de los debates de la importancia de hacer ver a los gobiernos extranjeros que este es un Gobierno «legal» no revolucionario, digno de ser reconocido y apoyado. Es más, en la alocución del señor Bertrán de Lis queda claro cuál era el temor de los parlamentarios españoles: «si no creyese fundados los motivos que a mi parecer nos obligan a poner la regencia del Reino en manos de la augusta Reina Gobernadora, todas las bayonetas de la Santa Alianza... no me obligarían a dar mi voto sobre una medida que pudiese perjudicar a mi Patria».

Puesta la proposición a votación, ésta se aprobó con los votos afirmativos de 124 diputados contra 6, estando entre éstos Gorosarri o Fermín Caballero. La proposición aprobada figuraba en estos términos: «La Cortes generales de la Nación confirman a la Reina viuda, Doña María Cristina de Borbón, el título y autoridad de Gobernadora del Reino durante la menor edad de su augusta Hija la Reina Doña Isabel II»17. La introducción del término «reina viuda», proposición presentada por Ayllon, se puede considerar como una espada de Damocles que los constituyentes dejaron suspendida sobre la cabeza de la Regente, ya que como sabían, si no todos, la gran mayoría, María Cristina en ese momento ya no era viuda y supeditar su Regencia con el mantenimiento de su «viudedad» iba a dar lugar a ejercer una fuerte presión política sobre la Reina.

A pesar de la aprobación de la proposición por tan amplio margen, al día siguiente el diputado Alvaro, perteneciente a la minoría radical y director de El Castellano, volvió a plantear la cuestión de la autoridad de la Regente, proponiendo que, a la vista de lo establecido en la Constitución, las Cortes fijasen los términos en los que María Cristina debía ejercer la Regencia: «Confirmada por las Cortes a S. M. la Reina Gobernadora la regencia del Reino, en uso de la facultad cuarta del art. 131 de la Constitución... conforme al art. 195 de la misma, los términos en que esta autoridad ha de ejercerse.» Dentro de la proposición también se formulaba la necesidad, según figuraba en la Constitución, de que se nombrase un Consejo de Estado como órgano consultivo de la Corona. La citada proposición no fue admitida a discusión18.

Cuando el 25 de abril se discutan los preceptos relativos a la Regencia, durante las sesiones de reforma de la Constitución, se mantendrá el carácter electivo de la gaditana, sin embargo, se modificará el número de los que podrán detentar ésta, ya que a los tres o cinco de la de 1812 se incorporará la posibilidad de nombrar una regencia única, así mismo, no se va a mantener, como ya se había adelantado, la facultad de las Cortes para limitar la autoridad de la Regencia, quedando ésta con el mismo poder que el Rey.

Como hemos visto esta primera batalla que se dio entre dos formas distintas de considerar la Monarquía y el poder que ésta debía ejercer se saldó con la derrota de los defensores de limitarlo de forma considerable. Por otra parte, la premura con que se llevó la cuestión a debate implicó que faltasen gran número de diputados al Congreso, de más de 290 que tenían que formar el pleno sólo pudieron votar 130, de hecho éste fue uno de los argumentos de los que votaron en contra para tratar de invalidar el resultado. Se puede pensar también que, quizás, fue una de las bazas que quisieron jugar los que estaban a favor de la Regencia de María Cristina y que puede avalar mi hipótesis anterior de la implicación de la propia María Cristina en el surgimiento del debate, pues es cierto que en las sucesivas votaciones que tuvieron lugar sobre artículos que otorgaban más prerrogativas a la Corona, éstas fueron más parejas, ya que algunos de los líderes de las posiciones, podríamos decir, antirreformistas, como Madoz, no tomaron posesión del escaño hasta diciembre.

Para todos aquellos que creían en la necesidad de limitar los poderes de la Corona para evitar posturas absolutistas o tiránicas la cuestión de la Regencia revestía un gran interés. No hay que olvidar que el Régimen liberal comenzó con una reina niña y que aquellos límites que consiguiesen imponer a la Regencia, dado que ésta asumía los mismos poderes que el Rey, iban a ser asumidos por la Reina cuando ésta llegase a su mayoría. Es por esto muy significativo, y denota una continuidad en las posiciones de una facción de los progresistas, los debates y enfrentamientos que surgirían entre ellos, cuando se tratase de nombrar la Regencia en 1840. De nuevo el fantasma de la tiranía se hacía presente, esta vez encarnada en un militar. Espartero tenía tras de si al ejército y era el ídolo del pueblo lo que significaba una gran acumulación de poder en una sola persona, algo a lo que los radicales tenían una gran aversión, por lo que aun siendo líder de los progresistas, volvieron a plantear la batalla por la co-regencia.

