La definición de los sistemas políticos latinoamericanos de finales del siglo XIX como 'democracias oligárquicas' se basa en el supuesto de que la participación electoral estaba muy restringida, y que el derecho de sufragar se limitaba a los varones propietarios, educados, 'blancos' y 'europeizados'. Laurence Whitehead, en un breve ensayo sobre la ciudadania en America Latina, afirma que antes de 1930 solo el México revolucionario podria ser excluido del cuadro precedente. Y Jonathan Hartlyn y Arturo Valenzuela, en un artículo que advierte contra la tendencia a considerar los factures institucionales como simples epifenómenos, aseguran que, a inicios del siglo XX, solo Argentina y Uruguay calificaban como democracias con sufragio universal masculine.1
Estudios recientes, sin embargo, revelan que los procesos electorales efectuados en distintos países latinoamericanos fueron más participativos y complejos de lo que originalmente se ha creído. Por ejemplo, en el Brasil imperial de la década de 1870, cerca del 50 por ciento de los varones adultos libres estaban registrados para sufragar, independientemente de su etnia o nivel de alfabetización.2 Las reformas de 1847-1849 ampliaron decisivamente el número de votantes de extracción popular en Perú;3 y en el padrón electoral de Buenos Aires de 1878, los trabajadores - incluidos artesanos y jornaleros representaban el 58 por ciento de los inscritos para votar.4
Pese a su larga tradición de comicios periodicos, Costa Rica no se ha exceptuado de lo que Antonio Annino llamó la 'leyenda negra' de la historia electoral latinoamericana.5 Orlando Salazar, en un libro que sintetiza las investigaciones sobre la política costarricense del període 1870-1914, afirma que la Constitution de 1871 'creó' un régimen limitado de ciudadania, pues en la realidad había dos tipos de ciudadanos: los propietarios, que podían elegir y ocupar cargos populares, y los desposeídos, que en la realidad ni podían elegir ni ser elegidos'. La base de esta diferenciación era 'el voto censitario y calificado, el cual era un obstáculo para la participación de todos los ciudadanos en las elecciones'.6
El propósito de este artículo es revisar el enfoque anterior con base en un análisis de tres temas que no fueron considerados por Salazar: el tamaño del padrón, la asistencia a las urnas en las votaciones presidenciales de primer grado verificadas entre 1893 y 1913, y la composición social y el comportamiento político de los electores de segundo grado. Al examinar estos tópicos, demostraremos que etnia y clase no se convirtieron en fuentes de exclusión electoral, que la participación en los comicios fue comparable o superior a la de otros países europeos y latinoamericanos, y que hay razones para suponer que los electores de segundo grado fueron algo más que representantes de los grupos propietarios.
Si bien el artículo considera brevemente la legislación electoral y las prácticas electorales anteriores a 1885, el énfasis es puesto en el període que se extiende entre 1885 y 1913. Partimos de la década de 1880 por razones tanto de fuentes (las primeras estadísticas electorales de que disponemos corresponden a dicho decenio) como institucionales. Entre estas últimas, cabe destacar que, en 1882, el Poder Ejecutivo puso nuevamente en vigencia la Constitución de 1871, suspendida desde 1876; y que durante la campaña electoral de 1889, surgieron los primeras partidos políticos. Terminamos en 1913 porque en ese año el Congreso aprobó una reforma que estableció el veto directo, la cual modificó decisivamente las condiciones de la competencia electoral.
Legislación y elecciones en Costa Rica (1824-1889)
Las prácticas electorales en Costa Rica, al igual que en otros países de Hispanoamérica, se iniciaron temprano.7 Los primeros comicios, de carácter municipal, se verificaron en 1812 y en 1820, amparados por la Constitución de Cadiz (abolida en 1814 y restablecida en 1820).8 La independencia, alcanzada en 1821, amplió la celebración de elecciones, pues a las de carácter local, se afiadieron las nacionales y las federales (entre 1823 y 1838, Costa Rica fue parte de la República Federal de Centro América).9 Lamentablemente, hasta ahora no se ha hecho un análisis exhaustivo y sistemático de dichas votaciones según los criterios de las actuates corrientes de investigación en los campos de la historia o de la ciencia política.
El acceso al poder mediante la vía electoral fue bastante efectivo en la Costa Rica posterior a 1821, ya que de los 15 jefes de Estado que hubo entre 1824 y 1849, ocho (un 53,3 por ciento) fueron electos en comicios, cinco ejercieron el cargo en condición de interinos y únicamente dos se valieron de la fuerza de las armas - por entonces cuerpos de milicias populares locales más que un ejército nacional - para ocupar la jefatura estatal. De los 15 individuos que desempeñaron tal puesto, solo cuatro (un 26,7 per ciento) fueron derrocados, y uno fue obligado a renunciar. La unica dictadura que hubo en este període, la de Braulio Carrillo, fue de corta duración (1838-1842).10
Entre 1824 y 1843, las elecciones eran de tres grados. De acuerdo con la legislación vigente, el derecho al veto público en la primera vuelta estaba limitado a los varones mayores de 18 años (o menores de esa edad, pero casados) que ejercían una profesión útil o tenían medios conocidos de subsistencia. La Constitución de 1844, aunque estableció el voto directo, restringió su ejercicio a los hombres mayores de 25 años, casados, viudos o cabezas de familia y dueños de una propiedad raiz valorada por lo menos en 200 pesos.11 Tres años después, en 1847, una nueva Constitución suprimió el sufragio directo y otorgó el derecho a votar en los comicios de primer grado a los varones que tuviesen 20 años cumplidos, o 18 si eran casados o profesores de alguna ciencia. Además, dispuso que, pasados cinco años, no se admitiría el voto de los ciudadanos que no supiesen leer y escribir.
