CONSIDERACIONES ACERCA DE LA ADMINISTRACIÓN MILITAR Y LA REQUISA EN EL CAMPO CARLISTA DURANTE LA PRIMERA GUERRA/REFLECTIONS ON THE MILITARY ADMINISTRATION AND REQUISITION IN THE CARLISTA DOMAIN WITHIN THE FIRST WAR

Abstract

Since man wield a weapon for war, requisition appears as a closely connected and linked to the same figure. Used by all people, whether under the name of requisition, plunder or loot, his practice has been collected from multiple manuscripts and treated since ancient times. This study analyzed the effect and regulation of the requisition in the current rules, makes an approach to this legal concept in the field of management during the first Carlista War (1833-1840), confirming, given the need for material resources and personal with whom I had to live along the race the Carlista army, the need for the administration, both civil and how military, to go to any means to meet their needs, including with extraordinary requisition was the which was a source of endless complaints from the population on which it was settled, I will be reaching such unsustainable charges for its inhabitants.

Headnote

Resumen: Desde que el hombre empuño un arma para hacer la guerra, la requisa aparece como una figura íntimamente unida y vinculada a la misma. Empleada por todos los pueblos, ya sea con el nombre de requisa, saqueo o botín, su práctica ha sido recogida en múltiples manuscritos y tratados desde antiguo. El presente trabajo analizada la vigencia y regulación de la requisa en la normativa actual, hace una aproximación a esta figura jurídica en el ámbito de la Administración carlista durante la primera guerra (1833-1840). Se constata así la necesidad de recursos materiales y personales con los que tuvo que convivir a lo largo de la contienda el Ejército carlista y la necesidad de la Administración, tanto civil y cómo militar, de acudir a cualquier medio para cubrir sus necesidades. Entre estos medios se encontraba la requisa, que fue motivo de un sin fin de quejas entre la población, llegando a resultar tales exacciones insostenibles para sus moradores.

Palabra clave: carlismo, requisa, administración militar.

Abstract: Since man wield a weapon for war, requisition appears as a closely connected and linked to the same figure. Used by all people, whether under the name of requisition, plunder or loot, his practice has been collected from multiple manuscripts and treated since ancient times. This study analyzed the effect and regulation of the requisition in the current rules, makes an approach to this legal concept in the field of management during the first Carlista War (1833-1840), confirming, given the need for material resources and personal with whom I had to live along the race the Carlista army, the need for the administration, both civil and how military, to go to any means to meet their needs, including with extraordinary requisition was the which was a source of endless complaints from the population on which it was settled, I will be reaching such unsustainable charges for its inhabitants.

Keywords: carlismo, requisition, military administration.

Recepción original: 24/06/2014

Aceptación original: 21/07/2014

Sumario: I. La requisa militar. I.1. Antecedentes históricos. 1: A. Concepto y notas distintivas. II. La financiación extraordinaria en el campo carlista. II.1 Organización administrativa. 1: A La Administración militar y la requisa. III. Conclusión.

I. LA REQUISA MILITAR

I.1. Antecedentes históricos

Desde que el hombre empuño un arma para hacer la guerra, la requisa militar aparece como una figura íntimamente unida y vinculada a la misma, consistente, de manera genérica, en apropiarse de los bienes que precisa un ejército para satisfacer sus necesidades sobre el terreno, con indemnización o sin ella.

Esta práctica, empleada por todos los pueblos, ya sea con el nombre de requisa, saqueo o botín, aparece recogida en manuscritos y tratados desde antiguo. Así, en las Sagradas Escrituras1, al describir la venganza llevada a cabo por los israelitas contra los madonitas, puede leerse:

«... Presentaron batalla a Madián, como el Señor había mandado a Moisés, y mataron a todos los varones [...] Hicieron cautivos a las mujeres y niños de Madián y saquearon sus bestias, su ganado y sus riquezas...».

Por su parte, los macedonios sólo acudían a la requisa como último recurso, ya que las raciones eran compradas por los soldados a los mercaderes que acompañaban al Ejército. En cambio los griegos si practicaban el saqueo por el Ejército, mientras que Roma acudió a la requisa, al exigir sus legiones en los territorios ocupados tributos de guerra, alojamiento y trigo.