Una de las funciones más importantes que conllevaba la Regencia como representante de la Corona era la de nombrar libremente los ministros del Gobierno. En estos momentos previos a la reunión de Cortes y cuando la guerra carlista estaba en su apogeo, la discusión en los periódicos también se centraba en la necesidad de reforzar el ejecutivo para que tuviera más capacidad de hacer cumplir la legalidad aprobada en el Parlamento, y sobre todo, contar con la capacidad necesaria para terminar la guerra, objeto último de la política del momento. ¿Se pretendía mantener un gabinete cuyos ministros no fuesen diputados y por lo tanto alejados de la representación nacional, o unos ministros diputados que como tales también pudieran intervenir en el Parlamento? ¿Se quería un Gobierno parlamentario o un Gobierno constitucional? Para muchos el reforzamiento del ejecutivo conllevaba el reforzamiento de la Monarquía y la posibilidad de su influencia en el Parlamento, algo que estaba fuera de discusión para los seguidores de la Constitución de 1812.

Una frase dicha por la Reina Gobernadora en su discurso de apertura de las Cortes trajo de nuevo la discusión a la palestra: «Yo... nada propongo ni aconsejo como Reina; nada pido como Madre». Para El Español, la frase que el Gobierno había hecho decir a la Gobernadora indicaba que ésta de alguna manera abdicaba del trono y de la tutela en cuanto a ejercer el papel político que representaba19. La intención del Gabinete Calatrava podría ser la de plantear una tercera posición en la construcción del Sistema, es decir, reforzar el ejecutivo pero haciéndolo más independiente tanto de la Corona como del Parlamento, lo que significaría poner las bases para una Monarquía Parlamentaria. Inherente a esta idea estaría la reforma del artículo de la Constitución que hacía referencia a la Diputación permanente, concretamente aquel que hace referencia a la vacante al Trono. En la Constitución gaditana se establecía que si por cualquier circunstancia la Corona no pudiese ejercer sus funciones el poder ejecutivo lo ejerciese la Diputación, ahora con la reforma lo ejercería el Gobierno. La primera aplicación de este artículo se daría con la marcha de María Cristina en septiembre de 1840.

Abundando en este refuerzo del ejecutivo, el 16 de noviembre, el Gobierno solicitó al Congreso que los diputados pudieran ser nombrados Secretarios del Despacho y que así mismo pudieran obtener y desempeñar empleos del Gobierno. Durante la discusión que tuvo lugar a continuación, el presidente del Gabinete, Calatrava, dejó bien claro qué era lo que se pretendía con ésta petición: «Creemos que es de absoluta necesidad la aprobación de ella; porque nos parece que el gobierno representativo está en la mayoría de los Congresos, o de los Parlamentos, o de las Cámaras, y por eso también creo que es de absoluta necesidad la mayoría, porque de otro modo es barrenar el principio de gobierno representativo, que para mí es de mayoría»20. Una decisión que cambiaba de forma significativa el espíritu de la Constitución de 1812 no tuvo prácticamente debate pues todos convinieron en que esta relación entre ejecutivo y legislativo era ya norma en toda Europa. Lo mismo sucedió con el artículo 2.o que también iba a suponer un cambio radical en otro estamento, el militar, ya que a partir de entonces, los militares en activo podrían ser diputados. En la Constitución se recogió esta premisa en el artículo 62 que en concreto dice: «Los ministros pueden ser Senadores o Diputados y tomar parte en las discusiones de ambos cuerpos colegisladores; pero solo tendrán voto en aquel a que pertenezcan.»