Una nueva constitución, la de 1848, volvió a restringir el derecho a sufragar, al limitarlo a los varones mayores de 21 años, dueños de bienes raíces por un valor libre de 300 pesos o con una renta anual de 150 pesos. Asimismo, estableció que a partir de 1853, no se le permitiria votar a los ciudadanos que no supiesen leer y escribir. Las constituciones posteriores (1859 y 1869) limitaron el voto a los hombres mayores de 25 años, dueños de una propiedad raíz valorada por lo menos en 200 pesos. La Constitución de 1871 volvio a ampliar el derecho al sufragio, al establecer que en las electiones de primer grado podían votar todos los ciudadanos, es decir, los costarricenses varones de 20 años o más (o de 18 años, si estaban casados o eran profesores de alguna ciencia), quienes en razón de su salario o de su propiedad tenían un ingreso acorde con su condición social.12
Así, la Constitución de 1871, suspendida en 1876 y restabletida 1882, prácticamente instituyó el sufragio universal masculino para las electiones de primer grado (el femenino solo se aprobó en 1949). En efecto, no exigía que los votantes supieran leer y escribir, y el requisito de la propiedad o del ingreso exigido era tan ambiguo que no operaba como un criterio de exclusión. En contraste, los electores de segundo grado, quienes eran los que en votación secreta escogían al presidente, a los diputados y a los regidores municipales, debían tener 21 años cumplidos, saber leer y escribir y ser propietarios de cantidad que no bajara de quinientos pesos o tener una renta anual de dostientos pesos.13
La ampliación del derecho al voto que supuso la Constitución de 1871 quiá se explica en parte porque, desde unos veinte años atrás, había comenzado a modificarse el papel político jugado por los comicios presidenciales mismos. Con el ascenso de Juan Rafael Mora a la presidencia en 1849, y con el fortaletimiento y la centralización que expeimentó el ejército en la década de 1850, se consolidó una tendencia a debilitar las prácticas electorales como vía de acceso al Poder Ejecutivo. En las próximas cuatro décadas, cumplirían lo que en aperiencia rue una función esencialmente legitimadora y simbólica, ya que la sucesión presidential no dependió de elecciones competitivas basadas en la participación popular.14 El control de la presidencia empezó a dirimirse en un juego de alianzas entre distintos grupos de la burguesía cafetalera, de carácter familiar y apoyados por las jerarquías militares.15
Pese a que en seis ocasiones el Poder Ejecutivo disolvió el Congreso entre 1849 y 1882, la actividad legislativa solo cesó por períodes cortos, con excepción del lapso entre julio de 1876 y abril de 1882, cuando estuvo suspendida la Constitución de 1871.16 Este dato revela que la elección de diputados fue una práctice constante. Lo mismo puede decirse de los comicios municipales.17 Todavía es muy poco Io que se conoce sobre esas votationes, pero el solo hecho de que se efectuaran periódicamente es un indicador de una dinámica electoral que no sucumbió ante el desarrollo autoritario que experimentó la presidencia. Desde tal perspective, la disolución del Congreso puede ser considerada no sólo como expresión del autoritarismo presidencial, sino como evidencia de que, por lo menos a nivel diputadil, las elecciones abrían vías para que sectores de la opositión ganaran escaños legislativos.
El període entre 1876 y 1882, durante el cual Costa Rica careció de Congreso, se relaciona con un cambio en el patrón de sucesión presidencial. El modelo inaugurado por Juan Rafael Mora en 1849 (presidentes civiles, pertenetientes a las principales families cafetaleras y cuyo ascenso el Poder Ejecutivo se basaba en alianzas con la alta oncialidad) se modifióe a partir de 1870. El golpe de Estado liderado por Tomás Guardia en este último año supuso el inicio de una era, que se prolongó hasta 1889, en la cual los militares dominaron directamente el Poder Ejecutivo. Sin embargo, conviene destacar que solo seis de esos 19 años de gobiernos encabezados por los militares fueron 'no constitucionales'.
El carácter mayoritariamente 'constitucional' de los gobiernos de Guardia (1870-1882) y de sus sucesores, Próspero Fernández (1882-1885) y Bernardo Soto (1885 y 1889) parece haber estado asociado con la influencia creciente que tuvo en la administration publica un circule de jovenes intelectuales y políticos, compuesto principalmente por abogados y apodado el Olimpo', por su arrogancia. Este grupo, en el cual pronto destacarían los futures presidentes, Cleto González Viquez y Ricardo Jiménez, fue el impulsor de las llamadas 'reformas liberales', orientadas a actualizar y codificar la legislacion vigente, centralizar la administración pública, promover más encazmente la expansión del capitalisme en el agro y secularizar la sociedad.
Las 'reformas liberales', puestas en práctica en la década de 1880, generaron un descontento creciente, el cual fue la base para la conformación de una oposición diversa, integrada por políticos que habían sido excluidos de los círculos oficiales, eclesiásticos opuestos a las tendencias secularizadoras (especialmente en los campos de la educación y la familia) y sectores de campesinos y artesanos afectados por los procesos en curso de diferenciación social y de cambio cultural. Fue en este conflictivo contexto en el que, gracias al restablecimiento de la Constitution de 1871, se reactivaron las práctices electorales: hubo votaciones presidenciales con candidate oficial y unico en 1882 y 1885, y comicios diputadiles en 1882,1884,1886 y 1888.18
La convocatoria a votaciones periódicas abrió la posibilidad de que el creciente descontento social se expresara electoralmente, y eso fue lo que ocurrió durante la campaña de 1889. El Poder Ejecutivo y el Olimpo habían preparado ya la transición a un gobierno encabezado por civiles, pero su candidato, el abogado Ascension Esquivel, apenas capturó el 19,3 por ciento del total de electores de segundo grado. El triunfo en las urnas le correspondío a una oposición encabezada por el licenciado José Joaquín Rodríguez, y su yerno, Rafael Iglesias. Tras conocerse el resultado de la elección, un grupo de policías josefinos proclamó a Esquivel como presidente, lo que motivó un amplio levantamiento popular en la noche del 7 de noviembre, el cual consolidó la victoria de Rodríguez.