Los visigodos acudirían a la requisa sólo en caso de necesidad, mostrando un claro rechazo a toda acción de saqueo, al fijar penas para sus autores, como queda recogido en el Liber Iudiciorum al prescribir:

«... Ningun omne non guerree cosa aiena mientra el señor es en la hueste, é si algun omne entrar por fuerza la casa, que pudier venzer por iuizia, non leyendo el señor de la casa en la tierra, entregue la cosa que forzó en duplo...».

Igualmente, en al-Andalus fue práctica habitual la requisa, el saqueo o el botín durante toda la reconquista, sirviendo de muestra las palabras del cronista Ibn al-Kardabús2, cuando en relación a Almanzor señala:

«... Dios concedió la victoria a su brazo, pues conquistó Barcelona y mató a su rey Borrel, la destruyó y cautivó a sus gentes, y se llevó de ella como botín una gran presa de esclavos, siervos, riquezas, armas, vestidos y bestias, volviendo a Córdoba incólume, ganancioso y triunfante...».

Por otro lado, su regulación fue recogida en los fueros medievales, como lo acredita que ya en el Fuero de Najera, (obra en su mayor parte debida a Sancho el Mayor de Navarra y a su hijo García, aunque también introdujeron disposiciones Alfonso VI de Castilla en 1076 y Alfonso VII el Emperador en 1136), 3 se prohibía tanto facilitar acémilas a las huestes extrañas, cómo también eximía pagar «fonsadera»4 a quienes las facilitaban a las huestes propias. Asimismo, fijaba la obligación de dar alojamiento a las fuerzas propias. Circunstancia, ésta última, también recogida en el Fuero de Toledo, confirmado por Alfonso VII, en 1155.

Asimismo, el Fuero Viejo de Castilla, hace referencia a la requisa de «conducho», al establecer la entrega de alimentos que los hombres de behetría debían hacer a los diviseros. Dicha obligación iba acompañada de otras prestaciones, cómo era la cesión temporal de ropas y el alojamiento o posada.

Las Partidas (II, I, 2), igualmente, al hablar de los «Emperadores, reyes y grandes señores», regula cómo los emperadores tienen poder sobre su gente para: «... tomar de ellos yantares y tributo y censo...».

También el título XXIII de la Partida II, regula lo relativo a «De la guerra y de las cosas necesarias que pertenecen a ella», en la que describe la doble naturaleza de la guerra y la define cómo:

«... extrañamiento de paz, y movimiento de las cosas quietas y destrucción de las compuestas; y aun dijeron que guerra es cosa de la que se levanta muerte y cautiverio a los hombres y daño y pérdida, y destrucción de las cosas...».

Y la Partida VII, XIII, 1, regula la rapiña cómo:

«... el robo que los hombres hacen en las cosas ajenas que son muebles [...] la primera es la que hacen los almogávares y los cabalgadores en tiempo de guerra en las cosa de los enemigos de la fe...»

Por su parte Las Leyes de Toro (XXV), se refieren a la requisa de alojamientos para «Chancilleres y Oidores y Oficiales de la nuestra Casa y Corte y Chancillerias».

En la Edad Moderna, las Ordenanzas de los Intendentes de Felipe V, de 1718, y las Ordenanzas militares de Carlos III, de 1768, habilitaban a los intendentes para llevar a cabo las requisiciones.

No obstante, será tras la Revolución francesa, al consagrar el derecho de propiedad con un carácter absoluto, cuando se regule la requisa, fijando límites a su ejercicio y condiciones y establecerse el derecho de los propietarios a reclamar indemnización por los bienes requisados. Así, por ejemplo, el artículo 882, del Reglamento para el servicio de Campaña de 5 de enero de 1882, dispuso que:

«... el conquistador por los medios de contribución o requisición se proveerá de víveres, caballos, carros y de cuanto necesite y no traiga consigo, entregando siempre bonos, recibos o documentos que den derecho a los propietarios a reclamar la indemnización del Gobierno de su país...»

Carácter absoluto del derecho de propiedad que ha ido matizándose en las legislaciones modernas, en la medida que puede ser objeto de restricciones [administrativas (secuestro), desmembrarse (caso de estar afectado por un derecho de usufructo o una servidumbre) o desprivatizarse (expropiación forzosa o requisa)] en determinadas condiciones contempladas legalmente.