Para llevar a cabo los trabajos de reforma/creación de la Constitución se nombró una Comisión formada por nueve diputados, entre los que destacaban, Agustín Argüelles, Joaquín María Ferrer, Antonio González y Salustiano Olózaga, como secretario. Este comité elaboró un dictamen proponiendo a las Cortes las bases de la reforma que fue leído el 30 de noviembre de 1836. De las cuatro bases propuestas es indudable que la que más afectaba a la Corona era la tercera, si bien la segunda, que hacía referencia a la creación de una segunda Cámara también reforzaba el poder de la Monarquía, pues al elegir ésta a los Senadores estaba poniendo un escudo que impediría el choque directo entre el Rey y el Congreso, entre el Rey y la Nación. La base tercera especificaba que le correspondía al Rey la sanción de las leyes (le otorgaría finalmente el veto absoluto); la facultad de convocar las Cortes todos los años y de cerrar sus sesiones (pero no fijaba una fecha fija); la de prorrogarlas y disolverlas, pero con la obligación en este último caso de convocar otras y reunirlas en un plazo determinado.

Las discusiones sobre las bases comenzaron el día 15 de diciembre. El debate de la segunda puso en evidencia la posición de cada uno. Los diputados radicales estaban totalmente en contra del bicameralismo, aún más, pretendía reforzar la Cámara única. Gorozarri, diputado por Cádiz, favorecía el fortalecimiento de la Cámara Baja recordando a la famosa Asamblea Nacional de la Revolución Francesa de 1789-95. La mayoría del Congreso, sin embargo, no estuvo de acuerdo con esta exposición y coincidió más bien con la posición de Vicente Sancho, diputado por Valencia, que utilizó el argumento de la división de los poderes en la forma expuesta por Montesquieu; un Rey, una Asamblea y un Senado igualmente fuertes21. Incluso el ahora ministro y anterior exaltado, Joaquín María López, se inclinaba hacía el establecimiento de dos cámaras: «Yo... tengo presente la observación de un célebre escritor francés, a saber; que las revoluciones comúnmente comienzan con una cámara y concluyen con dos. Es decir, que una sola pudiera dar más celeridad al movimiento reformador, cuando en este camino debe marcharse con suma rapidez; pero que se necesitan dos cuando ya hay intereses creados y conviene traerlos a aquel punto de aplomo, único que corresponde a su permanencia y actividad»22. Leyendo estas declaraciones de López da a entender que él también consideraba el periodo revolucionario acabado y se tenía que proceder a la estabilización del Sistema. Fue aprobado por 127 votos a favor y 11 en contra.

Cuando en la sesión del 19 de diciembre comenzó a discutirse la base tercera y en concreto la primera parte que decía: «Corresponde al Rey la sanción de las leyes », Olózaga tomó la palabra para dejar bien claro a sus señorías, que la idea de la comisión no era la de dar al Trono el veto suspensivo que tenía por la Constitución del año 12, sino lo que se entiende por «veto absoluto». La clave de la polémica residía en la interpretación del concepto de la «soberanía nacional»: algunos diputados consideraban que el rey en alguna medida representaba esa soberanía, mientras que otros estimaban que la soberanía residía únicamente en el pueblo. Precisamente durante el mes de mayo aparecieron una serie de artículos en El Eco del Comercio que hacían referencia a este tema. Junto a lo que puede considerarse el primer manifiesto del futuro Partido Progresista, se insistía en que la soberanía nacional debía estar en manos del pueblo y que el pueblo tenía el derecho de redactar y ratificar su propia constitución23.

Quizás por esto el debate más significativo tuvo lugar entre Pascual Madoz y Salustiano Olózaga partidario el segundo del voto absoluto frente al primero que no lo era. Este debate, al igual que los anteriores, tenía como eje la Monarquía y la forma jurídica en que ésta debía desarrollarse dentro de un Sistema Constitucional. Para algunos era absurdo lo que muchos liberales preconizaban que era necesario desconfiar del trono y cercenarles sus derechos y prerrogativas para asegurar las instituciones, ya que viendo Europa, Inglaterra había concedido a su Rey el veto absoluto y era modelo de Sistema Parlamentario. Olózaga sostenía que la opinión pública favorecía el poder de la corona. Sin embargo, los exaltados seguían volviendo sus ojos a la Revolución francesa que en 1791 había concedido al rey el veto suspensivo, como luego había hecho la Constitución del 12. Para estos, con el veto absoluto el rey podía imponer su decisión por encima de la voluntad popular, y si el pueblo no quería aceptar esa decisión unilateral no tenía posibilidad de modificarla a no ser mediante una insurrección: «El resultado es que o triunfa el Monarca, o triunfa el pueblo. Si triunfa el Monarca, podrá parar en despotismo; si triunfa el pueblo, no puede conseguirlo por los representantes sino por una lucha». Madoz aseguraba que fortalecer el poder del monarca amenazaba a la soberanía nacional: «si llega el caso de que la Nación por sus representantes se presenta ante el Monarca con un proyecto de ley y le desecha, en este caso, señores, yo veo que la soberanía está en el Rey, y que este se sobrepone a toda la Nación». Añadió que aunque ciertos gobiernos extranjeros tildarían a los diputados españoles de «revoltosos, anarquistas y demagogos» por no aprobar el veto absoluto, el Congreso no debía doblegarse a estas presiones foráneas24. Finalmente, Olózaga zanjó la cuestión afirmando que el progresismo había decidido reformar la Constitución en un sentido monárquico, y no iba a claudicar ante los nostálgicos de 1812. Sin embargo, a pesar de lo dicho por Olózaga, los progresistas estaban muy divididos ante este tema. Así la votación se saldo con la aprobación del cambio por 98 votos a favor y 57 en contra.