Así, la campana de 1889 supuso que el Olimpo' fuera desplazado del poder y que los comicios volvieran a convertirse en un expediente clave para acceder a la presidencia. También implicó dicha campaña otro cambio fundamental: a diferencia del període anterior, cuando no se constituyeron maquinarias políticas, a partir de ese año se produjo una primera oleada de partidos, algunos de los cuales competirían en las elecciones costarricenses durante los próximos veinte años. La magnitud de esta transformación institucional se puede apreciar en que, pese a la índole autoritaria que adquirieron los gobiernos de José Joaquín Rodriguez (1890-1894) y de Rafael Iglesias (1894-1902), los partidos no desaparecieron y el calendario electoral se mantuvo: se convocó a votaciones presidenciales de primer grado en 1894,1897 y 1901.19
Los dos partidos principales que surgieron a finales del siglo XIX fueron el Civil, fundado por Rafael Iglesias en 1893, y el Republicano, creado por sus opositores en 1897. En 1901, los sectores moderados de la oposición pactaron con Iglesias para facilitar su salida del Poder Ejecutivo, y organizaron un nuevo partido, el Unión Nacional, el cual ganó los comicios de 1901 y 1905, y llevó al sillón presidencial a dos figuras prominentes del Olimpo': Ascensión Esquivel (el candidato perdedor en 1889) y Cleto González Víquez. Luego de esas dos derrotas consecutivas, el Republicano triunfó en la elección de 1909, aunque en tal ocasión su candidato no fue Máximo Fernández, representante del ala más radical del partido, sino otra figura del Olimpo': Ricardo Jiménez. De esta forma, los 'reformadores liberales' de la década de 1880, a partir de 1902, volvieron a dominar el Poder Ejecutivo.20
Inscripción y participación electoral
Pese a que la Constitución de 1871 impedía la reelección presidencial consecutiva, en 1897, el presidente Rafael Iglesias promovió una modificación para postularse como candidato del Partido Civil. La respuesta de la principal organización opositora, el Republicano, fue llamar a sus simpatizantes para que no participaran en las votaciones de primer grado, que se efectuaron el 14, 15 y 16 de noviembre del año indicado. Después de los comicios, en un editorial del periódico oficial, La Gaceta, se señaló:
...el partido republicano se abstuvo de acudir à las urnas con la mira, probablemente, de explicar con su ausencia el triunfo de sus adversarios. Sin embargo, tal disposición no ha podido tener los alcances que se previeron, pues los hechos han venido á demostrar que la indicada abstención, si bien dará lugar á una elección unánime, no por eso ha impedido conocer la voluntad de la mayoría del país: más de 24.000 ciudadanos han sufragado en favor del partido reeleccionista. Si se toma en consideración que á 31,000 asciende el número probable de ciudadanos en aptitud legal de sufragar, según los cálculos más aproximados; si se recuerda que las elecciones de 1894, en las cuales emitieron su voto 28,739 ciudadanos, han sido hasta la fecha las más concurridas, se alcanza el íntimo convencimiento de que el partido reeleccionista cuenta en el país con gran mayoría de adeptos.21
Sin embargo, de acuerdo con un cálculo del tamaño del electorado basado en los censos nacionales de 1892 y 1927,22 el total de varones costarricenses de veinte años y más ascendía, en 1894 a unos 57.614 individuos, y en 1897, a unas 61.717 personas (casi el doble de las estimaciones oficiales), por lo que la asistencia a las urnas habría sido, respectivamente, de un 49,9 y un 39 por ciento. Tal contraste lo podemos ver desde otra perspectiva si consideramos el censo electoral de junio de 1885,23 el único que hemos podido localizar para el período anterior a 1913. En el Cuadro 1, hemos organizado dicha información de manera que se pueda confrontar el número de votantes inscritos con el de la población masculina adulta.
Enlarge this image.Cuadro 1. Censo electoral de 1885: proporción de inscritos con respecto a los varones costarricenses de 20 años y más, y porcentaje de jornaleros
La primera conclusión que se desprende de ese cuadro es que la inscripción electoral en 1885 era, geográficamente, muy desigual, y que esto último, aunque podía estar influido por la pobreza y por factores étnicos (los casos de Guanacaste y Puntarenas, donde se concentraba un campesinado pobre de origen mulato e indígena), dependió decisivamente de los procesos de colonización agrícola. Esta última, emprendida por familias campesinas, se concentró hasta finales del siglo XIX en el Valle Central, un área de apenas 3.200 kilómetros cuadrados (el 6,4 por ciento del territorio nacional), en la que residía entre el 70 y el 80 por ciento de la población del país a inicios de la década de 1890.24
La información precedente permite considerar con más criterios los datos del Cuadro 1. Así, las provincias donde la inscripción era más baja, San José y Cartago, eran escenario en la década de 1880 de importantes procesos de migración campesina, hacia el este y sur del Valle Central, en el curso de los cuales la población tendía, en un primer momento, a la dispersión, lo que dificultaba censarla. En cambio, en Alajuela, donde la fase más intensa de la colonización del oeste del Valle Central ya había pasado, y en Heredia, donde las posibilidades de ocupar tierras vírgenes dentro del valle fueron muy limitadas desde inicios del siglo XIX, la proporción de inscritos era muy alta.
El examen del peso de los trabajadores asalariados en la población económicamente activa masculina ocupada en la agricultura confirma lo ya expuesto. San José, Heredia y Cartago tenían proporciones similares de jornaleros, pero sus niveles de votantes inscritos eran muy distintos. Y Alajuela, pese a que su porcentaje de peones era el más elevado de las cuatro provincias centrales, tenía una inscripción electoral bastante alta. El hecho de que la inscripción fuera afectada más por los procesos migratorios que por la pobreza de los sufragantes patentiza que, tan tempranamente como en 1885, existía una tendencia a la inclusión más que a la exclusión política.
Una breve comparación con las experiencias argentina y británica es útil para precisar la importancia de esa tendencia incluyente. En la década de 1890, la inscripción en Buenos Aires apenas alcanzaba un 50 por ciento, en tanto que en las provincias podía oscilar entre un 5 y un 15 por ciento de la población elegible para votar.25 Y en la Gran Bretaña de 1884, solo un 59 por ciento de los varones de 21 años y más estaban inscritos en el padrón electoral.26 ¿Por qué en la Costa Rica de 1885, un país en el cual los comicios presidenciales cumplían en esa época una función básicamente legitimadora de las candidaturas oficiales y no había partidos ni competencia electoral a nivel presidencial, la inscripción era tan alta? Aunque la evidencia disponible es limitada, es posible evaluar tres hipótesis complementarias para tratar de responder la pregunta previa.
Primero, el censo electoral de 1885 se efectuó en el contexto de los afanes del 'Olimpo' por centralizar la administración pública, un proceso que había conducido ya a la creación del Registro Civil, en 1881. Por tanto, los funcionarios encargados de elaborar el padrón electoral pudieron realizar su trabajo con especial esmero, simplemente por estar a la altura de las políticas impulsadas en esa época. Segundo, pudo ocurrir que el círculo de políticos e intelectuales que controlaba el Poder Ejecutivo, el cual hacia 1885 no veía competidores importantes en el futuro cercano, tuviera un interés especial en contar un padrón cada vez más amplio, en función de movilizar a los votantes en las elecciones de primer grado, entonces de candidatos únicos, para mostrar así el apoyo popular que tenía el régimen. Y tercero, es posible que una inscripción tan alta como la de 1885 fuera producto de la dinámica electoral, a nivel legislativo y municipal, que se mantuvo activa pese al carácter 'no electoralmente competitivo' que asumió la sucesión presidencial a partir de 1849.