I.1: A. Concepto y notas distintivas

Hoy en día, la requisa militar se configura como un derecho del Estado, que aunque de carácter excepcional, se ejerce para satisfacer necesidades sobrevenidas e urgentes de la guerra, cuando no es posible atenderlas por otra vía.

En sentido estricto y siguiendo a Garrido Falla,5 constituyen notas distintivas y características de la requisa, la transferencia de la propiedad privada a la Administración o a otro beneficiario del uso de una cosa (toda vez que si se trata de una cosa fungible, estaríamos ante una transferencia coactiva), pudiendo extenderse a todo tipo de bienes y derechos que permitan atender la situación de emergencia;6 precisa igualmente que se siga el procedimiento legalmente determinado; y finalmente exige que la valoración y pago se produzcan a posteriori al hecho causante, concretado en una indemnización por daños causados.7

Una concepción amplia de la requisa permitiría la disposición coactiva de personas y bienes, concepto éste que fue recogido por el artículo 1 del reglamento de 13 de enero de 1921 para la apreciación de la ley de 29 de junio de 1918 sobre requisas militares, al establecer:

«El Derecho de requisición es el que faculta al Estado para disponer de las personas y sus bienes, en ocasión de guerra y en determinadas circunstancias de la paz».

En este sentido, García de Enterría,8 defensor de una postura amplia, considera la requisa como una expropiación de carácter no formal, justificada por la concurrencia de un estado de necesidad inmediato, si bien la urgencia que implícitamente conlleva esta figura, tan sólo justificaría la simplificación del procedimiento o una discrecionalidad en cuanto al mismo, sin alterar el concepto de requisa, como sostiene Villar Palasi.9

II. LA FINANCIACIÓN EXTRAORDINARIA EN EL CAMPO CARLISTA

II.1. Organización administrativa

El carlismo «encontró enormes dificultades para configurar su propio Estado»,10 debido en gran medida a que nunca ejerció un dominio pleno sobre un territorio uniforme, así cómo por la debilidad económica que imperó en dicho bando a lo largo de toda la contienda. No obstante y a pesar de ello, trató de dotarse de organismos que perfilasen la necesaria estructura administrativa, tomando como modelo las instituciones del reinado de Fernando VII, es decir, con sus Secretarias de Estado y de Despacho, y donde la figura del rey ostentaba todo el poder.

Una vez iniciada la guerra, con la autoproclamación en Abrantes de don Carlos, como rey de España, el 1 de octubre de 1833, y una vez que las fuerzas carlistas pasaron a controlar parte del territorio del norte de España, se vieron en la necesidad de construir desde la nada una organización estatal a todos los niveles, en cuya cima se encontraba la figura del rey, que educado en el ambiente del Antiguo Régimen,11 configuraría el gobierno, pues «sólo el Rey es el gobierno»,12 y se asentaba, desde el punto de vista legislativo, «en la Novísima Recopilación, las disposiciones de Fernando VII dictadas en el periodo no constitucional y en el respeto a las libertades forales». 13

Bajo tales principios, en un primer momento la organización administrativa carlista intentó articular una política territorial en dos niveles: primero el del Estado central, cuyos pasos iniciales fueron dados por don Carlos en el exilio portugués, al nombrar como Ministro Universal al Obispo Abarca y adoptar como modelo las Instituciones del reinado anterior y por otro lado, en segundo nivel, se encontraban las instituciones políticas regionales, Juntas y Diputaciones, toda vez que en el País Vasco y Navarra se mantenían muy vivas debido a su tradición foral.

II.1: A. La Administración militar y la requisa

Dicha organización, desde un punto de vista estrictamente económico, precisaba de una adecuada financiación, a fin de poder hacer frente al mantenimiento de la guerra y de su Ejército.14

Iniciada la guerra y durante 1834 la situación del Ejército carlista hay que calificarla de autentica necesidad, debido, en buena medida, a la escasez de caudales públicos y a la inexistencia de una Administración civil y militar capaz de dotarle de lo mínimo imprescindible para su adecuada operatividad: vituallas, armas, municiones y demás pertrechos.