Enlazando con el conflictivo asunto de la soberanía nacional y su representación, los más radicales, entre ellos Madoz, pretendían dejar claro que la única potestad constituyente era dicha soberanía, es decir, el pueblo, y como consecuencia pretendían nombrar a la Reina como «Reina de los españoles» en lugar de «Reina de España». Finalmente debieron de desistir de este propósito por el motivo que Madoz nos explica: «Todos los que estábamos decididos a sostener el que se sustituyera el título de Reina de los españoles, a Reina de España, desistimos de nuestra idea cuando vimos el gran partido que podía sacar D. Carlos de decirse Rey de España, en contraposición de Isabel, Reina de los españoles... todos celebramos de votar contra nosotros mismos25».

No es de extrañar que García Ruiz, progresista radical, afirmase que la promulgación de la Constitución el 18 de Junio no produjo entusiasmo. No había motivo para ello. La Constitución nacía muerta porque, entre otras razones, no había contribuido a su confección el partido moderado y tampoco se veía en ella nada concreto y resuelto en favor del pueblo y si un refuerzo claro del poder real26.

CONCLUSIONES

A pesar de que, en general, la historiografía ha visto en la Constitución de 1837 la consolidación definitiva del régimen parlamentario en el Estado liberal, no es menos cierto que lejos de acercar posturas provocó el fraccionamiento de lo que ya se estaban constituyendo como partidos. En el moderado aparecieron tres tendencias, la derechista o «estatutaria» que pretendía llegar al poder para retroceder y recuperar el Estatuto porque, entre otras cosas, alegaba que esta Constitución era fruto de un golpe de estado, la central que pretendía reformarla porque, a parte de que no se había contado con ellos para realizarla, había artículos que no les gustaba y que finalmente «corregirían» en el 45, y la más izquierdista que consideraba esta Constitución como la posible base de convivencia de todos los liberales: «En la disolución que estaba el partido moderado después de terminadas las cuestiones constitucionales... era muy fácil, muy natural, casi necesario, que se hubiese dividido en dos o tres durante la legislatura de 1838...27». En el progresista esta Constitución supuso la aparición de una clara minoría radical que junto con los republicanos formarían finalmente el partido Demócrata. Esta facción echaba en cara a sus correligionarios la traición a los principios en nombre de los que se había producido el enfrentamiento. García Ruiz expresaba esto diciendo que habían convertido la revolución producida en julio-agosto del 36 en un simple pronunciamiento. Fernando Garrido era mucho más contundente: «Hasta 1836 la Constitución democrática de 1812 había servido de bandera al partido revolucionario; los republicanos de aquellos tiempos creían que bien practicada, era aquella una verdadera Constitución democrática, en la cual el rey no representaba más papel que el de primer magistrado de la nación. Pero la reforma llevada a cabo por las Cortes Constituyentes progresistas en dicho año, por lo cual quedó convertida en una Constitución doctrinaria, hizo que los progresistas dignos de ese nombre, enarbolasen la bandera republicana, y desde entonces el partido ha existido siempre, aumentando o disminuyendo, según le han sido más o menos favorables los acontecimientos28». Calvo de Rozas, Calvo y Mateo, el Conde de las Navas, Patricio Olavarría y José M.a Orense, fueron los primeros en iniciar el giro, asumiendo la incompatibilidad de la dinastía y la democracia. Esto les separaría claramente del Partido Progresista, pues a pesar de las vicisitudes y de los cambios en el liderazgo, éste nunca dejaría de ser monárquico como se demostraría al elaborarse la Constitución de 1869.