Sea como fuere, lo cierto es que la tendencia a la inclusión política de los sectores populares sentó la base de la competencia electoral, y una vez que esta última alcanzó un mayor desarrollo (es decir, a partir de 1889, cuando los comicios presidenciales dejaron de estar dominados por los candidates únicos), reforzó la inclusión política ya indicada. En este marco, clase y etnia no se convirtieron en fuentes de exclusión electoral. El que lo étnico no lo fuera es interesante,27 dada la fuerza con que empezaba a configurarse un discurso oficial que asociaba la excepcionalidad de Costa Rica en Centroamérica con el predominio de la 'raza' blanca, y veía en otras etnias una amenaza para la salud racial y el desempeño cultural e institucional del país.28 A pesar de esto, y como lo destaca el Cuadro 1, Puntarenas y Guanacaste, donde prevalecían poblaciones de piel oscura y cobriza, tenían porcentajes de inscritos más altos que Cartago y San José, dos provincias 'blancas', a las cuales el escritor y filósofo social salvadoreño, Alberto Masferrer, definió a finales del siglo XIX como la 'tiquicia pura'.29
Hasta ahora, no se cuenta con evidencia que muestre que criterios étnicos hayan sido empleados con fines de exclusión electoral, y más bien lo que sugiere la información disponible es que, en la primera mitad del siglo XX, los indígenas fueron incorporados sistemáticamente en los comicios.30 En contraste, sí se conoce un caso en el cual se invocó la pobreza de un votante para tratar de impedir que sufragara. Dadas las especiales connotaciones simbólicas de esta experiencia, conviene considerarla en detalle, pese a que corresponde a la campaña electoral de 1913, la primera en la que estuvo vigente el voto directo. En noviembre de ese año, Antonio Ibarra, un miembro de la junta electoral del canton de Esparta (en Puntarenas), le preguntó al presidente Ricardo Jiménez, quien de acuerdo con la legislación vigente era la principal autoridad del país en materia electoral:
Me permito suplicarle decirme: una persona pensionada por la Nación como soldado del cincuenta y seis y que no tiene otros medios de subsistencia, puede ejercer el derecho del sufragio?31
La inquietud de Ibarra parece haberse basado en la ambigua disposición constitutional de 1871 que establecía, como se discutió anteriormente, que para poder sufragar en una elección de primer grado el votante debía tener un ingreso o una propiedad acorde con su condición social. Esta fórmula abría la puerta para la exclusión de los más pobres, sobre todo si se sabía o se sospechaba que podían votar en contra del partido al que pertenecían las autoridades políticas locales. Ahora bien, la persona sobre la cual Ibarra inquiría en 1913 no era un votante cualquiera, sino, nada menos, que un veterano de la guerra de 1856-1857, en la cual las tropas costarricenses derrotaron a los mercenarios estadounidenses, dirigidos por William Walker, que dominaban el sur de Nicaragua y amenazaban el norte de Costa Rica. La respuesta del presidente Jiménez no se hizo esperar:
Su telegrama me hace pensar tristemente en la ingratitud tradicional de las democracias; somos país autónomo y podemos los costarricenses hacer elecciones a estas horas por aquéllos que salieron en 1856 y 1857 al encuentro de la muerte, y pagaron su deuda de patriotismo con la mejor moneda: con la de su sangre; y, sin embargo, a los restos de aquellas huestes, a los soldados de entonces que no vacilaron en perder sus vidas por conservarle la suya a la patria, por cuanto no tienen otra riqueza que el recuerdo de las hazañas en que tomaron parte, los rechazamos de las urnas electorales, como indignos de velar por los destinos y la suerte del país. Si yo fuera uno de aquellos guerreros, al fiscal de partido que me preguntara: ¿tiene usted valores?, le contestaría: 'Tengo esta medalla de oro que me puso en el pecho la patria agradecida'. ¿Tiene usted otra joya? Y descubriendo el lugar de la vieja herida, agregaría: 'Sí, esta cicatriz gloriosa'. Sean otros, señor Ibarra, quienes contesten su telegrama.32
La recuperación de la guerra de 1856-1857 por los intelectuales del 'Olimpo' (de los cuales formaba parte Jiménez) fue el eje, durante la década de 1880, de la invención de la identidad nacional costarricense, una de las principales reformas liberales de esa época.33 Aunque todavía no existe un estudio que analice sistemáticamente la relación entre este decisivo cambio cultural y la tendencia a una creciente inclusión política, pareciera que ambos procesos se reforzaron mutuamente. Los esfuerzos del Estado por convertir a los sectores populares urbanos y rurales - en ciudadanos costarricenses, identificados con la ideología liberal del progreso (en su sentido capitalista y positivista) requerían que la experiencia ciudadana de campesinos, artesanos y otros trabajadores superara el nivel estrictamente discursivo.
Según lo ya expuesto, la inscripción electoral, que ascendía a un 62,7 por ciento de los varones de 20 años y más en 1885, bajó a un 50,2 por ciento en 1897, durante el período autoritario de Iglesias. No obstante, de acuerdo con el Gráfico 1, la inscripción volvió a crecer tras la apertura democrática posterior a 1902,34 a juzgar por los niveles que alcanzó la asistencia a las urnas en 1905 y 1909. Así, la participación electoral promedio, medida como una proporción de los varones de 20 años y más, fue de 44,3 por ciento en los comicios de 1894 y 1897, y de 72,3 por ciento en los de 1905 y 1909. Esta asistencia fue apenas un 8,3 por ciento menor que la de 1913, cuando ya estaba vigente el voto directo.35 Pese a que los ambiguos requisitos constitucionales para votar solo fueron eliminados en 1949, el padrón electoral de 1913, incluía ya a prácticamente toda la población costarricense masculina adulta.36
Enlarge this image.Gráfico 1. Asistencia a las urnas en las elecciones presidenciales según varones de veinte años y más, y población total. Costa Rica (1897-1913)
De nuevo, una breve consideración de los datos de otros países, permite ubicar el caso de Costa Rica en una provechosa perspective comparativa. La asistencia a las urnas, medida como una proporción de la población total, fue de 2,2 por ciento en Brasil (1894), de 3,5 por ciento en Chile (1888), de 1,8 por ciento en Buenos Aires (1896), de 12 por ciento en Gran Bretaña (1890), todos países en los cuales el sufragio estaba limitado a los varones en las fechas indicadas.37 Así, la participación electoral en Costa Rica, aun durante los comicios de 1897 en que se registró el mayor abstencionismo del período 1894-1913, se ubicó muy por encima de lo que era la norma en otras partes de América Latina, y más cercana a la experiencia británica. Y en 1911, cuando en Gran Bretaña el padrón electoral aún incluía solo al 59 por ciento de la población masculina adulta,38 la proporción costarricense se aproximaba al cien por ciento. Por último, durante los comicios presidenciales competitivos de 1905 y 1909, la participación electoral en Costa Rica (en promedio un 16 por ciento de la población total) fue similar a la de las votaciones estadounidenses de 1904 y 1908.39
Nuestra hipótesis es que la elevada asistencia a las urnas, y el incremento correspondiente en la inscripción electoral, fueron producto de la creciente competencia entre los partidos, que se intensificó después de 1902. En su afán por capturar el mayor número posible de sufragios, los partidos se esforzaron por empadronar y movilizar a todos los varones costarricenses que podían calificar para votar, independientemente de su etnia o condición social.40 Y para lograr ambas metas, empezaron también a establecer compromisos con sus votantes, ya fuera para satisfacer expectativas individuales, familiares o comunales. En efecto, la proporción del gasto estatal dedicada a educación, salud y obras públicas (que incluía infraestructura escolar y sanitaria) se elevó de 24,4 por ciento entre 1890 y 1901, durante los gobiernos autoritarios de Rodríguez e Iglesias, a 34,3 por ciento entre 1902 y 1916. Y entre esos mismos períodos, la tasa de crecimiento anual del empleo público se elevó de 2,1 a 4,1 por ciento.41
Los datos anteriores indican el grado en el cual la intensificación de la lucha entre los partidos, a partir de 1902, contribuyó al aumento del padrón, de la asistencia a las urnas, del gasto social y del empleo público. En el contexto de invención de la nación, los comicios presidenciales, periódicos y competitivos, generaron una dinámica que favorecía la inserción de los recién inventados ciudadanos costarricenses en la vida política de su país, la cual les permitía, a su vez, canalizar electoralmente sus expectativas y reivindicaciones personales, familiares y colectivas. La expansión del empleo estatal y la orientación social del gasto público son dos indicadores, además, de la medida en que políticos y partidos empezaron a incorporar las demandas populares en sus agendas y respondieron a ellas desde el gobierno.