Resulta esclarecedor a este respecto, la descripción que en escrito de fecha 28 de noviembre de 1837, realizó la Junta carlista del Principado en la representación que efectuó a don Carlos y referida a los primeros compases de la guerra:15

«... Luego que á principios de octubre de 1833 empezó á divulgarse el fallecimiento del Augusto Hermano de V. M. (Q. E. P. D.) se oyó en Cataluña el terrible grito de alarma entre vuestros fieles vasallos, y siguiendo las inspiraciones de su celo, muchisimos abandonaron sus familias, sus bienes y su reposo, se sometieron á un gefe que les habia podido reunir, y juraron defender la gran causa del Altar y del Trono, sin otras armas que su ardimiento sin otros conocimientos militares que el instinto conservado de su ecsistencia; ni mas recursos que Dios y el Rey en su corazón. Los infelices carecian de todos los elementos de vida, eran atrozmente perseguidos en cualesquiera direcciones por varias columnas de tropa veterana y de caníbales feroces del gobierno revolucionario usurpador; los bosques habían de ser su morada día y noche porque las plazas fuertes y otra gran multitud de puntos fortificados, les impedían el acceso á otros mas pequeños y abiertos: la desnudez, la miseria y el hambre, acibaraban sus pocos ratos de descanso porque no tenían ausiliador, y la urgencia de ocurrir á tantas necesidades impuso á los Comandantes el penoso cargo de buscar por la fuerza si no bastaba la persuasión, los medios de socorrer á tan dignos atletas, siendo ellos mismos los Recaudadores, los Tesoreros y los distribuidores de los fondos recogidos...».

Lo anterior, unido al hecho de que las fuerzas iban aumentando día a día, hizo que sus necesidades se acrecentaran progresivamente, de modo que los comandantes de cada unidad obraban de forma absoluta e independiente en cuanto a la exacción de contribuciones y requisa de bienes se refería.

En un principio, se pensó que tales inconvenientes quedarían solucionados con la llegada de don Carlos a España, si bien su llegada tan sólo reportó el socorro de su autoridad,16 siendo las medidas adoptadas por el general Zumalacárregui las que conseguirían minimizar dichas carencias al organizar una junta económico-política, con la misión de proceder a la recaudación y acopio de subsistencias, armamento y vestuario, así como para ocuparse de todo lo necesario con objeto de realizar la fundición de cañones y proyectiles. De esta forma no dudo en convertir en talleres a pueblos enteros.17

Las Juntas, procuraron asistir a las tropas por todos los medios que estuvieron a su alcance, mientras que las Diputaciones asumieron la exigibilidad de tributos a la industria y al comercio.18

A este respecto, tal como narra Zaratiegui,19 los medios con que se contó para asistir a las tropas fueron:

«... 1.° del producto de las aduanas establecidas sobre ciertos puntos de la frontera francesa, el que por un término medio se podía calcular en ocho mil duros mensuales; 2.° de una contribución impuesta sobre el clero inferior de Navarra, que se pagaba por trimestres, importando en cada uno de ellos como unos diez mil duros; suma que jamás pudo hacerse efectiva por completo a causa de la pobreza de algunos eclesiásticos, pues sólo gravitaba la imposición sobre los de los pueblos accesibles a los carlistas; y 3.° de los frutos que se recogían pertenecientes al gobierno, a prebendados y a títulos; recursos todos de corta consideración en Navarra...».

Por su parte, Sanz y Baeza,20 describe cómo la Junta de Navarra con la llegada del pretendiente:

«... no se había ocupado solamente de procurar socorro al ejército y de governar los pueblos, sino que además tuvo que instruir o informar la multitud de expedientes que el gobierno le mandaba, ya fuesen sobre exenciones del servicio personal ya sobre pensiones y viudedades de familias cuyos causantes hubieran muerto, ya de algunos prestamos forzados, ya en fin de otros asuntos que las circunstancias produjeran...».