Para Donoso Cortes, la diferencia primordial entre moderados y progresistas se hallaba en el mayor o menor poder concedido a la libre prerrogativa regia. Es evidente que al promulgar la Constitución de 1837, los progresistas acercaron de forma notable sus postulados a los de los moderados. Pero con independencia de las consecuencias negativas que supuso la afirmación de los derechos del monarca para el progresismo, se hizo evidente que la Regente iba a intervenir en el debate político, máxime cuando, como dijera Alcalá Galiano, la nueva ley política fue promulgada: «Sin la anuencia del trono e impuesta a la persona reinante como consecuencia de su vencimiento»29. Es decir, tampoco la mayor parte de los moderados iban a admitir esta Constitución pues había faltado a uno de sus principios básicos, el pacto entre monarca y nación que se debía establecer a través de las Cortes. María Cristina, «jefe» del partido liberal enfrentado al partido carlista liderado por su cuñado, había sido traicionada por una fracción de su propio partido, y eso era difícil de olvidar30.

Como dijo Fermín Caballero en una de sus intervenciones «No parece, señores, sino que tratamos de constituir de nuevo la Monarquía31», y en realidad como hemos visto éste era el propósito de la Comisión y posteriormente de la Constitución de 1837, tratar de crear en España una Monarquía Constitucional de gobierno parlamentario, proyecto finalmente consolidado pues a pesar de reformas y sucesivas Constituciones la línea marcada se siguió hasta la Constitución republicana de 1931, con el paréntesis del Sexenio. El modelo político tenía en la clave de la bóveda la Monarquía (institución que encarnaría el pacto entre pasado, presente y futuro) auxiliada por las Cortes (elegidas por la propiedad y la inteligencia). Sin embargo, este proyecto que no surgió del consenso, ni siquiera de todos los progresistas, pronto encontró sus detractores en aquella facción que al calor de la discusión de la Constitución de 1837 surgió del Partido Progresista y que junto con los republicanos verían la implantación de la República como el único sistema de Gobierno auténticamente liberal y democrático32.

Footnote

1 El problema que existe a la hora de utilizar ciertos conceptos jurídico-políticos ha dado lugar a que exista una importante controversia entre los historiadores sobre la aplicación del término Monarquía Constitucional al Régimen resultante de la Constitución de 1812. Para Miguel Artola éste sería una Monarquía Parlamentaria, ya que sería en el Parlamento donde se encontraría el origen del poder. Sin embargo, para otros historiadores, siguiendo a Montesquieu y su teoría de la estricta separación de poderes, éste, junto con el Régimen surgido en Francia a raíz de la promulgación de la Constitución de 1791, sería el único ejemplo, strictu sensu, de Monarquía Constitucional en España. Pero la dificultad de definir el Sistema surgido de la Constitución de 1812 lo encontramos en los variados términos que se usan «Monarquía presidencialista», «especie de monarquía republicana y asamblearia», «Monarquía Constitucional asamblearia»... LARIO A., «La Monarquía Constitucional: Teoría y Práctica política», en La Corona en la Historia de España, TUSELL, J., LARIO, A. y PORTERO, F. (Eds.), Madrid, Biblioteca Nueva, 2003, págs. 105-108.

2 ORDAX DE AVECILLA, J., Examen crítico-filosófico de la Revolución de mayo de 1843, Madrid, Comp. Tipográfica, 1843, pág. 3.

3 DÍEZ DEL CORRAL, L., El liberalismo doctrinario, Madrid, Instituto de Estudios políticos, 1975 (1945), pág. 434.

4 FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS, A., Olózaga, estudio político y biográfico, Madrid, Imp. de Manuel de Rojas, 1863, pág. 271.