Los electores de segundo grado
Una de las dudas mayores sobre el carácter democrático de la política costarricense del període 1889-1913 se relaciona con la existencia de un sistema electoral de dos vueltas, en el cual, dados los requisitos establecidos por la Constitución de 1871, los votantes solo podían escoger a propietarios alfabetizados como electores de segundo grado. En taies circunstancias, se ha supuesto que los cargos de elector fueron controlados decisivamente por ricas familias cafetaleras, una perspectiva acorde con la visión de que la participación electoral habida en esa época se explica, esencialmente, por la manipulación de sectores populares analfabetos por partidos que eran poco más que instrumentos oligárquicos.42 Este enfoque puede ser ahora impugnado en varies sentidos, gracias a nuevos datos.
Los requisitos de solvencia y nivel de instrucción que debían satisfacer los electores quizá fueron menos restrictivos en Costa Rica que en otros países de América Latina, dada la importancia que tenían los pequeños y medianos productores urbanos y rurales en la estructura social, y los avances que experimentó la alfabetización popular, sobre todo a partir de la década de 1880. En efecto, según el censo de 1950, alrededor de un tercio de todos los varones de 20 años y más que conformaban la población económicamente activa en ese año eran propietarios, una proporción que debiñ ser mas elevada a finales del siglo XIX, cuando los procesos de diferenciación social estaban menos avanzados.43
Y en cuanto a la alfabetización, según el censo de 1892, el 45,2 por ciento de la población de diez años y más sabía leer y escribir en ese año. Ahora bien, en esa época era muy frecuente que, en el campo sobre todo, un número considerable de varones empezara a asistir a la escuela después de los diez años. Además, el alfabetismo masculino superaba al femenino como mínimo en un diez por ciento. Por tanto, si se pudiera controlar la incidencia de esas variables y recalcular la alfabetización de los varones de 21 años y más, es probable que el índice respectivo superase el 50 por ciento.44 En otras palabras: es verosímil que entre un 40 y un 60 por ciento de los costarricenses del grupo de edad ya indicado pudiera cumplir, en la década de 1890, con los requisitos establecidos por la Constitución de 1871 para ser elector de segundo grado.
Obviamente, que la proporción indicada de costarricenses de 21 años y más calificara para ser nombrado elector no necesariamente significaba que todos pudieran serlo, ya que el número de electores estaba en función del tamaño de la población, a razón de 3 electores por cada mil habitantes.45 Por tal razón, el total de individuos que competía por el puesto de elector era siempre inferior al de todos los varones que cumplíian los requisitos respectivos, y la proporción de los efectivamente nombrados era todavía más baja. Por ejemplo, para la elección de primer grado de 1909, los partidos Civil y Republicano nominaron a 1,788 individuos, de los cuales solo 894 fueron electos.46
En los cuatro comicios de primer grado efectuados entre 1897 y 1909, fueron escogidos un total de 3.070 individuos, de los cuales un 80 por ciento representaba distritos rurales, un 25 por ciento fue nombrado elector en más de una ocasión y, como minimo, un 15 por ciento de los electores eran hermanos (con toda seguridad, la totalidad de lazos de parentesco que los unían superaba en mucho dicho porcentaje). Además, conocemos la ocupación de 902 electores (un 29,4 por ciento del total), información que presentamos en el Cuadro 2. Dada la ambigüedad de algunas de esas categorías ocupacionales siempre es difícil asociarlas con grupos sociales específicos; no obstante tales limitaciones, su análisis permite alcanzar algunos resultados aproximados.
Enlarge this image.Cuadro 2. Ocupación de 902 electores de segundo grado escogidos en los comicios de primer grado de 1897,1901,1905 y 1909
Los porcentajes de médicos, abogados, beneficiadores de café y ganaderos, todas categorías asociadas con los grupos más acaudalados de la época, suman un 9,9 por ciento. Los pequeños comerciantes (pulperos y dueños de billares y taquillas) representan un 25,5 por ciento. Y los grupos medios urbanos (escritor, periodista, maestro y profesor) suponen a su vez un 11,1 por ciento. La interpretación de las categorías restantes es mas problemática. Artesano podría indicar que Se trataba de un dueño de taller o de un trabajador asalariado; comerciante y dueño de tienda podrían referirse tanto a un pequeño como a un gran negociante; presbítero podría incluir a individuos precedentes de muy distintos orígenes sociales; y entre los agricultures con 3 o más peones podrían haber tanto pequeños y medianos productores como grandes cafetaleros, aunque también es muy probable que predominaran los primeros.
Pese a las dificultades señaladas, se podría concluir que lejos de estar dominados por la llamada 'oligarquía' cafetalera, los puestos de elector de segundo grado tendían a repartirse, ante todo, entre las jerarquías locales agrarias, constituidas por pequeños y medianos agricultores y comerciantes (la mayoría de los pulperos, en efecto, estaban ubicados en el campo). En esas comunidades rurales, dominadas por las relaciones cara a cara entre patronos y asalariados y demográficamente endogámicas, no sorprende que los electores estuvieran fuertemente unidos por lazos de parentesco y que algunos de esos individuos hicieran verdaderas carreras políticas, basadas en su contacto cotidiano con familiares y vecinos.