Esta forma de proceder, dio lugar a que dichos órganos se vieran en la necesidad de tener que requerir a los pueblos contribuciones,21 tanto en metálico como en especie, que ante la imposibilidad de poder atenderlas, no sólo originó que recibiesen un sin fin de quejas, sino que tal forma de proceder resultaría insostenible, ya que, al mismo tiempo, los liberales exigían también suministros a los mismos pueblos, dándoles el carácter de sanción, al considerar que se habían alzado en armas contra el gobierno central.22 A este respecto, es ilustrativo, como apunta Bullón de Mendoza,23 el oficio que dirigió el general Quesada, general en jefe del Ejército del Norte, a los ayuntamientos:

«... que todas las cantidades que facilitasen al enemigo no les serían tenidas en cuenta, y deberían proporcionárselas de nuevo al ejército de la Reina. Los pueblos que diesen raciones a los realistas sin encontrarse en un radio de tres leguas de la zona por ellos ocupada deberían pagar por cada una de ellas dos reales destinados al servicio de las tropas cristinas...».

Es decir, se evidencia cómo la Administración civil y militar tenía necesidad de acudir a cualquier medio para la obtención de recursos, entre los que con un carácter extraordinario se encontraba la requisa.

A pesar de ello, fue una constante en el proceder de la Hacienda carlista el tratar de dotar de cierto orden y justicia la exacción de impuestos y demás recursos, como lo evidencia el plan de Hacienda que debía observarse en campaña24, al prever:

«... la adquisición de recursos, el orden de una buena u justa administración, al paso que sagaz y prevista cuanto capaz de cubrir las infini - tas obligaciones de un Ejército, molestando á los pueblos en lo menos posible, debe de formar otra de las primeras atenciones de tan patriotica corporación, si ha de corresponder dignamente á la confianza con que el Rey N. S. ha querido distinguirla. [...] Es preciso convenir en que la economia en la administración de los Reales intereses, el orden y la justicia en la exacción de los impuestos centuplica los recursos de que se puede echar mano, al paso que se gana la opinión, y la benevolencia del pais cooperando asi de un modo indirecto á su ocupación y dominio, y al contento del soldado...».

Asimismo, se pretendía con el citado plan causar el mayor daño posible al enemigo, al mismo tiempo que se quería dejar una imagen benévola de don Carlos, al pretender:

«... inutilizar en lo posible los recursos del enemigo, aumentando los nuestros, hacer odioso el gobierno de la revolución inspirando amabilidad é interés por el del Rey N. S...».

En cuanto a la exigibilidad de los recursos en los pueblos y villas ocupadas por el Ejército carlista, lo primero que se hacia, una vez llegaban las tropas a una población, era proceder a averiguar los bienes y rentas de los que se podía disponer, conforme a las disposiciones contenidas en la instrucción provisional de 22 de diciembre de 183725, al señalar:

«... No se omitirá diligencia alguna para la mayor recaudación, y a este fin se enterarán de los Alcaldes y Secretarios de Ayuntamiento si el Pueblo tiene más contribución y arbitrios que los espresados en esta instrucción y nota adjunta.

Procuraran enterarse que fincas, bienes y rentas poseen los urbanos que haya de los pueblos a la entrada de las tropas Reales y los desafectos al Rey. N. S., y con este conocimiento el Jefe de la Hacienda dispondrá su venta, poniendo en Administración los de que no pueda conseguirse. Además se exigirá de sus administradores o arrendadores las existencias que tengan tanto en granos y otros frutos como en metálico...».

Asimismo,

«... Por medio de los SS. curas párrocos y escribanos, se enterarán de cuanto se adeuda en los Pueblos por el cinco por ciento de rentas y oficios enajenados de la Corona; derechos de sucesiones, de vinculos, mayorazgos y patronatos, y sobre las herencias, mejoras y legados impues - tos por Reales Decretos de 31 de diciembre de 1829, y si hubiesen vencido los plazos que se conceden a los herederos para pagarlos, el jefe de la Hacienda dispondrá que los satisfagan inmediatamente...».

Una vez conocidos los bienes de que se podía disponer, los integrantes de la Hacienda civil y militar, tenían como primera y más preferente atribución y obligación:

«... la de que no falte el suministro a las tropas. Con este objeto debe tomar disposiciones que ofrezcan el resultado y valerse hasta de medidas extraordinarias poniendo todo su cuidado en que las exacciones se verifiquen con igualdad y proporción a los pueblos; y en las operaciones militares ocasionen que algunos entreguen más de los que le corresponde lo pondrá en conocimiento de la junta para que sean reintegrados en los pedidos sucesivos por medio de compensación o como sea más conveniente...».