5 GARRIDO, F., Historia del reinado del último Borbón de España, Barcelona, 1868, t. I, pág. 229.

6 Con referencia a este tema, durante la discusión de la Base 3.a, Argüelles denunció: «Fuera de este recinto se ha llevado la impostura y la mala fe hasta tal punto, que se ha querido hacer creer que la comisión ha sido un instrumento de intrigas extranjeras, para que cierto individuo del Estado (¿Olózaga?), que no es Ministro, lo sea. Se ha dicho que se le han recomendado las bases de la Constitución para que puedan conducir a cierto Gabinete de Europa a que obre en sentido favorable a la cooperación.» Y con qué fin se hacían todas estas imputaciones: «Primero, desacreditar al Gobierno, comprometer a la Nación, presentarnos como un compuesto de hombres que se venden a los extranjeros, y que no tienen en su apoyo la opinión nacional; y segundo presentar a la comisión como una reunión miserable de Diputados que ha tenido la vileza de venderse para comprometer a la Nación». DSC, 20 de diciembre de 1836.

7 Citado por Reynaval, embajador francés, en carta a Thiers de 19 de agosto de 1836. Archives Diplomatiques. Espagne, vol. 773. pág. 10. COLOMER VIADEL, A., Los liberales y el origen de la Monarquía Parlamentaria en España, Madrid, Prensa y Ediciones Iberoamericanas, 1988, pág. 75.

8 El Español, 17 de octubre de 1836.

9 El Español, 28 de octubre de 1836. Los redactores eran Antonio de Torija y Carresse y Jacinto de Salas y Quiroga.

10 Si no se hubiese confirmado la Regencia de María Cristina antes de comenzar los debates sobre la reforma constitucional su posición hubiera sido francamente inestable, sujeta a los posibles vaivenes tanto de la marcha parlamentaria como del desarrollo de la guerra. Desde este supuesto no sería descartable que hubiera sido la propia María Cristina, el Gobierno francés, o ambos los que forzaron la confirmación sacando el tema a debate en los periódicos y con ello presionando al Congreso. Desde luego de confirmarse esta hipótesis, el riesgo que asumió la regente fue grande pues el debate podía ser, como de hecho lo fue, aprovechado por ciertos sectores para cuestionar los poderes de la Monarquía y a la Monarquía misma.

11 El Español, 28 de octubre de 1836.

12 El Eco del Comercio, 27 de octubre de 1836.

13 DSC, 26 de octubre de 1836.

14 DSC, 31 de octubre de 1836.

15 DSC, 19 de noviembre de 1836.

16 DSC, 19 de noviembre de 1836.

17 Real- Decreto, 19 de noviembre de 1836. SEVILLA ANDRÉS, D., Constituciones y otras Leyes y Proyectos Políticos de España, Madrid, Editora Nacional, 1969, vol. I, pág. 303.

18 El artículo 195 de la Constitución de 1812 decía: «la Regencia ejercerá la autoridad del Rey en los términos que estimen las Cortes». DSC, 20 y 21 de noviembre de 1836.

19 El Español, 26 de octubre de 1836.

20 DSC, 20 de noviembre de 1836.

21 DSC, 17 de diciembre de 1836.

22 LÓPEZ, J. M., Discursos pronunciados en las Cortes de 1836, 1837 y 1838, Barcelona, Impr. de la Renaixensa, 1874, págs. 93-94.

23 El Eco del Comercio, mayo de 1837

24 DSC, 19 de diciembre de 1836.

25 DSC, 15 de enero de 1838.

26 GARCÍA RUIZ, E., Historias, Madrid, 1878, tomo II, págs. 291-294.

27 PACHECO, J. F., «Las Cortes de 1837», en La revista de Madrid, 2.a serie, vol. 2 (1839), pág. 4.

28 GARRIDO, F., Historia del último Borbón, Madrid, 1969, pág. 1262.

29 ALCALÁ GALIANO, A., Historia de España, Madrid, Impr. Sociedad Literaria y Tipográfica, 1846, pág. 439.

30 Cuando se acusa a la Regente de liderar a los moderados se está olvidando que, frente al partido por antonomasia, que en este momento era el carlista, ella no tuvo mas remedio que ponerse a la cabeza de los liberales. Ese papel que se le reclamaba de poder moderador por encima de los partidos, era en este momento difícilmente asumible cuando eran los propios liberales los que la habían situado liderando un planteamiento ideológico claramente en pugna con el de los tradicionalistas.

31 DSC, intervención de Fermín Caballero, 21 de diciembre de 1837.

32 En su intervención del día 21 de diciembre de 1837, Fermín Caballero se preguntaba: «¿qué poder es el que se quiere dar a la Corona? ¿Cómo se quiere establecer la dictadura entre el poder legislativo y el ejecutivo?