Sin duda estas jerarquías locales tenían sus propios intereses, los cuales no siempre coincidían con los del resto de la población rural; pero, en su conjunto, sus valores, intereses y estilos de vida estaban más próximos a los de los trabajadores y consumidores populares que a los de las familias acaudaladas urbanas.47 Esta cercanía cultural, facilitada por el parentesco, sugiere que los electores podían representar reivindicaciones colectivas más amplias que las de su propio círculo social. Es interesante constatar que en 1889 y 1894 los electores nominados por el partido de oposición al gobierno, pese a toda la presión oficial en su contra, capturaron el 80,9 y el 72,8 por ciento, respectivamente, de los votos emitidos en los comicios de primer grado efectuados en esos años.48
Sin un efectivo apoyo popular, era difícil ser escogido elector, y menos serlo en más de una ocasión. El hecho de que un 25 por ciento de los electores seleccionados a partir de 1897 lo fuera más de una vez, sugiere que taies personas llegaron consolidar verdaderas clienteles de votantes populares en sus lugares de origen, y es difícil de creer que lograran esto sin dar nada a cambio. En este sentido, conviene modificar la imagen tradicional del elector como un simple instrumento de la 'oligarquía' o del gobierno, y considerarlo más bien como un intermediario entre la política popular de la elección de primer grado, y la 'alta' política posterior, donde en votación secreta (una condición que jugaba a favor de su autonomía) estos electores escogían a las principales autoridades del país.
La independencia con que podían actuar estos electores preocupó sobremanera a partidos y gobiernos, ya que como duraban en el puesto cuatro años, eran los encargados de escoger, año tras año, a los regidores municipales; y dos anos después de la elección presidencial, a los diputados con que se renovaría la mitad del Congreso. Tales atributos reforzaban la posición negociadora de los electores frente al Poder Ejecutivo y a sus propios partidos, por lo que no era inusual que, antes de cada una de las elecciones indicadas, los partidos invocaran la lealtad y la identidad partidista de sus electores. La dificultad de garantizar su comportamiento electoral es una de las razones que explica que, en 1913, el Congreso aprobara el voto directo.
Según Samuel Stone, en 1909 Ricardo Jiménez, entonces candidato presidencial por el partido Republicano, 'decidió buscar el apoyo de la población rural, lo que hizo a través del líder denominado gamonal', al cual le prometió reformar el sistema municipal, con el fin de que los gamonales ampliaran su ingerencia 'en la gestión de los asuntos políticos locales'. Hasta 1909, según Stone, 'las campañas electorales se habían llevado a cabo fundamentalmente en las grandes ciudades, sin la participación de habitantes de zonas rurales'.49
Gracias a la información ahora disponible, se puede corregir significativamente la interpretación de Stone. Por un lado, es evidente que desde mucho antes de 1909 había habido una participación mayoritaria de la población rural en los procesos electorales, y que el apoyo de las jerarquías agrarias locales (de las cuales formaban parte los gamonales) era esencial para triunfar en las elecciones de primer grado. Y por otro lado, desde fines del siglo XIX el principal interés político de esas jerarquías era la creación de nuevos cantones, un proceso que les permitiría reforzar su poder local. Hasta 1901, Costa Rica estaba dividida en 32 cantones, el último de los cuales, Limón, había sido creado en 1892. Entre 1901 y 1909 se crearon 9 cantones más, y otros cinco durante 1910-1911, los dos primeros años de la administración presidential de Ricardo Jiménez.50 De esta manera, la reforma político-administrativa que consolidaba el poder local de las jerarquías locales agrarias no fue iniciada por este último.
En vez de ser el que le abrió la puerta de la política nacional a esas jerarquías locales, como lo afirma Stone, Jiménez estaba profundamente preocupado por la influencia que taies grupos tenían, mediante los electores de segundo grado, en la política nacional. En su discurso inaugural, en mayo de 1910, el nuevo presidente señaló:
Las asambleas electorales son una institución anticuada los electores de segundo grado [pueden] disponer à su arbitrio de su voto; y esa posibilidad puede ser causa de que entre las elecciones de primer grado y las de segundo, se pongan en juego intrigas que sirvan para burlar el veredicto popular, ó de que cuando menos, se mantenga, por varies meses, una nociva intranquilidad pública, por la incertidumbre en que se viva acerca de si privarán ó no las maquinaciones urdidas todo dependerá del arbitrio de los electores de segundo grado; y como el cargo de éstos dura cuatro años, puede también suceder que elecciones hechas después del primer año estén por completo divorciadas de la opinión pública, por haber surgido cuestiones que no pudieron ser tenidas en cuenta por el pueblo al hacer la designación de electores.51
La reforma electoral de 1913, al establecer el voto directo, modificó completamente el marco de la competencia electoral. Si bien las jerarquías locales retenían e incluso reforzaban su poder a nivel local, perdían influencia en la política nacional. En adelante, la elección del presidente y los diputados se realizaría en un mercado masivo de votantes, en el cual la victoria ya no dependería de las 'maquinaciones urdidas' entre unos cientos de electores, sino de la capacidad de los partidos para atraer y movilizar a miles de votantes. En este sentido, la reforma de 1913, a la vez que estimuló un mayo desarrollo institutional de los partidos, reforzó la posición de los votantes en la dinámica electoral. Comenzó a forjarse así una conexión directa entre demandas populares, compromisos de los partidos y políticas públicas, la cual alcanzaría su forma plena a partir de la década de 1920.
Conclusión
La investigación histórica de la política latinoamericana, efectuada en los últimos diez años, ha empezado a revalorar el papel jugado por leyes, instituciones y partidos, y uno de sus aportes principales ha sido demostrar que los factores institucionales, legales y electorales no pueden ser reducidos a simple reflejos de estructuras sociales y económicas.52 Sin embargo, como lo evidencian los planteamientos de Hartlyn, Valenzuela y Whitehead, todavía es necesario un esfuerzo mayor para incorporer en el análisis politico el problema de la participación popular, con el fin de precisar los límites y posibilidades de las 'democracias oligárquicas'. Autores como Graham y Sábato, entre otros, ya han hecho aportes básicos en este sentido, al examinar la asistencia a las urnas en el Brasil imperial y la política callejera en el Buenos Aires de las décadas de 1860 y 1870.53
También es necesario estar atentos al grado en el cual leyes e instituciones fueron superadas por la misma dinámica electoral. Por ejemplo, según Hartlyn y Valenzuela, dados los requisitos que establecía la Constitución de 1871, Costa Rica, a diferencia de Argentina y Uruguay, no calificaba como una democracia con sufragio universal masculino.54 No obstante, como este artículo lo ha demostrado, pese a la existencia de taies requisitos, la inscripción electoral superaba no solo la de esos países,55 sino también la de Inglaterra. Y los niveles de asistencia a las urnas, medidos como una proporción de la población total, eran similares en la década de 1900 a los ingleses y a los de Estados Unidos.