Seguida de todo lo relativo al suministro de vestuario, equipo y municiones, para lo cual se hacia necesario:

«... nombrar un comisario de guerra para cada dos mil hombres, el guardalmacén y número de factores, mozos y contadores necesarios encargándose el comisario de los pedidos de suministro a los pueblos, los factores de hacerlos efectivos y los mozos para suceder a estos en caso de enfermedad o ausencia y ayudándoles en las instrucciones. De este modo aún cuando algún batallón obre por sí separadamente lleva un factor que responderá de las raciones exigidas y su inversión...».

Consecuente con lo anterior, si los individuos del Ejército valiéndose de la fuerza de las armas hiciesen exacción de raciones en pueblos no designados como almacén o etapa, la justicia debía dar parte a la Diputación, con inclusión de recibo pertinente, al objeto de que posteriormente pudiese procederse a su abono.26

Por otra parte, resultan reseñables las requisiciones a las que fueron sometidos todos los desafectos a don Carlos, en cuanto que por el sólo hecho de serlo se les confiscaban:

«... todos los caudales, granos y efectos existentes en las casas, oficinas y almacenes de todos los sujetos que por notoriamente desafectos al Rey N. S. se hubiesen fugado con los enemigos, vendiendo los granos y efectos ó dandolos el destino que la Real Junta disponga...».27

III. CONCLUSIÓN

A lo largo de la contienda las poblaciones encontraban su oponente no sólo en los ejércitos, sino también en todas las tropas irregulares de uno y otro bando, quienes por imperativo de la guerra tenían necesidad de vivir sobre el terreno que pisaban, imponiendo a sus habitantes pesadas cargas económicas o materiales difíciles de indemnizar, llegado el caso.

A lo anterior, se unía la movilización forzosa de hombres realizada por parte de las tropas que ocupaban las poblaciones, lo que origino muchos conflictos y deserciones, de tal modo que se establecieron castigos contra las familias, los vecinos que les auxiliaban o contra las autoridades que no les delataban.

No obstante, más allá de estas consideraciones generales, no cabe duda, que la requisa militar en tiempo de guerra genera un importante coste, tanto político como social, en la medida que el Ejército, sea de uno u otro bando, experimenta un desprestigio que resulta proporcional a los daños que causa en bienes y personas.

Asimismo, las múltiples guerrillas que se formaron, como complemento de la lucha armada, produjeron un considerable desarraigo en sus componentes, al desligarse no sólo de sus pueblos y trabajos habituales, sino también, por el hecho de acostumbrarse a vivir a costa de las poblaciones por las que pasaban.

Footnote

1 Números 31, 7-42.

2 CASTRO HERNÁNDEZ, Pablo, «Algunas consideraciones en torno al rol del califa en al-Andalus y su papel en la defensa del Islam (as. X-XI)», en Revista de Historias del Orbis Terrarum, www.Orbisterrarum.cl

3 GAUTIER DALCHE, J., Historia Urbana de León y Castilla en la Edad Media (Siglos IX-XIII), Madrid, 1979, págs. 177-183.

4 Impuesto cuyo objeto era cubrir las necesidades de la guerra. También tenía la consideración de multa en caso de incumplir las obligaciones de acudir a la «hueste».

5 GARRIDO FALLA, Fernando, Tratado de Derecho Administrativo, volumen II, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1979, págs. 294-298.

6 Artículo 101, de la LEF: «En tiempo de guerra y en caso de movilización total o parcial que no sea para maniobras, las autoridades militares podrán utilizar, previa requisa, toda clase de bienes muebles, inmuebles, derechos, empresas, industrias, alojamientos, prestaciones personales y, en general, todo cuanto sirva directa o indirectamente a los fines militares». la expresión «podrán utilizar», lo que permite descartar la idea de una transferencia coactiva.