La reflexión anterior es aplicable también a los electores de segundo grado. Si el análisis se limita a los requisitos constitucionales establecidos para ser elector, casi automáticamente se concluye que eran los grupos propietarios, educados y urbanos los que controlaban la elección de las principales autoridades del país. Pero una vez que se investiga la distribución geográfica y el trasfondo social y ocupacional de los electores, el resultado es otro. En el caso de Costa Rica, pequeños agricultores y comerciantes eran los que mayoritariamente elegían al presidente, a los diputados y a los munícipes en los comicios de segundo grado. Y como se explicó antes, existen buenas razones para creer que tales electores representaban intereses y asumían reivindicaciones que superaban las de sus propios círculos sociales y ocupacionales.
Sin duda, los años entre 1889 y 1913 fueron cruciales en la historia de Costa Rica, ya que en ese período se constituyeron prácticas electorales estables y periódicas, con espacios cada vez más amplios para los grupos de oposición y en un contexto en el cual el sufragio se expandió decisivamente.56 La inscripción de prácticamente toda la población masculina adulta, con independencia de su etnia y condición de clase, y la elevada asistencia a las urnas, le dieron al proceso de invención de la nación costarricense una estratégica base institutional. Y las campañas electorales periódicas, con sus diversos espacios de discusión oral e impresa, contribuyeron a que los partidos empezaran a canalizar inquietudes y reivindicaciones de los sectores populates urbanos y rurales. El alza en el gasto social, que se dio entre 1902 y 1916, se aunó con la relevancia que adquirió el debate sobre la 'cuestion social' en la esfera pública.
Al demostrar que el caso de Costa Rica no se ajusta al esquema de las 'democracias oligárquicas', con que se suele definir la política latinoamericana de los años 1870-1930, este artículo ha procurado resaltar también cuán necesaria es todavía la investigación de base para comprender esa política. En tal sentido, es indispensable además comenzar a superar los estudios de casos y avanzar en la elaboración de análisis comparativos sistemáticos, tanto entre países de América Latina, como entre sus experiencias electorales y las de Canadá, Estados Unidos y Europa. Una perspectiva de este tipo permitiría apreciar dinámicas políticas globales que han transgredido las fronteras del 'primer' y el 'tercer' mundo, del 'centro' y la 'periferia', del 'desarrollo' y el 'subdesarrollo'.
*Este artículo forma parte de un proyecto más amplio sobre el fraude y la reforma electoral en Costa Rica, realizado junto con Fabrice Lehoucq (cuyos comentarios agradezco), y financiado por el National Endowment for Humanities (Collaborative Projects Grant RO-22864-95).
Notas
1. Whitehead, Laurence, 'A Note on Citizenship in Latin America since 1930'; y Hartlyn, Jonathan y Valenzuela, Arturo, 'Democracy in Latin America since 1930'. Bethell, Leslie, ed., Latin America: Politics and Society since 1930 (New York, Cambridge University Press, 1998), pp.4, 7 y 68.
2. Graham, Richard, Patronage and Politics in Nineteenth-Century Brazil (Stanford, Stanford University Press, 1990), p.108.
3. Peloso, Vincent C., 'Liberals, Electoral Reform, and the Popular Vote in Mid-Nineteenth-Century Peru'. Peloso, Vincent C. y Tenenbaum, Barbara A., eds., Liberals, Politics & Power. State Formation in Nineteenth-Century Latin America (Athens, The University of Georgia Press, 1996), pp.194-195.
4. Sabato, Hilda, 'Elecciones y prácticas electorales en Buenos Aires, 1860-1880. ¿Sufragio universal sin ciudadanía política?' Annino, Antonio, ed., Historia de las elecciones en Iberoamérica, siglo XIX (Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1995), p.120.
5. Annino, Historia de las elecciones, p.7.
6. Salazar, Orlando, El apogeo de la república liberal en Costa Rica 1870-1914 (San José, Editorial Universidad de Costa Rica, 1990), pp.101 y 286-287.
7. Guerra, François-Xavier, 'The Spanish-American Tradition of Representation and its European Roots'. Journal of Latin American Studies. 26:1 (February, 1994), pp.1-35.
8. Rodríguez, Mario, El experimento de Cádiz en Centroamérica (México, Fondo de Cultura Económica, 1978).
9. Silva, Margarita, 'Las fiestas cívico-electorales en San José y el reconocimiento de la autoridad de los elegidos (1821-1870)'. Revista de Historia. San José, No. 27 (enero-junio de 1993), pp.31-50.
10. Obregón Loría, Rafael, Hechos militares y políticos ( Alajuela, Museo Histórico Cultural Juan Santamaría, 1981), pp. 15-97. Costa Rica se convirtió en República hasta 1848. Su primer presidente, José María Castro, ascendió al poder en 1847 en calidad de jefe de Estado.
11. Este párrafo y los siguientes se basan en: González, Víquez, Cleto, Obras históricas, 2da. edición (San José, Departamento de Publicaciones de la Universidad de Costa Rica, 1973), pp.15-316.
12. Oficial, 'Constitución Política'. Colección de las leyes, decretos y órdenes año de 1871, t. XX (San José, Imprenta La Paz, 1874), pp.173 y 180.
13. Oficial, 'Constitucion Política', p. 181.
14. Silva, 'Las fiestas cívico-electorales en San José'.
15. Vargas, Hugo, 'Procesos electorales y luchas de poder en Costa Rica. Estudio sobre el origen de) sistema de partidos (1821-1902)' (Tesis de Licenciatura en Historia, Universidad de Costa Rica, 1996).
16. Obregon Loría, Rafael, El poder legislativo en Costa Rica, 2da. edición (San José, Asamblea Legislativa, 1995), pp.283-361.
17. Araya Pochet, Carlos y Albarracín, Priscilla, Historia del régimen municipal en Costa Rica (San José, EUNED, 1986), pp.69-70.
18. Para una discusión sobre los eventos de 1889, véase: Molina, Iván, 'El 89 de Costa Rica: otra interpretación del levantamiento del 7 de noviembre'. Revista de Historia. San José, No. 20 (julio-diciembre de 1989), pp.175-192.
19. Salazar, Orlando y Jorge Mario, Los partidos políticos en Costa Rica (San José, EUNED, 1992), pp. 12-32. El Congreso se renovaba por mitad cada dos años, pero en estos comicios solo votaban los electores de segundo grado.
20. Palmer, Steven, 'Adiós laissez-faire: la política social en Costa Rica (1880-1940)'. Revista de Historia de América. México, No. 124 (enero-junio de 1999), pp.99-117.
21. La Gaceta, 19 de noviembre de 1897, p.329.
22. Molina, Iván y Lehouq, Fabrice, 'Estadísticas electorales de Costa Rica (1897-1948). Una contribución documental (en prensa).