Artículo 102.1, de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa (BOE núm. 351 de 17 de diciembre de 1954), (en adelante LEF): «Fuera de los casos previstos en el artículo anterior, únicamente podrán ser objeto de requisa: los alojamientos para personal, ganado y material; las relaciones de pan y pienso, así como el combustible y el alumbrado, el alojamiento y cuanto sea necesario para la asistencia a enfermos o heridos; los medios terrestres, marítimos o aéreos para locomoción o transporte de personal, ganado o material de los ejércitos a sus servicios».

7 Artículo 105, de la LEF:»Toda prestación por requisa da derecho a una indemnización por el importe del servicio prestado, del valor objetivo de lo requisado o de los daños y desperfectos que por su causa se produzcan».

8 GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo, Los principios de la nueva Ley de Expropiación Forzosa, Madrid, 1956, pág. 90.

9 VILLAR PALASI, José Luis, «Justo precio y transferencias coactivas», en Revista de Administración Pública, núm. 18, 1955, págs. 11-72, 23.

10 RODRÍGUEZ DE CORO, Francisco, «La Edad Clásica del Carlismo (1833-1876)», en Los Carlistas 1800-1876, Fundación Sancho el Sabio, Besaide-Bilduma, Vitoria, 1991, págs. 80-83.

11 El carácter absolutista del Estado del Antiguo Régimen se explica desde el principio de la unidad de poder. El titular de la soberanía reúne en su persona todas las competencias del Estado (legislativa, ejecutiva y judicial), sin quedar sometido en el ejercicio del poder a límites constitucionales, ni quedar vinculado a las leyes positivas que emanan de la voluntad soberana, siempre que éstas, sean promulgadas según el procedimiento legalmente establecido.

12 FERRER, Magín, La cuestión dinástica, Revista La Esperanza, Madrid, 1869, pág. 55.

13 FERRER, Melchor, TEJERA Domingo y ACEDO José, Historia del Tradicionalismo Español, Ed. Trajano, Sevilla, t. XVIII, págs. 161-163; PÉREZ NÚÑEZ, Javier, «Las Diputaciones carlistas de Vizcaya durante el primer enfrentamiento civil (18331839)», en Revista de cultura e investigación vasca, núm. 6, 1996, págs. 81-116.

14 Tradicionalmente, los ingresos con los que la Hacienda contaba para atender las necesidades de la corona se basaban, sobre todo, en las rentas provinciales de Castilla (alcabalas, rentas, aduanas, rentas estancadas, etc.), los impuestos votados en Cortes (milicias, lanzas, etc.) y las llamadas gracias apostólicas (tributos a cargo de la iglesia, como el excusado, cruzada, etc.). A lo anterior, cómo ingresos de carácter extraordinario se acudía a préstamos o créditos a corto/largo plazo, que a cambio de altos intereses, permitían obtener recursos de manera líquida y rápida, así como a la deuda exterior o a la hoy equiparable deuda pública, la cual tuvo lugar durante el reinado de Carlos III, con los llamados «vales reales», que supusieron el primer papel moneda de nuestra historia La primera emisión tuvo lugar en 1780. Se emitieron a un interés del 4 por 100, eran endosables y el entonces Banco de San Carlos (hoy Banco de España), se encargaba de descontarlos cuando su portador quería convertirlos en dinero.

15 INSTITUTO DE HISTORIA Y CULTURA MILITAR, Representación de la Junta carlista del Principado ante D. Carlos, de 28 de noviembre de 1837, (Sección 2.°, 4.a División, Operaciones de Campaña, Guerras Carlistas, legajo 61 (1833-1838), carpeta 12; Expediente relativo a las desavenencias de la Junta de Cataluña con el general Urbiztondo, y a la situación del Principado).

16 ZARATIEGUI, Juan Antonio, Vida y hechos de D. Tomás de Zumalacárregui, San Sebastián, 1946, pág. 206.

17 ARIZAGA, Memoria militar y política sobre la guerra de Navarra, los fusilamientos de Estella y principales acontecimientos, 1840, págs. 7-8; MADRAZO, Francisco de Paula, Historia militar y política de Zumalacárregui, Imprenta de la Sociedad de operarios del mismo arte, Madrid, 1844, págs. 118-122; esta forma de actuar recuerda la de las partidas guerrilleras durante la Guerra de la Independencia, ya que como pone de manifiesto TEIJEIRO DE LA ROSA en La Real Hacienda Militar de Fernando VII, 1995, pág. 95, Espoz y Mina en las tropas de Navarra y el Alto Aragón era quien, como jefe, se encargaba de dictar las normas, de las recaudaciones, pagaba a la tropa y a los proveedores, estableció fábricas de pólvora y municiones, llegando incluso a levantar hospitales.