23. Oficial, Resúmenes estadísticos (San José, Tipografía Nacional, 1895), p.86.
24. Oficial, Censo general de la República de Costa Rica. 1892 (San José, Tipografía Nacional, 1893), pp.1-1i.
25. Alonso, Paula, 'Politics and Election in Buenos Aires, 1890-1898: The Performance of the Radical Party'. En: Journal of Latin American Studies. Vol. 25, No. 3 (October, 1993), p.474.
26. Blewett, Neal., 'The Franchise in the United Kingdom 1885-1918'. Past and Present. No. 32 (December, 1965), p.31.
27. La población afrocaribeña y anglófona que se consolidó en Limon en las primeras décadas del siglo XX sólo adquirió su derecho al voto en 1949; sin embargo, es necesario un estudio más detallado para determinar cuán extendida estuvo su exclusión electoral antes de ese año, y el grado en que la misma obedeció a razones de nacionalidad o etnicidad.
28. Steven Palmer, 'Racismo intelectual en Costa Rica y Guatemala, 1870-1920'. Mesoamérica. Vol. 17, No. 31 (junio de 1996), pp.99-121.
29. Masferrer, Alberto, 'En Costa Rica'. Hombres, ciudades, paisajes, t. II (San Salvador, Universidad Autónoma de El Salvador, 1949), p.295. Tiquicia se deriva de 'tico', apodo con el que los costarricenses gustan designarse.
30. Molina, Iván y Lehoucq, Fabrice, Urnas de lo inesperado. Fraude electoral y lucha político en Costa Rica (1901-1948) (San José, Editorial Universidad de Costa Rica, 1999).
31. 'Nuestra ley electoral'. El Foro. San José, 15 de noviembre de 1913, p.266.
32. 'Nuestra ley electoral', pp.266-267.
33. Palmer, Steven, 'Sociedad anonima, cultura oficial: inventando la nación en Costa Rica (1848-1900)'. Molina, Iván y Palmer, Steven, Héroes al gusto y libros de moda. Sociedad y cambio cultural en Costa Rica (1750/1900) (San José, PMS y Editorial Porvenir, 1992), pp.169-205.
34. Ovares, Erick, 'Práctice política en Costa Rica: 1889-1924. Cooptación, penetración ideológica y cultura política' (Tesis de Licenciatura en Historia, Universidad Nacional, 1997), pp.124-172.
35. Molina y Lehoucq, 'Estadisticas electorales'.
36. La Gaceta, 10 de diciembre de 1913, pp.782-783.
37. Alonso, 'Politics and Election in Buenos Aires', p.475.
38. Blewett, "The Franchise in the United Kingdom 1885-1918', pp.27-56.
39. Ochoa, Enrique C., 'The Rapid Expansion of Voter Participation in Latin America: Presidential Elections, 1845-1986'. Wilkie, James E. y Lorey, David., eds., Statistical Abstract of Latin America. No. 25 (Los Angeles, UCLA, 1987), p.900.
40. Para un análisis más amplio, véase: Lehoucq, Fabrice y Molina, Iván, Stuffing the Ballot Box: Fraud, Electoral Reform and Democratization in Costa Rica (Cambridge, Cambridge University Press en prensa), cap.1.
41. Román, Ana Cecilia, Las finanzas públicas de Costa Rica: metodología y fuentes (1870-1948) (San José, CIHAC, 1995), pp.57-64. Gónzalez, Olger, 'Análisis histórico de la evolución burocrática en las distintas carteras gubernamentales de Costa Rica, con énfasis en los sectores de Instrucción Pública y Guerra y Marina (militar) 1871-1919' (Tesis de Licenciatura en Historia, Universidad de Costa Rica, 1980), cuadro 4. El gasto social en la Costa Rica del període 1902-1916, excluidas las obras públicas, ascendía a 16,5 por ciento, casi el doble de las cifras mexicanas en los últimos años del porfiriato. Wilkie, James, The Mexican Revolution: Federal Expenditure and Social Change since 1910 (Berkeley, University of California Press, 1970), p.158.
42. Salazar, El apogeo de la república liberal, pp.93,139 y 182-183.
43. Oficial, Censo depoblación de Costa Rica. 1950,2da. edición (San José, Dirección General de Estadística y Censos, 1975), pp.296-299. Para calcular la proporción de propietarios, surnamos los porcentajes correspondientes a patronos y a trabajadores por cuenta propia. Esta última categoría incluía sobre todo a campesinos, artesanos y comerciantes al por menor.
44. Oficial, Censo general de la República de Costa Rica. 1892, pp.cvi-cix.
45. Oficial, 'Ley de elecciones'. Colección de las disposiciones legislativas y administrativas emitidas en el año 1893 (San José, Tipografía Nacional, 1893), p.339.
46. Molina, Iván, 'Base de datos de los electores costarricenses de segundo grado: 1897-1909' (San José, inédito).
47. Stone, Samuel, La dinastía de los conquistadores, 3a. edición (San José, EDUCA, 1982), pp.106-107.
48. Salazar, El apogeo de la república liberal, pp.180,186 y 214.
49. Stone, La dinastía de los conquistadores, p.222.
50. Hernandez, Hermógenes, Costa Rica: evolución territorial y principales censos de pobtación 1502-1984 (San José, EUNED, 1985), p.173.
51. La Gaceta, 10 de mayo de 1910, p.404. El paréntesis es mío. Se conserva la ortografía original.
52. Peloso y Tenenbaum, Liberals, Politics & Power. Posada-Carbó, Eduardo, éd., Elections Before Democracy: The History of Elections in Europe and Latin America (London, Macmillan Press, 1996); Annino, Historia de las elecciones en Iberoamérica.
53. Sabato, 'Elecciones y práctices electorales'. Graham, Patronage and Politics.
54. Hartlyn y Valenzuela, 'Democracy in Latin America since 1930', pp.4 y 36.
55. Con respecto a los datos uruguayos, véase: Ochoa, 'The Rapid Expansion', p.896.
56. Hartlyn y Valenzuela, 'Democracy in Latin America since 1930', p.9.
Iván Molina es Profesor de la Escuela de Historia de la Universidad de Costa Rica. Actualmente realiza una investigación sobre el desempeño electoral del Partido Comunista costarricense entre 1931 y 1948. Su última publicación la escribió junto con el politólogo estadounidense Fabrice Lehoucq (CIPEC-Indiana University, USA) y se titula 'Political Competition and Electoral Fraud: A Latin American Case Study', Journal of Interdisciplinary History. XXX:2 (Autumn, 1999) pp. 199-234. Hay traducción al español en Revista Mexicana de Sociología, Vol. 61, No. 3 (1999), pp. 103-137. <[email protected]>
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