18 LAMBARRI Y YANGUAS, Galería Militar de Intendencia. Armas y Letras, Mundilibro, S. A., Barcelona, 1993, t. II, pág. 117.

19 ZARATIEGUI, Vida y hechos de D. Tomás de Zumalacárregui, 1946, págs. 204-205.

20 SANZ Y BAEZA, Historia política y administrativa de la Junta carlista de Navarra (1833-1839), Museo del carlismo, signatura 003/001/01, pág. 156.

21 ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE GUIPÚZCOA (AGG), CA 130-2. Las contribuciones, rentas y ramos que en los pueblos libres del gobierno revolucionario debían recaudarse por cuenta de la Real Hacienda eran: «encabezamiento de rentas provinciales; contribución de utensilios ordinarios; utensilios extraordinarios; frutos civiles; sal, si algún pueblo continuase aún encavezado; aguardiente y licores; derecho de feria; arrendamiento de la renta de jabón; arrendamiento del diez por ciento de géneros extranjeros y bacalao; encabezamiento de penas de cámara; subsidio eclesiástico ordinario y extraordinario; anualidades y vacantes eclesiásticas; escusado; noveno; ferias reales; subsidio de comercio; sal, cuya administración o venta se halle encomendada a empleados; papel sellado y letras de cambio; pólvora; salitre; azufre; plomo en postas y perdigón; naipes; venta de correos; cantidades que en metálico existan en las administraciones de correos con destino a caminos; ídem las existencias que se hallasen con aplicación de milicias provinciales; venta de loterías; bulas; portazgos; cantidades que adeuden aún los pueblos por los doscientos millones o cualesquiera otra contribución impuesta por el gobierno revolucionario. Real de Orduña, 22 de diciembre de 1837.»

22 SANTOS ESCRIBANO, Francisco, «La financiación de la primera guerra carlista en la Ribera de Tudela (Navarra)», en Jerónimo de Uztariz, n.° 8, 1993, págs. 75-90. El mismo autor manifiesta en «La primera guerra carlistas en Navarra (1833-1839)», euskonews & media (2002/11/22-29), [email protected], que la apuntada circunstancia, provocó gravísimas consecuencias económicas a los pueblos, toda vez que los continuos pedidos les dejaba en la más absoluta de las ruinas; CASARES, Antonio de, Defensa que hace del ejército y pueblo vasconavarro, Imprenta de Maurin, Bayona, 1839, pág. 16, abunda en la cuestión al afirmar: «el pueblo de ordinario mantenía dos ejércitos y dos ejércitos donde había una abundante cosecha de ladrones....».

23 BULLÓN DE MENDOZA, La Primera Guerra Carlista, Madrid, 1992, pág. 254.

24 AGG, CA-188-1.

25 Con fecha 22 de diciembre de 1837, en el Real de Orduña, se dictó una Instrucción provisional, al objeto de que en aquellas provincias en las que no estuviese establecida una Junta creada por Soberano decreto o no alcanzase su autoridad y disposiciones, debía ser observada por los jefes de la Hacienda militar y demás funcionarios de ella, cuando tengan, al mismo tiempo, el carácter y atribuciones de los jefes, interventor y recaudador de la Hacienda civil, para la recaudación y distribución de los fondos que procedan de las contribuciones, rentas y ramos correspondientes a la Real Hacienda.

26 ARCHIVO GENERAL DE NAVARRA, Instrucciones que para el arreglo de los almacenes ha dispuesto la Diputación y que se remitirán impresos a los valles y villas de este Reino en cumplimiento de lo acordado en la Junta general celebrada hoy en esta ciudad. 31 de mayo de 1838 (AP-JG CARLISTAS L4/4 recto y ss).

27 AGG, CA 188-1.